Lo han venido señalando varias organizaciones de derechos humanos y expertos independientes. Primero, como una alerta de algo poco conocido, que se confundía con “crisis” sin ser sinónimos. Luego, un aluvión de información y debate puso el término en la agenda de la sociedad civil, en procura de explicación de una catástrofe inédita, aunque en progresivo desarrollo desde años atrás. Una que requiere soluciones urgentes.

La expresión no es otra que la denominada “Emergencia Humanitaria Compleja” que azota a los venezolanos con mayor crudeza desde el 2016. Si de algo debemos estar al tanto es que la grave situación de pobreza, escasez de alimentos y medicinas, está calificada como violación de derechos humanos y enmarcada en una determinada caracterización internacional.

En efecto, la Emergencia Humanitaria es un tipo de crisis, pero con características propias que la definen y diferencian. Por ello no es igual hablar de crisis humanitaria en sentido amplio, que de emergencia humanitaria compleja como realidad específica.

Lo primero que hay que tener en cuenta para diferenciarlas es que la crisis humanitaria es una situación excepcional de pérdidas o daños a la vida de las personas, que sobrepasa las capacidades de respuesta del Estado, por causa de un conflicto armado o desastres naturales. La emergencia humanitaria tiene las mismas consecuencias que la crisis en la vida de las personas, pero en cambio, su origen no es una guerra o conflicto bélico, ni un desastre natural.

La emergencia humanitaria se origina por procesos de inestabilidad de orden político, abuso de poder y violaciones de derechos humanos, que inciden en lo social, y que pudieran conducir a conflictos civiles. En el caso de Venezuela, la dictadura ha dirigido sus políticas al quiebre de las instituciones del Estado y el orden democrático del país con el objetivo de mantener el control absoluto del poder, provocando profundos y masivos daños a la vida y al bienestar social de la gente.

En este proceso ha operado una combinación de factores o causas que a través del tiempo y de manera deliberada, han conducido a la cooptación institucional, la destrucción de capacidades y hundimiento sistémico o estructural en los planes políticos, económicos y sociales.

¿Y por qué diversos organismos internacionales han tardado en reconocer expresamente la emergencia humanitaria en Venezuela? Entre otras cosas, porque el caso venezolano es inédito. Esto lo ratifica el líder polaco y premio Nobel Lech Walesa, cuando declaró que el caso venezolano “no se puede comparar a otro y el mundo no lo entiende”. En pocas palabras, al mundo le ha costado entender lo que aquí sucede por atípico, y recién empezó a asimilarlo luego de la rebelión popular de 2017.

Más grave aún es que el Estado restrinja el acceso humanitario que pueda brindar la comunidad internacional con el burdo argumento de una invasión. La acción humanitaria, que debe cumplirse con controles estrictos, garantías y estándares internacionales, no puede además usarse como sustituto de la acción política.

El gobierno no puede excusarse en la supuesta acción de terceros para incumplir sus obligaciones de salud y alimentación de la población. ¿Dónde quedó el discurso de soberanía alimentaria y desarrollo endógeno? Pareciera que la verdadera inversión fue en publicidad y propaganda. Y en estructuras clientelares y corruptas.

Nos toca seguir documentando y difundiendo la realidad que la dictadura pretende silenciar con represión y mordaza a la libertad de expresión: una catástrofe traducida en inseguridad alimentaria, epidemias, desplazamientos y migración forzada, daños a la salud y pérdida de vidas. El gobierno de Nicolás Maduro es responsable del inmenso sufrimiento humano de los venezolanos, víctimas de su indolencia y políticas degradantes. La situación es insostenible.