HAY UNA EVIDENTE INTENCIÓN DESDE SECTORES OFICIALES POR OCULTAR LA GRAVE SITUACIÓN DE VIOLENCIA criminal en los estados orientales del país. Los casos de Caripito (Monagas) y San Juan de las Galdonas (Sucre) son llamados de atención sobre lo que allí sucede todos los días
@javiermayorca
El 9 de septiembre, un grupo de funcionarios ligados al alcalde del municipio Bolívar de Monagas, Nelson López, la emprendió a golpes contra dos hermanos que se trasladaban en moto, Hugo y Oswil Centeno.
Era el día de la Virgen del Valle, y en Caripito (donde ocurrió este incidente) había celebraciones. En ese contexto, Hugo Centeno tuvo un altercado con uno de los funcionarios cercanos al burgomaestre. Esta rencilla quedó latente, y los sujetos esperaron a que los hermanos circularan solos por las calles del pueblo.
Este segundo enfrentamiento también se ocurrió en la vía pública. La gente salió de sus casas para exigir que dejaran en paz a los hermanos. Pero los funcionarios los trasladaron en una camioneta hasta otro lugar, donde continuaron golpeándolos. Hugo Centeno no resistió.
En los días siguientes, la población indignada salió a las calles para exigir justicia. Los perpetradores intentaron simular un linchamiento a dos supuestos ladrones de celulares. Desde 2017, Monagas lleva la delantera en todo el país en lo referido a esta forma de “justicia popular”. Pero en este caso, hubo tantos testigos que la coartada no sirvió. Hubo que esperar dieciocho días para que ocurriesen las primeras detenciones. Fueron privados de libertad el director de Servicios Generales de la alcaldía Jean Kart Acosta; Jesús Amarista, director del Mercado Municipal y Patricia Wilson. Dos días después, fue aplicada la misma medida contra el alcalde Nelson López.
En el oficialismo local exigían “lealtad” hacia los funcionarios señalados de participar directamente en el homicidio y las lesiones gravísimas, respectivamente, a Hugo y Oswil Centeno.
¿Un alcalde y sus funcionarios ejecutando un homicidio y su posterior encubrimiento con la fachada de un linchamiento? Este caso era suficientemente grave como para que las autoridades en Caracas se pronunciaran. Pero en el imaginario del Fiscal General esto no pasó.
En el lapso en que se desarrollaban estas detenciones, y a unos ochenta kilómetros al noreste de Caripito, se desataba una batalla campal entre dos bandas que pugnaban por el control de un punto estratégico para la piratería marítima y para la salida de drogas hacia el Caribe oriental: San Juan de las Galdonas.
Según fuentes del Ministerio de Relaciones Interiores, por este conflicto entre bandas hubo un saldo final de cuatro muertos: tres de forma inmediata y uno reportado horas después. No hubo fallecidos por enfrentamientos con policías o militares, tradicionalmente conocidos como “resistencia a la autoridad”. Este dato es consistente con lo relatado por residentes de esa población, quienes afirmaron que la Guardia Nacional y el Sebin llegaron al lugar el miércoles 29 de septiembre, cuando los delincuentes ya no estaban allí. Los agentes registraron algunos inmuebles, y abandonaron el lugar.
El viernes, la banda de San Juan de Unare volvió para destruir lo que quedaba de las viviendas de los líderes del grupo rival, ante la vista aterrada del resto de la población. Luego, una compañía del Ejército tomó las calles.
En Caracas, sin embargo, el director de la policía judicial Douglas Rico aseguraba que lo de San Juan de las Galdonas fue más bien un escándalo formado a través de las redes sociales. El funcionario aprovechaba la evidente exageración de las informaciones iniciales (reproducidas por tuiteros desde el exterior) que señalaban un saldo de treinta fallecidos.
Estos dos casos, poco reportados en la capital del país, evidencian que el Gobierno perdió el control de la seguridad en el oriente del país. Un control que desde 2017 intentó ejercer exclusivamente a través de las tácticas de “mano dura”, a falta de instituciones que puedan impartir justicia y garantizar la paz. En el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, por ejemplo, han reportado 45 muertes a manos de policías este año, y 34 homicidios perpetrados por civiles. En otras palabras, en Puerto la Cruz y sus alrededores la “autoridad” mata más que las personas ajenas a estas instituciones. De hecho, las cifras generales indican que en todo Anzoátegui ya fue rebasado el registro de muertes en supuestos enfrentamientos que hubo para 2017.
Y aun así, la criminalidad en ese estado se mantiene en niveles similares a los del año pasado, con tendencia al alza.
En el estado Sucre, la matanza en San Juan de las Galdonas sumada a otras ocho muertes en apenas una semana, hizo que las cifras de homicidios para 2018 ya sean superiores a las de 2017, cuando faltan tres meses para finalizar el año. Otro tanto pasa en Nueva Esparta y en Monagas, donde las curvas de homicidios de 2018 y 2017 ya se cruzaron.
Es posible que a partir de ahora los jefes policiales comiencen a reportar nuevos casos de “efectividad” en la lucha contra el crimen, mediante la eliminación física de las bandas que operan en la península de Paria y en resto del oriente del país. Mientras tanto, lo ocurrido en el norte de Paria ha tenido un efecto expansivo. Los integrantes de las bandas y sus familiares se han dispersado. Algunos han aparecido en Carúpano.
Pero San Juan de las Galdonas, ubicada apenas a dos horas en lancha con respecto a Trinidad, resulta una plaza muy codiciada para el transporte de drogas. Poco a poco, el pueblo se vacía de ciudadanos, a pesar de las promesas de los militares de regalarles pescado y cajas Clap de Rio Caribe. Están seguros de que, cuando se vaya el Ejército –lo que sucederá tarde o temprano-, las bandas regresarán a recuperar el territorio.
Breves
*El último detenido del que se tenga noticia en el caso de los drones que estallaron el 4 de agosto en el centro de Caracas fue un técnico de sonido del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), Francisco Lusinchi Rondón, de 47 años de edad. Este hombre fue privado de libertad no por haber participado en este supuesto complot llamado Operación Fénix, sino por haber presumido a través de un chat de whatsapp de su proximidad con el Jefe del Estado. Al parecer, el contenido de uno de los mensajes fue delatado a la Casa Militar, y pocos días después el hombre era detenido por agentes de Contrainteligencia Militar. Ahora, debido a esa imprudencia, el nombre de este técnico figura en el expediente militar junto a los de los generales Pérez Gámez y Hernández da Costa.
*En la segunda semana de septiembre, el fiscal general designado por la Constituyente Tarek William Saab aseguró que había sido desmantelada una red de trata de personas luego de un allanamiento llevado a cabo por la Policía del estado Miranda en una quinta de Colinas del Tamanaco, justo cuando un grupo de hombres y mujeres llevaba a cabo un performance sexual, transmitido a través de internet. Las informaciones manejadas por la policía judicial indican que este grupo inicialmente operó en Mérida, pero sus integrantes tuvieron que moverse a Punto Fijo a finales de 2017 luego de un procedimiento de la Guardia Nacional en el que apresaron a doce personas en un hotel de la ciudad andina. Los miembros de esta red son usados para propaganda oficial de una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, pero lo cierto es que al poco tiempo quedan en libertad y continúan en el negocio, que consiste básicamente en la venta de contenidos sexuales a través de páginas web como Stripchat y Chaturbate. Tienen tanta demanda que algunas han debido moverse a Cúcuta y decir que son colombianas, pues así pueden desviar la atención de los cuerpos policiales.
*El 26 de septiembre, el juzgado séptimo de control del Area Metropolitana de Caracas ordenó la inmediata excarcelación de los funcionarios de la policía de Chacao Fred Armando Mavares y Reggie Jackson Andrade, quienes eran procesados por el homicidio del ex comandante de la Milicia, mayor general del Ejército Félix Velásquez, reportado en Santa Mónica en mayo de 2016. La detención de estos agentes fue utilizada como pretexto para que el Gobierno interviniese al cuerpo de seguridad municipal. Ya en agosto de 2016 un tribunal había ordenado excarcelar a Mavares y Andrade. No había pruebas para inculparlos. Pero los alguaciles ni siquiera podían entregar el oficio correspondiente en las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pues no les permitían el paso. Luego del motín en las celdas del Helicoide, en julio, los policías fueron trasladados a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros. Cuando se intentó transmitir (¡vía fax!) la nueva orden tribunalicia, en la cárcel decían que no había luz. Pero esto era una excusa para no dar cumplimiento al mandato. Al momento de la redacción de estas líneas, Mavares y Andrade continúan recluidos.
