LAS RAZONES Y MOTIVOS PARA LAS SANCIONES PUEDEN SER VARIADAS, desde violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, legitimación y blanqueo de capitales, terrorismo, corrupción, integrar organizaciones mafiosas, bandas delictivas y/o asociaciones para el narcotráfico.
El régimen de Chávez y ahora el de Maduro siempre han estado en el radar, ojo del huracán de los gobiernos democráticos del mundo entre ellos, Estados Unidos, Chile, Argentina, Canadá, Panamá, Suiza y la mayoría de las naciones pertenecientes a la Unión Europea. Ya son muchos los funcionarios pertenecientes o vinculados al gobierno, que han sido sancionados. Aunque a veces dan la impresión que poco parece importarles y algunos osan catalogarlas de condecoraciones.
Cuando se hacen públicas nuevas sanciones por infringir normas civiles, penales o administrativas, se especula cómo afectan al ciudadano común, de a pie, dada la situación que sufre y padece el país. Es importante subrayar la singularidad y resaltar la individualidad, es In tuito personae, es decir, no puede ser transferida a terceros; y sólo aplicadas a quienes cometen actos criminales considerados de gravedad contra la humanidad. Las sanciones no son contra el país, son puntuales contra individuos con nombre y apellido.
Las sanciones nacen durante la presidencia de Barack Obama en el año 2015, cuando en discusiones de opiniones contrapuestas, se firmó la Orden Presidencial calificando a Venezuela de “amenaza inusual y extraordinaria”. Durante tiempos las sanciones han recaído sobre mafias italianas, rusas, mexicanas, iraníes, bandas del crimen organizado transnacional tras el atentado a las torres gemelas en Nueva York, cuando se implementa la Ley Patriota (Patriot Act), cuyo objetivo es ampliar la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo, mejorando las agencias de seguridad coordinándolas y dotándolas de mayores poderes de vigilancia. Asimismo, en el proceso se ampliaron y contemplaron nuevos delitos, endureciendo el castigo. Ley polémica y controversial, ha sido criticada con dureza por organizaciones de derechos humanos, debido a la limitación de libertades y garantías que ha significado para los ciudadanos.
La intromisión es siempre una preocupación, genera agrias discusiones con argumentos de lado y lado. Lo cierto, es que cada país está en su derecho de expulsar dentro de su territorio a quien considere inapropiado; de la misma manera en la que Venezuela ha desalojado a diplomáticos por razones internas. Cualquier nación soberana, puede sancionar a personas, organizaciones, empresas, que supongan no deseables y dentro de esas atribuciones se encuentra exigirle su salida. Las sanciones tienen que ver con personas que hayan cometido delitos considerados graves que puedan atentar a la seguridad nacional y en casos, extendiéndola a la región, se conoce como geopolítica.
Las consecuencias para el sancionado entre otras: la imposibilidad de realizar operaciones con otro país ya que el dinero transita por Estados Unidos. De allí que aquel banco, entidad financiera o cualquier agente que acepte o maneje patrimonio de un infractor sancionado, correrá la misma suerte y será también sancionado y sujeto de cierre. Cuando se refiere a funcionarios de gobierno, el mercado internacional se inhibe pues se pierde la confiabilidad, convirtiéndose en persona no grata y muchos no querrán estar cerca, mantener relación de amistad o comercial. Es decir, castigo moral y más que eso, al aparecer en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se le congelarán bienes y activos, no podrán operar el dólar; y si intentan convertirlos a otras monedas, el sistema los rastreará y perseguirá; por si fuera poco, serán excluidos y le serán revocadas las visas propias y de familiares, además de cualquier otro documento, incluido los consulares.
Con las resultas del Comité General The Global Center for Responsability to Protect que aprobó incluir en la agenda de la Asamblea General de la ONU, la discusión sobre activar e impulsar el Principio de Responsabilidad de Proteger –adoptado en la cumbre mundial de 2005-, contra los abusos perpetrados por la dictadura comunista castro-madurista en Venezuela, obteniendo 93 votos favorables y 16 en contra, a saber: Cuba, Belarus, Burundi, China, Corea del Norte, Egipto, Gabón, Irán, Myanmar, Kyrgyzstan, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Sudan, Siria y Venezuela- la mayoría de dudosa reputación.
Queda dilucidada la existencia de delitos que transcienden las fronteras y, en consecuencia, extinguida la posibilidad de alegar a favor, intrusión, injerencia y soberanía. Es una opción que tienen los Estados para asumir una posición activa contra los regímenes que consideran violadores de Derechos Humanos, que hayan cometidos crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra lo que justifica sobreponer la soberanía. Es decir, si un estado manifiestamente no protege a sus poblaciones, la comunidad internacional debe estar preparada a fin de tomar medidas colectivas apropiadas, de manera oportuna, decisiva y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Venezuela es materia permanente de alarma y preocupación, nos encontramos en pleno proceso de arbitrajes. Los colaboracionistas manifiestan su inconformidad y desagrado, organizándose para adversarlo. Sin embargo, ya se inició y continua indetenible. Venezuela merece libertad, está obligada a recuperar la democracia; otra modalidad -en pleno siglo XXI- es inaceptable y las pocas que existen, se extinguen sin posibilidad de renacer, son dinosauros de la prehistoria que se resisten abandonar las pretensiones populistas de izquierdas trasnochadas, desgatadas y anacrónicas. El comunismo es un mal nefasto, perverso que sufre la humanidad y debe ser anulado, no solamente por fracasado, sino por impropio de naciones que desean incursionar en la modernidad y explorar la maravilla de las nuevas tecnologías del mundo futuro.
