Aunque lo que está por vivirse es lo que la teoría económica denomina “reconversión monetaria” o “renovación del cono monetario”, la praxis política refiere como la crisis económica en su máxima expresión. Sin embargo, en lo operativo dibuja otra realidad. Se trata de una transformación o cambio en la forma de cómo habrá de manejarse la economía y las finanzas a partir de la introducción al mercado de una nueva moneda que, tristemente, malogra el concepto de “soberanía”. Ahora habrá de tenerse el mal llamado “bolívar soberano”, cuyo efecto social será razón de conflicto toda vez que provocará crudos choques frente a próximas repercusiones del valor nominal de la nueva unidad monetaria.
Haber apelado al concepto de “reconversión monetaria” para justificar el desguace que habrá de causar a todo lo que implica “desarrollo económico”, tal como lo concibe la teoría económica al momento de destacar la capacidad de crear y de obtener riqueza que puede tener una nación o región, tanto como un colectivo o individuo, representa la ruta del advenimiento de un modelo de la economía aún más fragmentado y letal. Sobre todo, causante del derrumbe que ha venido asolando esperanzas, necesidades, clamores y proyectos de todo talante y condición.
Ninguna idea, en el contexto de una profunda crisis, podría ser lo suficientemente confiable para argumentar razones que configuren un comportamiento económico capaz de asegurar y garantizar los retornos necesarios para sustentar el necesario aumento en las tasas de ganancias. Más, si éstas impiden la acumulación de capital que requiere la reconstrucción de cualquier sociedad abrupta y groseramente golpeada por la improvisación, la obstinación y la perturbación de gobernantes atrapados por los conjuros de ideologías obtusas, obsoletas y reaccionarias.
El caso Venezuela, es fiel imagen de lo que no debió hacerse en medio de contradictorias condiciones. No se trata de restarle ceros a manera de facilitar, en lo posible, el manejo de las cifras propias de transacciones y pagos propios que ocurre en todo ámbito económico y financiero. El problema tiene otra connotación que, justamente, es la razón por la que el alto gobierno optó por tan embrollada decisión. Problema éste que parte del malicioso mutismo que permite al régimen venezolano gobernar al mejor “estilo vaquero”. O sea, atropellando toda consideración, situación o realidad que asome alguna alternativa opuesta a sus impetuosos designios, ambiciones o planes.
Lo que tan inusitado problema acarrea, no son tampoco las complicaciones que pueden devenir de la desalineada convivencia entre realidades económico-financieras de controvertida naturaleza. Sobre todo, porque dicha situación tiene potenciales soluciones de índole técnico. Es mucho más que eso. El mismo, primeramente pasa por lo que significa una devaluación forzada en tiempos de agudas confrontaciones políticas interpuestas a la imperiosa necesidad de restitución de la institucionalidad que demanda el cabal funcionamiento del Estado venezolano. Asimismo, de la ansiada normalidad requerida para la urgida nivelación de la movilidad social nacional.
En segundo lugar, tan inusual problema atraviesa la situación de una hiperinflación sumada al estancamiento de un mercado bastante deprimido. Lo cual deja ver el estado de colapso que padece el país económicamente hablando. Desde luego, esta situación, arrastra problemas que han desvirtuado severamente la concepción de ciudadanía intentada por el ordenamiento jurídico venezolano. Y con ello, se descompensó el sentido de la democracia pretendida por causa de la antipolítica que sigue sirviendo de excusa para demoler esfuerzos realizados desde corporaciones académicas, gremiales y universitarias. Tanto, como por parte de organizaciones no gubernamentales emparejadas con la defensa de derechos humanos y de garantías constitucionales.
En tercer lugar, dicho problema continuará soportándose sobre la grosera discrecionalidad gubernamental para llevar adelante inconsultas decisiones que convierte en resoluciones aplicadas mediante la violencia o la amenaza de mano de cuerpos armados. Acciones éstas reducidas a una excedida represión apoyada en la ilegalidad que el autoritarismo “revolucionario” permite a cada decisión de gobierno, procesada y asumida sin restricción alguna. Peor aún, sin medir consecuencias. Hablando desde la teoría política, pudiera decirse que en eso consiste el procedimiento que involucra la apesadumbrada determinación de la aludida “reconversión monetaria”. O acaso, es el disfraz mejor diseñado para encubrir en el ámbito político, y con graves secuelas en la esfera de la economía, una perturbadora ¿metamorfosis?
