DESDE QUE LA ECONOMÍA ADVIRTIÓ en la matemática el colaborador perfecto para resolver problemas de compensación entre factores de la producción que el análisis cualitativo no terminaba de dilucidar, la economía política adquirió fuerza conceptual y metodológica. Fue así como se convirtió en la razón que fundamenta, teóricamente, el mejoramiento de las relaciones sociales de producción. Por eso, la economía política, estudia las leyes que organizan la producción y la distribución de los bienes materiales en la sociedad mientras esté procurándose su desarrollo económico.

Sin embargo alrededor de las circunstancias que impulsan hechos y decisiones de gobierno, se dan importantes conflictos que, además de cercenar capacidades de desarrollo, hostigan condiciones de la economía que incitan conflictos de todo género. Y es así, como se fuerzan ámbitos o situaciones que, aunque se hallan determinadas por un mercado hegemonónico o un mercado regulador que paute el debido equilibrio entre la oferta y la demanda de manera consustanciada con el devenir de la política gubernamental, los reveses surgen por alguna lado para así descalabrar realidades ante los cuales la economía política no arroja respuestas o soluciones convincentes o consolidadas.

Es el caso, por ejemplo, de ambientes o contextos económicos asociados a determinaciones políticas y razones sociales frente a los cuales se sitúan pesadas influencias que, más allá de ordenar los correspondientes terrenos, provocan intensos problemas que incitan desigualdades y exclusiones. Además, añaden inconsistencias a los procesos de elaboración y toma de decisiones azuzados por el poder político. Es, precisamente, cuando algunos paradigmas fundamentalmente de naturaleza social y administrativa, asoman objetivos como la eficiencia y la eficacia como criterios de marketing político. Pero que en realidad no funcionan como de ellos se espera pues sus variables poco o nada son capaces de integrar componentes que las perturbadas realidades obligan a hacer acto de presencia e incidencia.

Y en el fragor de realidades así convulsionadas, se acumulan problemas administrativos de gobierno generándose serias secuelas para una economía que, en el papel, se plantea motivar el desarrollo en todas sus manifestaciones. Pero sobre todo, en economías que equivocadamente intentan corregir el comportamiento de actores económicos y políticos que emplean la soberbia como elemento de dirección política. Craso error.

Deberá reconocerse que problemas de esta naturaleza, siguen marcando la dinámica de la economía en su rango más amplio posible. Especialmente, en países condenados a padecer los rigores de prácticas socioeconómicas totalmente disociados del ámbito en el que su ejercicio adquiere connotación administrativa. Acá, la economía política se advierte sin la fuerza necesaria para corregir tales desmadres.

Cuando esto sucede, los sistemas políticos tienden a sumirse en espacios controlados por coyunturas que sirven a causas generalmente motivadas por profundas crisis de cualquier índole. Y así ocurre, sin que se tomen en cuenta las diatribas que se supeditan al caos. Pero particularmente, al caos que se da cuando las libertades y los derechos humanos se desordenan movidos por corrientes de ideologías caducas y, al mismo tiempo, preparadas para atropellar todo cuanto se atraviese a su paso.

Y en efecto, es el problema con el cual se topan aquellos esfuerzos encaminados para superar los derrapes que se dan al momento de evitar trancarse por causa de obstáculos que impiden salir delante de rémoras que, en lo cierto, fungen como los dilemas del desarrollo.