Las cifras divulgadas recientemente por el ministro de Relaciones Interiores reflejan que la acción de los policías y los militares fue la más mortífera de la historia reciente

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

En 2017, la expresión “resistencia a la autoridad” se convirtió, más que nunca antes, en un sinónimo de muerte.

De nada sirvió que a las operaciones Liberación del Pueblo (OLP) el Gobierno de Nicolás Maduro le pusiera el adjetivo “humanista”, y que de hecho al final del período las hayan borrado por completo de su léxico. Como si nunca hubiesen existido.

Con o sin OLP, las policías y los militares continuaron matando.

Es cierto: hay circunstancias en las que el uso de la llamada “fuerza potencialmente letal” se justifica plenamente. Cuando no hay otro recurso para neutralizar una amenaza a la vida del funcionario, o incluso para resguardar a terceras personas; cuando la oportunidad no permite el uso de un recurso distinto para afrontar una situación de riesgo inminente para la integridad física, pues no queda otro remedio que acudir a la pistola, a la escopeta o incluso el fusil, en el caso de los guardias nacionales.

Uno supone que estas deben ser situaciones excepcionales. Nadie en su sano juicio debería enfrentarse a individuos como los policías y los militares, que han sido entrenados para utilizar sus recursos con la mayor efectividad posible. Y entre estos recursos desde luego están las armas de reglamento. Para decirlo de otra manera: cuando un individuo está en el proceso de formación para convertirse en policía, le dicen muy claramente que una pistola solo debe ser desenfundada para matar. Por ende, esta no puede ser una acción cotidiana.

En Estados Unidos, un país con una población diez veces mayor que la de Venezuela, fueron registradas 1.093 muertes a manos de policías en 2016, de acuerdo con un trabajo publicado por The Guardian. Ese mismo año, la acción de los cuerpos de seguridad venezolanos arrojó 6.042 cadáveres, según cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente.

Este ya es un indicio de que las cosas no van bien en Venezuela.

Pero hay más. Ese año fue récord en cuanto a número de cadáveres producto de los supuestos enfrentamientos entre delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad. Estos casos, como se dijo más arriba, están clasificados bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”. Cuando se divide el número de muertos entre el total de casos, tenemos un resultado de 0,84. La cifra podría ser denominada índice de letalidad policial. Como el resultado fue inferior a 1, se puede concluir que durante 2016 no todas las resistencias a la autoridad terminaron con cuerpos tendidos sobre el pavimento.

Pero en 2017 la situación cambió. Los supuestos enfrentamientos en los que intervinieron policías o militares totalizaron por lo menos 5.545 muertos. Hubo casos en los que claramente el bando de los llamados delincuentes fue masacrado, como sucedió durante la intervención al retén de Puerto Ayacucho (37 muertos). El total de expedientes por “resistencia a la autoridad” fue de 5.040, lo que ubica el índice de letalidad en 1,1.

Entonces, durante el año recién finalizado, las policías y los componentes de la Fuerza Armada declararon una menor cantidad de casos de resistencia a la autoridad, pero en cada ocasión la probabilidad de un final fatal fue más elevada que la vista en 2016.

Este es el resultado de las tácticas de “mano dura”, que en círculos académicos son asociadas generalmente a gobiernos de derecha.

Otro dato interesante es que las muertes por “resistencia a la autoridad” se incrementaron más de 20% en Distrito Capital con respecto a 2016. Esto explicaría por qué algunos delitos, como el secuestro, se desplazaron hacia regiones periféricas, sin abandonar del todo la principal plaza, representada por los municipios del Area Metropolitana de Caracas.

Cuando un jefe policial advierte a sus subalternos: “No quiero presos”, ya sabemos a qué se refiere.

Breves

*Los países de la Unión Europea, así como Estados Unidos y Canadá, continuarán sancionando al régimen de Nicolás Maduro. La primera medida, tomada por este conglomerado a finales de 2017, implicó un embargo que afecta esencialmente algunos sistemas de armas de la Marina, así como la dotación de fusiles de la Guardia del Pueblo, marca Beretta. Ahora, las sanciones serán individualizadas. Se habla de los nombres de altos jerarcas, que hasta el momento no han sido tocados. La extensión de esta nueva lista dependerá de los resultados que arroje las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana. El proceso de sanciones en la Unión Europea es más lento que el de los países norteamericanos, puesto que requiere de unanimidad, y esto implica conciliar diversidad de intereses. En la primera ronda, Grecia y Portugal fueron los más reticentes. Veremos ahora …

*Un lector escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para exponer la delicada situación que se vive en los campos petroleros de Morichal, estado Monagas. Allí, como en el norte de Trujillo, las bandas actúan a sus anchas, ante la ausencia o la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad, en especial la Guardia Nacional. Por su ubicación geográfica, en los complejos de Morichal confluyen grupos hamponiles de Anzoátegui, Sucre e, incluso, de Bolívar. Se llevan los vehículos pertenecientes a las subcontratistas de Petróleos de Venezuela, o a empleados de estas compañías, los ocultan en zonas de difícil acceso y posteriormente los negocian vía telefónica. Las averiguaciones han permitido establecer que existe un nexo entre estos grupos y organizaciones que operan desde los internados judiciales de Puente Ayala, La Pica y Vista Hermosa. Las empresas han tenido que pagar a los delincuentes por la recuperación de los equipos. Solo una de ellas canceló Bs 160 millones en dos años, hasta que se vio obligada a cesar sus operaciones.

*Hay que poner atención en el caso que se ventila en una corte de San Luis, estado de Missouri, en contra de los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gómez y Fabrizio Della Polla De Simone. Hasta ahora, debido a las pesquisas, las autoridades estadounidenses han confiscado dos yates, un jet y dinero por $1,8 millones, que permanecía depositado en cuentas de los procesados en los bancos Wells Fargo e International Finance Bank. Se trata de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA). El documento de confiscación de la corte del Distrito Este de Missouri indica que las embarcaciones, la aeronave y el dinero fueron entregados voluntariamente por los investigados, lo que implica la existencia de un acuerdo para intentar un “control de daños”. Esto por el cargo de llevar a cabo operaciones cambiarias que son penadas por la legislación estadounidense. Della Polla había recibido un crédito gubernamental con el que instaló una pollera en Guárico. El mismo se encargaba de publicitar en redes sociales el avance de este proyecto, en la cuenta @servinaca1. La foto viene de ahí.