No fue así. La reacción de la MUD fue lenta, confusa y, en líneas generales, menos contundente de lo esperado. Un verdadero galimatías en el que candidatos señalaron irregularidades de las que, acto seguido, se confesaron inseguros de poder comprobar. Luego vino la excusa de que la parte principal del vicio es algo tan complicado que solo puede verificarse con una auditoría especial, cuya realización es harto improbable. Esto último puede ser verdad, pero igualmente denota falta de previsión. Hasta ahora, solo Andrés Velásquez (con apoyo de La Causa R y otros partidos de la coalición) ha logrado mostrar pruebas de una manipulación directa de resultados.
¿Significa la torpeza de la MUD que el proceso fue limpio y justo? Obviamente no. Las aberraciones vistas en jornadas electorales previas se repitieron: violencia y amedrentamiento contra electores y testigos, lentitud injustificable en las mesas, rechazo de autoridades a cerrar centros vacíos pasadas las 6:00 pm, etc. A ello se agregan elementos nuevos y nada despreciables, como la omisión olímpica por el CNE de la norma electoral que permite la sustitución de candidatos, así como la reubicación mal difundida de centros a días del proceso (con la consiguiente desinformación ciudadana). También hay un factor que, a mi juicio al menos, ha sido subestimado: obviando la votación para la «constituyente», estas fueron las primeras elecciones con CLAP y Carnet de la Patria. Imagine lo que eso puede implicar en un país donde son constantes las denuncias de amenazas, cumplidas o no, de exclusión de políticas sociales por incumplir las aspiraciones del oficialismo.
Con todo esto la oposición puede armar una denuncia bastante sólida contra el sistema electoral venezolano ante el mundo. La falta del liderazgo fue prometer una respuesta oportuna a este y cualquier otro escollo, respuesta que no se vio. Para los ciudadanos tal ausencia ha significado un sentimiento bastante negativo y es justo que haya reclamos. Nuestro apoyo no es un cheque en blanco ni tiene por qué estar exento de críticas.
El fin de las protestas sin que el chavismo parara su escalada autoritaria ha dejado a un número altísimo venezolanos hundido en una completa desesperanza, con la idea de que la única forma de no vivir de forma abyecta es empacar y marcharse a probar suerte en otro lugar. Los resultados de las elecciones muy probablemente aumentarán dicha tendencia. Pero, de todas formas, la gente que se fue, está por irse o aún quiere seguir aquí se pregunta «¿Y ahora qué?» con respecto al porvenir nacional. La fe del hombre común en el voto como forma de lucha política parece que esta vez sí ha sido completamente dinamitada, al menos mientras el CNE siga siendo una dependencia del PSUV. Para quienes siguen dispuestos a hacer algo surgen nuevos paradigmas. Sobre eso, se espera una respuesta rápida del liderazgo, a pesar de la complejidad de la situación.
Ya desde el poder se está asomando que habrá una convocatoria a elecciones municipales. El próximo año hay, en teoría, presidenciales. ¿La oposición participará en ellas? Si lo decidiera así, ¿cabe esperar que la gente acuda a las urnas? ¿Y qué hay de la «constituyente» impidiendo a los gobernadores opositores electos tomar posesión de sus cargos, como de seguro hará con los alcaldes? La primera de estas preguntas condiciona las demás, así que por ahora conviene concentrarse en ella.
Voceros de los partidos de la MUD han dicho que están evaluando la situación para decidir si inscriben candidatos o no. Sin embargo, algunas de las organizaciones ya han descartado las elecciones como instrumento expresivo de la voluntad del pueblo, si primero no se cambia la composición del Poder Electoral.
Pareciera que una vez más estamos en la disyuntiva de 2005, cuando la oposición decidió abstenerse de los comicios parlamentarios, bajo el argumento de que el sistema era tan injusto que imposibilita cualquier resultado distinto al que el oficialismo quisiera. A pesar de las emociones imperantes hace 12 años, al poco tiempo se llegó a un consenso sobre lo equivocado que fue abandonar las urnas entonces. Pero, cualquier comparación amerita revisar el contexto para juzgar si lo que fue incorrecto entonces también lo es hoy.
En 2005, la principal premisa para salvar el sufragio fue que veníamos de un fraude total en el referéndum presidencial del que Hugo Chávez salió airoso. Pero esa denuncia tuvo una escasa resonancia más allá de la propia oposición venezolana. Ningún país desconoció el «No» a la salida del Presidente. Dentro de nuestras propias puertas, nadie fue capaz de demostrar, como dicen, «con los pelos del burro en la mano», que los números fueron alterados, a pesar de que el CNE, bajo la dirección de Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez, ya había comenzado a hacer explícita su parcialidad. Hubo promesas de evidencias que nunca se cumplieron.
Pero además, hay otros aspectos que marcaron la diferencia con la actualidad. En 2004 y 2005, el chavismo a los ojos de buena parte de los venezolanos y del mundo era un movimiento político fresco y esperanzador. Gozaba de un halo que las elites intelectuales globales, y sobre todo latinoamericanas, colocan a casi todos los movimientos de izquierda políticamente exitosos. La oposición era vista por muchos como un puñado de reaccionarios dispuesto a lo que fuera con tal de poner fin a la revolución y preservar sus privilegios. Entiéndase, cuando apenas iniciaba el boom de los precios del petróleo más grande de la historia y había dólares por montón con control de cambio, fue fácil para Chávez crear un espejismo de riqueza distribuida con justicia social.
Más de una década después, el panorama es totalmente opuesto. Tras perder el control de la Asamblea Nacional, el chavismo ha demostrado que ni siquiera como minoría está dispuesto a tolerar que la voluntad de quienes lo adversan se cumpla. Así, el Parlamento fue despojado de todos sus poderes, primero por el TSJ y luego, en vista de que ello levantó una oleada de repudio en el extranjero y asomó la posibilidad de aislamiento financiero, mediante la «ANC», cuya «elección» debía revertirla de legitimidad. El tiro salió por la culata, pues la condena internacional se afincó y la «constituyente» es impresentable a los ojos de la mayoría de los gobiernos democráticos por su concepción a dedo presidencial y sus poderes absolutos. La represión salvaje de protestas de civiles indefensos durante cuatro meses hizo también un daño enorme a la imagen del Gobierno. Todo esto en medio de una tragedia humanitaria caracterizada por el hambre de millones de personas, escasez severa de cualquier medicamento y un sistema de salud pública en ruinas. Es la consecuencia del colapso del rentismo petrolero (no inventado por Chávez pero sí exacerbado por él), aunado a experimentos económicos neoestalinistas que solo han pulverizado el poder adquisitivo de la gente.
Con las elecciones regionales convocadas, la comunidad internacional alentó la participación de buena fe y pidió condiciones justas. No las hubo y el resultado de la contienda quedó deslegitimado. Al CNE lo señalan como corresponsable y, en concordancia con lo planteado por parte de la MUD y organizaciones opositoras alternas, hay un reconocimiento de que sin otro árbitro no habrá juego limpio.
Cualquier análisis de la situación política actual que no tenga en cuenta lo expuesto hasta aquí está destinado a estrellarse con un muro, y no lo digo por creerme un iluminado sino porque, al contrario, es de sentido común. Cuesta creer que los ciudadanos venezolanos y el mundo vean la conveniencia de volver a votar sin garantías, una vez que dicha falta quedó demostrada el domingo. Urge actuar acorde. Como diría Marianella Salazar en sus artículos de opinión o Franklin Vírgüez en sus populares videos: Tic tac.
@AAAD25
