En los últimos días se han evidenciado dos líneas de la estrategia gubernamental para el afianzamiento del modelo dictatorial: “normalizar” un estado de zozobra, empobrecimiento y conflicto interno, de enorme inestabilidad y riesgo para la población, en el que el gobierno mantiene su dominio a través del uso de la violencia y de mecanismos de control social y de dependencia del Estado. Y la categorización oficial de expresiones de protesta y descontento, así como de la disidencia política, como formas de “terrorismo” o “insurgencia”, ante las cuales el Estado “justifica” el uso de violencia extrema, fuerza letal, o la violación de derechos humanos.
Lo primero lo hemos visto expresado en la instrumentalización de la crisis alimentaria y de servicios que el gobierno ha llevado a cabo en programas de control social que viene expandiendo, como el sistema CLAP y el carnet de la patria. También, en las acciones de organismos del Estado sobre las áreas del sector privado de producción y distribución de alimentos como las llevadas a cabo por el SUNDDE sobre cadenas de supermercados en los primeros días de enero. Esto último ha recrudecido la problemática de abastecimiento de alimentos y la ya crítica situación hiperinflacionaria, a la vez que ha estimulado situaciones de violencia y malestar social, en los llamados “saqueos controlados”.
En lo segundo, los recientes hechos producidos alrededor del caso de Oscar Pérez son, sin duda, los que han mostrado con más fuerza y crudeza esta política oficial de violación de derechos humanos y de criminalización de sectores de la disidencia. El deplorable operativo en el que se produjo el ajusticiamiento público de Pérez y su grupo, las irregularidades posteriores en la presentación de informes de autopsia, el secuestro de los cuerpos a los familiares de las víctimas por organismos del Estado y las acusaciones oficiales a Primero Justicia, Voluntad Popular o la Iglesia Católica, evidencian los alcances nefastos de esta estrategia de terror y opresión del gobierno. Alcances que ya vivimos en hechos como las funestas OLP o los ocurridos en las protestas del 2017, que arrojaron más de un centenar de manifestantes asesinados, así como miles de heridos y personas apresadas en detenciones ilegales.
Desde el liderazgo político y social, debemos estar conscientes de esta nueva etapa que asume el régimen para continuar su modelo y aferrarse al poder. Las estrategias y acciones que se emprendan no solo deben reconocer los peligros y amenazas reales que esta situación implica. Deben, además, acompañar y dirigir efectivamente el descontento popular, involucrando a la sociedad en su conjunto en soluciones que den alivio a las emergencias de una crisis fomentada y aprovechada por la dictadura.
Particularmente, hemos aplicado esa visión en nuestro trabajo en el Municipio Libertador, materializándola en planes como Alimenta la Solidaridad y Monitor de Víctimas, que ejemplifican la necesidad de lograr la participación y activación de la sociedad a través de iniciativas en torno a los problemas que más la afectan. Convertir la superación y alivio de la crisis en el foco de políticas de encuentro, empoderamiento y cambio. Todo lo opuesto al fomento de la crisis por parte del régimen para la implementación de mecanismos de opresión, imposición, chantaje y dependencia.
Con Alimenta la Solidaridad se reconoció tempranamente la gravedad de la crisis alimentaria, desarrollando junto a las comunidades un plan de comedores dirigido a la población infantil más vulnerable. Siempre a través de una estrategia de empoderamiento local, se enfatizó el papel central de las madres y se generaron redes de apoyo que relacionaran a comunidades con donantes, voluntarios y organizaciones aliadas.
Monitor de Víctimas, por otra parte, representa una continuación sobre nuestro trabajo de transformación de la realidad violenta de Caracas, creando una plataforma de información independiente, que recoge testimonios y levanta datos sobre homicidios en los cinco municipios de la ciudad de Caracas, articulando líderes comunitarios a medios digitales como Runrunes, entre otros. Representa una fuente de información objetiva y transparente frente a la opacidad, manipulación y ocultamiento de las fuentes oficiales.
Estos esfuerzos, así como los de cientos de organizaciones en todo el país, representan la necesidad de contrarrestar desde el encuentro, el reconocimiento y la integración al modelo dictatorial de fragmentación, sometimiento y criminalización del otro. De construir una realidad en conjunto impulsada por valores de convivencia, solidaridad y respeto frente a la implantación destructiva de sistemas clientelares y el deterioro de condiciones de vida promovido desde el Estado.
Estamos convencido de que frente a una política de violencia y opresión, violatoria de los derechos humanos, que el gobierno implementa en orden de mantenerse en el poder, debe articularse, desde las necesidades del país que lo rechaza, una política de convivencia y solidaridad, de justicia, inclusividad y búsqueda de bienestar. Una política cimentada en nuestra humanidad, que sirva para encontrarnos, superar la deriva destructiva del régimen y poder salvarnos a nosotros y al país.
Roberto Patiño
Coordinador de Movimiento Mi convive
Miembro de Primero Justicia
robertopatino.com
