Militares, magistrados y rectoras en la picota, por Eddie A. Ramírez S.

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El régimen está en sus estertores. Sus violaciones a la Constitución y en especial a los derechos humanos han tenido como consecuencia  la condena por parte de los gobiernos democráticos. En Santo Domingo, Maduro y sus espernibles negociadores  pusieron la guinda a la torta al negar la posibilidad de permitir elecciones transparentes, además de no aceptar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, insistir en una Asamblea constituyente espuria,  continuar con  inhabilitaciones ilegales a dirigentes de la oposición y mantener presos políticos ¿Quiénes del régimen están en la picota pública, o sea en una situación de descrédito, y deberán responder ante la historia y ante los tribunales?

Este es un régimen militarista. La Fuerza Armada no solo ha reiterado su apoyo al régimen, sino que cientos de oficiales ocupan importantes cargos en la administración pública. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones han avalado todas las violaciones a la Constitución, perseguido a los opositores  y protegido a los corruptos.  Las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral han sido sumisas a las peticiones de Miraflores, propiciando trampas y ventajismo electoral para favorecer al PSUV. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de esos actores?

La Fuerza Armada es una organización piramidal, donde se aplica el principio de “superior que manda y subalterno que obedece”. Hoy ningún soldado debe obedecer órdenes ilegales. Así es que cualquiera que haya incurrido en un delito puede y debe ser juzgado. Un punto que puede parecer gris es el de aquellos que no han violado la Constitución, pero que no se han opuesto o manifestado su inconformidad ante dichas violaciones.  Se podría  alegar que quienes están en la picota son solo los integrantes del Alto Mando. Esto es parcialmente cierto. Teóricamente no debería responsabilizarse a un teniente, a un mayor,  a un coronel o incluso a un general por situaciones que están fuera de su control. Sin embargo, el Artículo 333 de la Constitución obliga a cualquier ciudadano a colaborar en la restitución de la Constitución.

En las actuales circunstancias no se trata de que la Fuerza Armada derroque un presidente o lo obligue a cambiar de rumbo porque está haciendo un mal gobierno, lo cual no se justificaría, ya que los militares no deben ser quienes decidan cuándo remendar el capote. Eso le corresponde a los Poderes del Estado. Lamentablemente, en el presente caso no sólo tenemos un pésimo gobierno, sino que el mismo no respeta la Constitución y tiene secuestrados los Poderes establecidos para controlarlo.

Para que se produzca una insurrección o una desobediencia de los militares al poder establecido, debe haber una crisis política, económica o ambas, las cuales son evidentes. Pero también debe haber apoyo político de la dirigencia opositora, lo cual no existe porque los civiles tienen el prurito de que los militares nunca deben intervenir;  también por un temor, a veces fundado, de que se coman el mandado o bien por miedo entendible de ir presos si el régimen descubre la relación. Además, para que un movimiento cívico-militar tenga éxito, debe contar con  una masa crítica de oficiales comprometidos.

Los militares deben entender que, por acción u omisión, están en la picota de la opinión pública. Está en su propia supervivencia y prestigio presionar al Alto Mando para que obligue a renunciar a Maduro o bien a que  convoque a una elección transparente con nuevo árbitro. En caso de que ese Alto Mando no proceda, el resto de la oficialidad tiene la palabra.

La picota es ineludible para  los magistrados del TSJ, ya que cada uno de ellos es autónomo, no tienen jefe y deben proceder acorde con su conciencia.  Todos ellos se han convertido en cómplices de las  violaciones. Tan culpable es un Mikel Moreno, como el  catedrático  Damiani, una profesora emérita como Carmen Zuleta de Merchán  o un político como Calixto Ortega. El mismo caso es el de las cuatro rectoras del CNE. Por otra parte, considerando los últimos acontecimientos, el rector Rendón debería presentar su renuncia para no ser testigo de un acto bochornoso, como sería la elección convocada para abril.

Como ( había) en botica: En Santo Domingo, el régimen evidenció que volverá a realizar trampas para ganar siendo minoría. Participar, en contra de lo que opinan países democráticos e instituciones venezolanas, sumado a  un ambiente proclive a rechazar esa elección,   sería un suicidio político. Según el Oil Market Report de  febrero de la Opep, fuentes secundarias reportan que Venezuela solo produce 1.600.000 barriles por día, apenas un 4,9% del total de los países de esa organización.  A raíz de la extradición desde España a los Estados Unidos de los corruptos Nervis Villalobos y Luís Carlos León, muchos rojos deben poner  sus bardas en remojo.  Extraña la demora de la MUD  en definir su posición. Otro asesinato del régimen a la libertad de expresión: después de 114 años de existencia, el diario El Impulso, de Barquisimeto, no podrá circular en la versión impresa ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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