Derechos sin revés: La ruta de la denuncia

 

 

Denunciar es un derecho y esa es, sin duda, la primera certeza que debe tener la víctima. La segunda es que los ciudadanos deben saber que la denuncia ayuda a documentar y a visibilizar las violaciones que ocurren en el país. Denunciar también ayuda a luchar contra la impunidad. Si no se registran las violaciones a los derechos humanos, se desconocerán las cifras y los números quedarán en la sombra, en cifras negras. Por otra parte, denunciar también sirve para identificar patrones y establecer o solicitar mecanismos de protección, en caso de que sea necesario.

Es verdad que la mayoría de las veces la gente tiene mucho miedo. Temen que al denunciar sean señalados no solo por los perpetradores sino por el entorno más inmediato. También hay desconfianza en las instituciones. Otras víctimas, que ya superaron el trance, son las más indicadas para acompañar en ese proceso en el que, finalmente, se entenderá que la denuncia es el mecanismo más importante para reducir la violencia, en cualquiera de sus expresiones, bien sea física, psicológica, por razones de género, intrafamiliar o asociada a violaciones a los derechos humanos porque al denunciar también se busca que se haga justicia y se sancione a los responsables.

Es fundamental denunciar porque de esa manera se activan los derechos de las víctimas: derecho a la verdad, justicia, reparación y a que el Estado adopte las medidas necesarias para que el hecho denunciado no se repita.

A lo largo de 29 años, COFAVIC ha promovido que la víctima ubique un propósito que la ayude a transitar el proceso de reparación, pero también que identifique metas a corto, mediano y largo plazo. La mayoría de las veces, las personas se dan cuenta que en la constancia e independencia de sus acciones se fortalece su lucha y que a pesar de los obstáculos y limitaciones logran pequeñas y grandes acciones en pro de la tolerancia, la lucha por la no discriminación, el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos.

A partir del testimonio de cada víctima, del relato de su sufrimiento individual, es posible conocer la trascendencia de los casos en un ámbito mucho más general. Sin pensarlo, cada víctima se convierte en un actor social, determinante para la recuperación de la memoria histórica y la superación de la impunidad.

En Venezuela, la denuncia puede formularse ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o un órgano de policía. Sin embargo, también las víctimas pueden acudir a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para pedir orientación sobre cómo se formula y cuáles son sus derechos.

En el caso de un hecho de violencia, el Ministerio Público tiene como rol principal dirigir la investigación, formular la acusación y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente. La finalidad del proceso penal es establecer la verdad de los hechos, por lo que el Ministerio Público debe aportar todos los elementos recabados, incluso aquellos que son favorables para el imputado o acusado.

¿Qué debe contener una denuncia?

  1. Datos del denunciante: nombre, edad, cédula de identidad, oficio, teléfono, domicilio y relación con la víctima.
  2. Datos de la víctima: nombre, cédula de identidad, nacionalidad, edad, oficio, domicilio.
  3. Otros datos relevantes: vínculo con la comunidad, agresiones anteriores, lugar de trabajo de la víctima y número de hijos si los tenía (edades, nombres completos, grado de instrucción).
  4. Tipo de agresión: desaparecido, asesinado por abuso de autoridad, disparos indiscriminados, tortura, detención arbitraria, amenazas.
  5. Narración de los hechos denunciados: quién hizo qué, cómo, cuándo, dónde y por qué pasó.
  6. Descripción de los agresores: cuerpo policial, militar u otro al que pertenecen, número de matrícula del vehículo que hayan usado en el hecho y número de placa personal de los funcionarios implicados (si las tiene).
  7. Pruebas que se pueden aportar: declaraciones de testigos, con su nombre, cédula de identidad, edad, domicilio y oficio.
  8. Recursos y documentación presentada a las autoridades, si ya ha puesto la denuncia en otra institución.
  9. Peticiones a las autoridades competentes: que se abra una investigación judicial para determinar responsabilidades, que se aplique castigo a los culpables y que se indemnice a los familiares.

Es necesario que se lleve el original y una copia. Se entrega el original y se hace sellar la copia, pues es el documento que demuestra los trámites oficiales que se realizan. Una vez que se ha tramitado la denuncia en el órgano competente y que ésta llega a la Dirección de Derechos Fundamentales, le asignan un abogado adjunto y un fiscal.

Es recomendable que el denunciante realice un seguimiento sistemático del caso: que vaya semanalmente a los diferentes organismos para obtener información actualizada, abrir su propia carpeta en la que recopile toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que realice.

 

Órganos del Poder Ciudadano

  1. a) Defensoría del Pueblo

El objetivo de esta institución es la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los habitantes por parte de una instancia que no perteneciera a ninguno de los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para que así, el defensor pudiera vigilar los actos de éstos también. Por lo general, sus decisiones no son obligatorias, pero sí poseen un gran peso en la opinión pública. Según el artículo 281 de la CRBV, son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo, entre otras:

– Velar por el respeto de los derechos humanos investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que conozca.

– Instar al Fiscal General de la República, al Consejo Moral Republicano o al órgano competente a actuar en caso de que se violen derechos humanos; presentar ante los órganos legislativos proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos; formular recomendaciones y observaciones a los órganos correspondientes para la protección de los derechos humanos y contribuir a su difusión.

 

  1. b) Ministerio Público

También denominado Fiscalía General de la República, es un órgano del Estado que tiene el deber de vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Está en la obligación de denunciar, solicitar y dirigir una investigación ante los tribunales para que establezcan las responsabilidades a que hubiera lugar si una ley es infringida. El artículo 285 de la CRBV define como atribuciones del Ministerio Público las siguientes:

– Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

– Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

– Intentar las acciones necesarias para hacer efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.

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