El juramento implica un compromiso asumido con la mayor solemnidad y rigor respecto del cumplimiento de una misión, la toma de posesión en un cargo, la veracidad de una declaración u otras manifestaciones similares. En lo concerniente a la toma de posesión en destinos electivos, se presta por lo general ante cuerpos colegiados representativos, pues es una forma de escenificar ante la representación del pueblo la aceptación del mandato recibido y de reafirmar el deber de ejercerlo cabalmente. El juramento se conecta además con la libertad de religión y de conciencia, porque en aquél convergen los símbolos o fórmulas de la fe que se profesa o de los principios más elevados en que se cree. De allí que jurisprudencialmente se haya admitido que en determinadas circunstancias el obligado a prestarlo pueda exigir su sustitución por la modalidad de la promesa. Hay también otro tipo de juramento, de raigambre monárquica, al que luego me referiré.
¿Falta absoluta?
Es un despropósito y una grave violación del orden constitucional y democrático y de los derechos humanos que se haya declarado la falta absoluta del Gobernador electo y proclamado del estado Zulia por no haberse juramentado ante la supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Las razones que pueden aducirse son varias. La Constitución del estado Zulia prevé que la juramentación ha de producirse ante el Consejo Legislativo del estado o, si no es posible que esta sea llevada a cabo, ante el juzgado superior en lo contencioso administrativo de ese estado. Esta era la misma regulación exigida por la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de estado. Es lógico que así sea, ya que de esta manera el Gobernador proclamado expresa ante el pueblo que lo eligió, representado en el Consejo Legislativo, su compromiso de desempeñar rectamente la función encomendada. ¿Qué puede explicar que dicha juramentación deba estar precedida de una efectuada ante la pretendida ANC? Únicamente el objetivo de quebrar moralmente a la oposición y de propiciar la división. La denominada ANC es un órgano espurio, antidemocrático. No puede condicionarse el juramento ante una instancia democrática al que se preste ante un órgano nacido de la usurpación del poder constituyente del pueblo.
Pero aun en el supuesto de que aquél fuera legítimo, evidentemente no sería el espacio institucional adecuado para tal juramentación y nunca esta podría ser un requisito indispensable, cuya omisión genere falta absoluta. Recuérdese que los integrantes de la llamada ANC no fueron electos como representantes de los estados ni en circuitos estadales, sino en circunscripciones municipales y sectoriales. Mientras que el Consejo Legislativo es manifestación directa y específica de los electores del estado respectivo. En todo caso, la falta de juramentación no es por sí sola causal de falta absoluta, menos aun cuando existe la firme determinación del Gobernador proclamado de tomar posesión del cargo. La propia Sala Constitucional se empeñó en demostrar en enero de 2013 que la falta de juramentación del Presidente electo ante la Asamblea Nacional no era causal de falta absoluta, y puso énfasis en la necesidad de respetar la voluntad de los electores, la cual por lo visto poco importa si no es favorable al gobierno nacional o sus candidatos.
Líderes regionales
Otro asunto de fondo es que la elección de Gobernadores no fue una consulta popular sobre el reconocimiento o desconocimiento de la denominada ANC, sino la elección de líderes regionales, que al jurar solo ante el Consejo Legislativo no hacen otra cosa que cumplir la ley. Pero al gobierno le interesaba adulterar el sentido que constitucional y democráticamente debían tener esos comicios para convertirlos en una ocasión para la humillación y la degradación moral, mediante el requerimiento de subordinación a la pretendida ANC y a su convocante. Esto evoca la otra acepción histórica del juramento, aquella según la cual prestarlo es: “Reconocer solemnemente, y con juramento de fidelidad y obediencia, la soberanía de un príncipe”.
La ruta que sigue el gobierno nacional es funesta, por apuntar a consolidar un orden político basado en la supresión de la libertad de conciencia, de las garantías democráticas y, en suma, de la libertad política y civil. Un orden que cierra centros electorales y traslada electores a capricho, sin fundamento jurídico alguno, del mismo modo con el que luego dice estar dispuesto a moderar esa arbitrariedad; que inhabilita o des-inhabilita a sus anchas; que amenaza con encarcelar a quienes desconfían del CNE. Tiempo luctuoso para la República, frente al cual la firmeza democrática y la coherencia son la piedra angular de todo lo demás que quiera hacerse.
