COFAVIC es la expresión genuina de la voz de las víctimas desde una perspectiva independiente. Nace a partir del encuentro de un grupo de mujeres que, unidas en el dolor, coincidieron en tribunales, en la morgue y en los hospitales y que al compartir sus historias se dieron cuenta que las mismas no eran únicas ni aisladas.

Ya unidas y organizadas sumaron voces para buscar en colectivo, justicia y el establecimiento de la verdad de lo ocurrido durante los sucesos de febrero y marzo de 1989. Años después, esas mismas mujeres han acompañado a las víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en hechos ilustrativos como los de noviembre de 1992, los deslaves de Vargas de 1999 y las protestas de 2014 y 2017, entre otros.

Ese, precisamente, es el legado del Caracazo. Se trata de un hecho que no pertenece sólo al pasado, sino que se ha mantenido en el presente y compromete seriamente nuestro futuro, si no cambian las razones de origen y la impunidad que ha prevalecido de manera interesada y sostenida.

De allí que mujeres como Hilda Páez, Yris Medina, Aura Liscano, Maritza Romero, Matilde Castillo, todas víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, repitan e insistan en que hay una verdad distinta a la verdad oficial que se ha querido promover y matizar de acuerdo con quienes detenten el poder.

Hilda Páez recuerda que, hasta el día de hoy, 29 años después, nadie ha sido condenado por el asesinato de su hijo, Richard Páez. “Yo lucho para que sucesos como los del Caracazo jamás se repitan en el país”.

Yris Medina sabe que Wolfang Quintana, su esposo, no se merecía la muerte que tuvo, “teníamos planes, sueños, y todo eso lo derrumbó una bala de FAL. Pero tengo esperanzas. Si no las tuviera no estaría aquí. 29 años después yo sigo pidiendo justicia”.

Aura Liscano aún se pregunta por qué su hermano José Miguel Liscano se desapareció ni quién lo mató. “El Estado reconoció su responsabilidad en los hechos del 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989, pero aún falta que cumpla la parte más importante para nosotros. Queremos justicia para nuestros seres queridos”.

Maritza Romero también espera recuperar los restos de su hermano, Fidel Romero, para que su familia lo pueda enterrar. “Desde ese momento hasta hoy, 29 años después, trabajo activamente en la promoción de los derechos humanos en Venezuela”.

Matilde Castillo, sobreviviente del Caracazo pide, 29 años después, que el Estado recuerde cada uno de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana, sobre todo aquellos referidos al uso de la fuerza pública.

Luego de 29 años de la masacre del Caracazo, COFAVIC tiene el deber de recordar que nadie ha sido condenado por esos hechos de manera definitiva. Las víctimas no han tenido acceso al expediente porque se alega que no son parte del proceso, mecanismo utilizado para invisibilizarlas y confiscar sus historias, fortaleciendo así la verdad oficial que se ajusta a los intereses del Poder. Aún no se ha dado la apertura de juicio oral y público. Ocurren decenas de diferimientos en su mayoría por solicitudes de los imputados y solo se utiliza la existencia de este proceso para promoverla el día 27 de febrero de cada año con carácter proselitista.

Las causas estructurales y coyunturales que dieron origen al Caracazo, como la desatención de los gobernantes frente a las graves carencias del pueblo, la frustración, la rabia de la gente, el desabastecimiento y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, entre otras causas, lamentablemente no se han superado, ni siquiera permanecen igual, sino que están peor que hace 29 años.

El no acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el Caracazo que, entre otras cosas, estableció que Venezuela debía adecuar sus planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales y no usar las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

En la actualidad, no solo se ha desatendido esto, sino que se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos como lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En el caso del Caracazo, después de 29 años, ni siquiera se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar a los familiares de las víctimas los restos debidamente identificados para que cierren su proceso de duelo y retomen su proyecto de vida, medida de reparación contemplada en la resolución de la histórica sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y en 2002.

Para todas las víctimas es fundamental el establecimiento de la verdad de lo ocurrido y la aplicación de justicia. Estos elementos son imprescindibles para la reconstrucción de la memoria histórica, para prevenir violaciones de derechos humanos y para evitar que se repitan los crímenes cometidos.