La excarcelación de presos de conciencia siempre deja un sabor agridulce para quienes son testigos de ella y no están comprometidos políticamente con el carcelero. Quisiera el espectador solo desbordarse de regocijo ante las imágenes de abrazos temblorosos y torrentes de agua ocular. Pero hay otra cosa, una repulsión que afea toda la escena. Saber que esas personas nunca debieron estar tras las rejas, que en su cautiverio el poder se ensañó por el “delito” de oponerse a él; que por días, semanas, meses, años o hasta décadas sus vidas fueron reducidas a condiciones misérrimas; que probablemente hasta el momento de bajar a la sepultura haya heridas que nunca sanarán del todo, que su “liberación” no obedece a ningún acto de justicia, sino a cálculos de mandamases que concluyeron que tales medidas les traerían algún beneficio a ellos, los que tienen el poder de hacer lo que les dé la gana.
Todo régimen que encierra a ciudadanos por razones estrictamente políticas debe emitir mensajes para intentar legitimar la persecución. El detenido tiene que ser presentado ante la opinión pública como una amenaza para la sociedad. Pero como todo el proceso está sujeto a los vaivenes volitivos de la cúpula, la excarcelación, de darse, también requiere una narrativa justificadora. Si realmente hay Estado de Derecho, ¿cómo se explica que las decisiones vengan de entidades o individuos ajenos al proceso judicial?
En Venezuela hoy la excarcelación de presos políticos es atribuida por el aparato de propaganda oficialista a Nicolás Maduro. En estas campañas el asunto incluso es descrito como un “gesto magnánimo” del mandatario. Y por supuesto, el propio Maduro no ha hecho mutis al respecto. Por el contrario, ha sido él quien se ha encargado de explicar a qué se debe el súbito vaciado de celdas (que podrían ser llenadas pronto por otros, aprehendidos en las últimas semanas).
Así pues, según Maduro su propósito es llevar el país por un camino en el que toda violencia política esté excluida y solo mediante el diálogo y las elecciones los venezolanos resuelvan sus diferencias. Argumenta que para lograr ese objetivo, una primera muestra de buena voluntad y de ánimo reconciliador es liberar a quienes quisieron conseguir el poder por vías no democráticas para que se incorporen a la forma correcta de hacer las cosas. Incluso dijo que existe un precedente histórico en las amnistías concedidas por el primer gobierno de Rafael Caldera a finales de los años 60 y principios de los 70 para pacificar a los guerrilleros comunistas que se habían alzado en armas. Aunque para muchos sin duda la invalidez de tal comparación más que obvia es hasta grosera, las flaquezas de la memoria colectiva ameritan una revisión de los acontecimientos de entonces.
Comencemos por el contexto. ¿Quiénes eran estos sujetos de fusil? ¿Qué querían? En resumen, eran un grupo de individuos fascinados por el marxismo-leninismo y decididos a que ese debía ser el sendero por el que Venezuela debía transitar. La democracia apenas tenía un par de años de haberse restituido tras la oscura década militar y, no conforme con tener que sobreponerse a su fragilidad y a las amenazas de la derecha reaccionaria en los cuarteles, le surgió un enemigo aun más amenazante en estos señores. La influencia de la Revolución Cubana los llevó a creer que era justo y necesario hacer un calco exacto de las operaciones de Castro y sus camaradas. Así que cogieron sus armas y al monte se fueron. Ay, pero no repararon en el hecho de que en la isla la insurrección fue contra una dictadura bananera sanguinaria (lo cual, por supuesto, tampoco justifica de ninguna manera las acciones de Castro en el poder), mientras que en Venezuela el jefe de Estado y el Congreso eran electos por voto secreto, directo y universal. Ni siquiera después de que su llamado a no participar en los comicios presidenciales del 63 fuera un total fracaso (acudió a las urnas más de 90% del electorado) decidieron ellos dejarse de sus delirios habaneros. Aunque la enorme mayoría de los ciudadanos no los favoreciera, iban a imponer por las balas lo que sus iluminadas conciencias les señalaba como conveniente para todos.
Naturalmente, el principal blanco de estos aguerridos militantes eran los organismos de seguridad del Estado. Fueron responsables del asesinato de varios policías y militares venezolanos a lo largo de la década de los 60. Seguramente el incidente más recordado de estos sea el asalto al Tren de El Encanto, con un saldo de cinco guardias nacionales muertos. Pero hubo más, y no solo los uniformados fueron víctimas. Ya hacia el cierre de la rebelión a gran escala se dio el secuestro, tortura y asesinato con saña del presidente del IVSS, Julio Iribarren Borges. Hasta el sol de hoy la ultraizquierda local asegura que este crimen fue ejecutado por un agente de la CIA infiltrado. Los guerrilleros venezolanos contaron desde el principio con respaldo de Cuba. El desembarco de criollos e isleños armados en las playas de Machurucuto es prueba fehaciente de ello. En Venezuela estuvo el célebre comandante cubano Arnaldo Ochoa, dirigiendo ofensivas en las montañas de Lara, como aquella emboscada contra efectivos del Ejército en la que murieron al menos tres soldados. Excesos en la supresión de este alzamiento hubo muchos, de los cuales se puede hablar en otro artículo, pero ello no es motivo para glorificar a los insurrectos.
Para 1967 ya era obvio que la experiencia guerrillera fue un desastre monumental, incapaz de cumplir con sus objetivos. En abril de ese año, el VIII Pleno del Partido Comunista de Venezuela votó a favor de abandonar la lucha armada. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria decide hacer otro tanto a finales de año. Todo esto le valió a los replegados condenas amargas por parte de Fidel Castro. En cambio, la reacción favorable del Gobierno no se hizo esperar mucho. De manera que en realidad el proceso de pacificación no comenzó con Caldera, sino con Raúl Leoni. En 1968 los comunistas, cuyos partidos seguían ilegalizados, participaeron en las elecciones parlamentarias con una tarjeta llamada “Unión para Avanzar” (UPA), tolerada por las autoridades. Consiguen cinco diputados y un senador.
En su primer año de gobierno, Caldera emitió indultos que pusieron en libertad a varios dirigentes comunistas detenidos o prófugos de la justicia, incluyendo a Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez, Gabriel García Ponce y otros. El PCV volvió a ser legalizado.
Ahora bien, estimado lector, contraste todo lo anterior con lo que ocurre hoy en Venezuela bajo el nombre de “pacificación” y juzgue usted si es justo el símil argüido por Maduro. Parta del hecho de que el país lleva años en una situación de absoluta falta de democracia y de Estado de Derecho, a lo que se suma una calamitosa economía que ha llevado a millones de venezolanos a una pobreza abismal. Es perfectamente comprensible que ante tanta ignominia la población reaccione levantando la voz para exigir cambios. Esto nos lleva al segundo elemento por evaluar: los excarcelados. Muchísimos de ellos están vinculados de una forma u otra con las protestas de 2014 y 2017. Se trata de jóvenes, hasta menores de edad, que estuvieron en la vanguardia de las manifestaciones y que enfrentaron la represión horrenda con escudos de cartón. Se trata también de políticos que participaron en la convocatoria y desarrollo de las protestas, o que se negaron a usar la autoridad de la que estaban investidos para impedirlas. Incluso hay empresarios a los que el Gobierno culpa con argumentos impresentables por la tragedia económica.
Así que no olvide. Tenga siempre presente la historia para ver más allá del discurso propagandístico cuáles son las verdaderas intenciones del poder. Es probable que haya más excarcelaciones pronto en un intento por ganar ante el mundo democrático esos puntos que lo ocurrido el 20 de mayo no concedió. Y también, es probable que esos “beneficios” sean acompañados de más símiles abusivos con el pasado.
@AAAD25
