Informe Otálvora: Cuarenta y dos gobiernos ya sancionan a régimen chavista

Informe Otálvora: Cuarenta y dos gobiernos ya sancionan a régimen chavista

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El presidente de Panamá Juan Carlos Varela y la vicepresidente y canciller Isabel Saint Malo recibieron el 22FEB18 al opositor venezolano Julio Borges. Foto: Presidencia Panamá

 

Cuarenta y dos gobiernos han establecido expresas sanciones contra altos jerarcas del régimen chavista. La lista la componen EEUU, Canadá, los veintiocho miembros de la Unión Europea a saber, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. Otros once países europeos, no miembros de la Unión Europea, han asumido las medidas decididas por la UE contra el gobierno y funcionarios chavistas: Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suiza y Ucrania. El gobierno de Panamá es el más reciente en sumarse a esta lista. Nicolás Maduro figura en las listas de sancionados por Canadá y Panamá.

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El 27MAR18 la Gaceta Oficial de Panamá incluyó una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas ordenando a la “Comisión contra el blanqueo de capitales” la publicación del listado de  “personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. La resolución alega que Panamá, de esta manera, cumple con compromisos adquiridos en el marco del Grupo de Lima. En un anexo de la resolución  se incluye el listado de 55 funcionarios y 13 empresas asociadas al régimen chavista a quienes se les cierra el acceso al sistema financiero panameño. Panamá, de esta manera, se convirtió en el primer gobierno latinoamericano en imponer sanciones expresas contra jerarcas chavistas.

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El 29MAR18 el canciller de Guyana Carl Greenidge entregó al Secretario de la Corte Internacional de Justicia, Philippe Couvreur, una solicitud para que esa instancia judicial intervenga en el conflicto entre Guyana y Venezuela por la posesión de Territorio Esequibo.

Desde 1987, bajo la protección de la Secretaría General de la ONU, los dos gobiernos han mantenido un fallido esquema de negociación bilateral basado en la designación de “buenos oficiantes”. La llegada de David Granger a la presidencia de Guyana el 16MAY15, la reactivación de concesiones petroleras otorgadas una década atrás a empresas de EEUU, China, Canadá y Holanda entre otros, el descubrimiento de importantes reservas petroleras en zonas marinas bajo disputa sumado a la notoria crisis y debilidad política de Venezuela, incentivaron a que Guyana activara su campaña diplomática para llevar el caso limítrofe a un mecanismo judicial internacional que finiquite el diferendo.

El 30ENE18, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres remitió a los gobiernos de Guyana y Venezuela una comunicación cuyo texto ha sido mantenido en secreto. Con esa casta Guterres daba fin al trabajo del buen oficiante Dag Nylander quien desde el 28FEB17 había estado encargado de procurar un acuerdo entre Caracas y Georgetown sobre el mecanismo para proseguir las negociaciones por el Esequibo. Un comunicado oficial poco explícito emitido por la ONU el 31ENE18, informó que Guterres “llegó a la conclusión de que no se ha alcanzado un progreso significativo para saldar la controversia por lo que se escogió a la CIJ como el medio a ser utilizado para la resolución”. Amparado en esa decisión, ahora el gobierno de Guyana procedió a llevar el caso al tribunal internacional de La Haya pidiéndole que ratifique un Laudo Arbitral emitido en 1899 mediante el cual Gran Bretaña despojó a Venezuela del territorio Esequibo y de su proyección marítima.

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Ya desde 2017, el gobierno de Guyana trabaja para crear un equipo jurídico que  adelante las acciones contra Venezuela ante la CIJ. Al frente de la operación fue designado el reputado Sir Shridath Ramphal, excanciller guyanés quien ejerció como Secretario de la Commonwealth por más de quince años. La cancillería guyanesa contrató al afamado jurista Paul S. Reichler del bufete estadounidense Foley Hoag LLP que ya actuó antes en el conflicto de límites marítimos de Guyana con Suriname y ahora encabeza el equipo de apoyo jurídico contra Venezuela. El 21ENE18, la cancillería guyanesa anunció que había reservado un presupuesto de US$ 15 millones para gastos legales del proceso contra Venezuela. El gobierno guyanés cuenta con una donación de US$ 18 millones recibidos de la empresa ExxonMobil beneficiaria de las concesiones petroleras entregadas por Guyana en áreas marinas disputadas por Venezuela.

El abogado Reichler ha intervenido en sonados casos internacionales como la demanda del gobierno sandinista contra EEUU en los años ochenta. Entre otros casos de disputas binacionales recientes, Reichler representó a Uruguay en el pleito contra el gobierno kirchnerista por la construcción de una planta papelera a orillas del rio Uruguay. Igualmente formó parte del equipo de juristas de Nicaragua contra Colombia en el proceso por límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia. Reichler, como parte de Foley Hoag LLP, ha representado al gobierno chavista en diversos procesos judiciales en EEUU, algunos de ellos relacionados con demandas por pago de expropiaciones.

La cancillería guyanesa igualmente cuenta con el asesoramiento del abogado iraní-canadiense Payam Ahkavan quien actualmente forma parte del equipo de Bolivia en su demanda contra Chile. Ahkavan acompañó al canciller guyanés el 29MAR18 en la entrega del recurso contra Venezuela en la CIJ.

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Según diversas fuentes, la cancillería chavista no cuenta con un equipo de trabajo dedicado al tema Guyana y a los preparativos ante una inminente demanda por parte del gobierno guyanés. A principios del 2017, la cancillería venezolana en manos de Delcy Rodríguez, habría consultado al abogado español Antonio Remiro Bretons pero no contrató expertos extranjeros. En medios judiciales internacionales corre la versión según la cual los asesores jurídicos de Rodriguez habrían sido abogados penalistas venezolanos, sus antiguos compañeros en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, sin obra conocida en temas de derecho internacional y litigios limítrofes. Antonio Remiro Bretons es el autor principal de la actual demanda interpuesta por el gobierno de Evo Morales contra Chile en la CIJ sobre el tema de los límites entre los dos países. Igualmente ha representado a los gobiernos de Cristina Kirchner y Daniel Ortega en procesos ante la CIJ incluyendo la disputa limítrofe de Nicaragua contra Colombia.

Emilio Figueredo, experto venezolano en el tema del diferendo con Guyana, tuiteó el 29MAR18: “Lo del Esequibo se venía venir desde el momento en que Delcy insistió en mantener los buenos oficios en vez de haber solicitado otro de los mecanismos previstos en el art 33 de la Carta de la ONU, lo que hubiera podido evitar, por un tiempo, la Corte y prepararnos para ella”. Pero, a juicio de la comunidad de académicos venezolanos conocedores del tema limítrofe, las purgas políticas que el chavismo realizó en la cancillería barrieron con los expertos en derecho internacional con que contaba la diplomacia venezolana.

El 30MAR18, la cancillería chavista informó que dos días antes invitó  a Guyana  para “reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial”, descartando la decisión del Secretario General de la ONU sobre el arreglo por la vía judicial. Salvo alegar las tesis oficiales históricas venezolanas sobre no reconocer la jurisdicción de la CIJ en el tema limítrofe y optar por la negociación bilateral, el gobierno chavista se muestra poco interesado en hacerse cargo de una realidad: el caso de la propiedad del Territorio Esequibo ya llegó a una instancia judicial internacional y ameritará que Venezuela se haga presente como parte en la disputa. La crisis política venezolana ha creado las condiciones propicias para que Guyana intente resolver a su favor la vieja disputa territorial.

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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 24MAR18, el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, ratificó la no invitación a Nicolás Maduro y a su gobierno, para la Cumbre de las Américas que deberá tener lugar en Lima el 13-14ABR18. En tanto, desde La Habana se coordina la realización de una anticumbre de los pueblos y la participación de una masiva representación castrochavista en los foros oficiales de actores sociales, sociedad civil, jóvenes e indígenas organizados como parte de la Cumbre de las Américas.

Edgar C. Otálvora

Diario Las Américas

@ecotalvora

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