Los ciudadanos estamos obligados a presionar insistentes y sin descanso a la Asamblea Nacional que elegimos en 2015, para que se aboque, de inmediato, sin demora ni dilaciones politiqueras a estudiar, considerar, y además someter para la participación no solamente de los interesados sino de cualquiera que desee aportar conocimientos, experiencia o sugerencias, para diseñar y formalizar leyes; es su función primordial debiendo atenderla por obligación constitucional y compromiso ciudadano.
En estos momentos de crisis e inestabilidad que vive el país por la situación política, económica y social, el parlamento debe reflexionar sobre su ocupación fundamental y legislar en materia de salud, educación economía, comenzando de inmediato y sin miedo una ley especial que garantice a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional los beneficios que les corresponden tanto como miembros activos, y en situación de retiro. Diputados trabajen una ley para los ciudadanos militares.
Un instrumento constitucional, legislativamente elaborado y consagrado de tal manera que garantice en sus diferentes niveles vivir dignamente, con suficiencia, orgullo y seguridad profesional. Y ser respetados por la ciudadanía de acuerdo a la función transcendental que desempeñan apegados a la Constitución y leyes de la República.
Una de las misiones, seguramente de las más significativas que le encomiendan las legislaciones al colectivo castrense vital para el sostenimiento y viabilidad de la nación, y no es poca cosa, la de garantizar la soberanía e independencia del país, asegurando su integridad y espacio geográfico. Ello solamente es posible si se requiere y exige a cada integrante castrense, independiente del rango, que esté al servicio exclusivo de los ciudadanos, y en ningún caso, de persona o parcialidad política alguna. Para que esa función profesional pueda ser efectiva es imperioso, fundamental y esencial el reconocimiento a su labor, garantizando y disponiendo de los servicios y bienes que durante su existencia sean propios de su trabajo como representantes de un sector meritorio, valioso y honroso de la sociedad.
Es necesario que la institución militar esté ajena, protegida y salvaguardada de cualquier vaivén o circunstancia fuera de su competencia. Las prerrogativas y exigencias que les son inherentes a sus miembros deben estar claramente establecidas en una Ley de altísimo rango que no acepte interpretación interesada o coyuntural. La finalidad, es resguardar y preservar las raíces sanas de la institución y de quienes escogieron la dedicada, admirable y delicada profesión de la defensa militar de la patria.
Se impone sin aplazamiento y con urgencia restablecer las relaciones cívico/militares, ser leales sin cuestionamiento innecesario con el sistema de libertades, defensa de los Derechos Humanos y la democracia. Y quienes por el contrario se atrevan a usar el poder que les da el monopolio de las armas, para ejecutar órdenes contrarias a la ética, defensa y honorabilidad militar, deben ser enjuiciados y hasta expulsados -de ser judicialmente culpables- siempre que prevalezca el respeto contundente y sin margen de duda, al beneficio irrenunciable de la debida defensa. En un país honorable todos somos ciudadanos iguales solo que, en el caso militar, están uniformados, pero eso en nada puede ir en detrimento de sus derechos y deberes.
Es trascendente, la restructuración y restauración institucional que permita la continuidad institucional, preservándola eficazmente, de manera que un proceso no contemplado de fuerza mayor, los ubique bajo niveles de incertidumbre del respeto futuro para la institución.
Es valioso, necesario, importante, vital regresar a la plena profesionalización, adecuación y modernización, que debe ser prioridad para la institución castrense y para el Estado, un derecho de exigencia ciudadana. La clave está en lograr de manera justa y apropiada ejercer un control civil, social y político, sobre la fuerza armada, restaurando la dimensión competitiva, experta y técnica de la función militar.
Cuando el componente y sus diferentes fuerzas se integren, se sientan protegidos, resguardados en sus beneficios, y su objetivo constitucional se cumpla, los venezolanos estaremos más seguros de que la democracia será pilar y base principal de nuestro sistema de convivencia social y la soberanía será defendida con orgullo de venezolanidad incuestionable.
Los militares deben regresar a la exclusividad cívica de sus responsabilidades y funciones propias, entendiendo ética, política y judicialmente que son ciudadanos especializados, pero en su condición y actuación legal perfectamente iguales a todos los venezolanos.
No solo se trata de que Venezuela exhiba una Fuerza Armada acorde con los tiempos. Latinoamérica y el mundo, deberían cavilar y preocuparse seriamente sobre el tema, de ello depende la paz mundial.
@ArmandoMartini
