Pacto de supervivencia, por Marianella Salazar

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El país vive sus horas más lúgubres, posiblemente, desde la Guerra de Independencia y las subsiguientes guerras civiles que nos azotaron cuando éramos los Estados Unidos de Venezuela.

El plebiscito del 16 de julio marcó un hito de participación ciudadana y el final de una epopeya que desnudó al régimen ante el mundo por la sanguinaria crueldad con la que asesinó a jóvenes, cuyas vidas no fueron suficiente para activar un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional que conminara al presidente a renunciar, como lo hizo Chávez en 2002, cuando intentó activar el Plan Ávila con la misma finalidad criminal de masacrar a un pueblo que lo repudiaba.

El 16 de octubre se producirá finalmente el pacto PSUV-MUD, que permitirá al régimen gobernar a través de una ilegítima asamblea constituyente, y significará la supervivencia quintarrepublicana de los partidos políticos, que podrán alimentar sus arcas a través de los gobernadores electos. El 16-J sirvió para dar las cifras de votantes que necesitaba el CNE para activar el fraude constituyente y producir una gran frustración sobre las expectativas creadas por la MUD con la salida del régimen.

Ex presidentes y mandatarios de otros países hablan de su indignación ante el triste papel al que fueron expuestos como garantes de un proceso que estuvo muy lejos de convocar un gobierno de unidad nacional y el nombramiento de los poderes públicos en la solemnidad del hemiciclo del Parlamento, con la presencia del cuerpo diplomático y no con un sainete en una plaza en Las Mercedes o en el Teatro Chacao, donde Henry Ramos Allup, artífice del acuerdo de supervivencia mutua (MUD-PSUV), sorpresivamente anunciara la convocatoria a elecciones regionales, cuando el CNE (que él se negó a designar junto con Un Nuevo Tiempo) lo dispusiera y con las condiciones que este decidiera.

Han dejado a una gran masa opositora en un callejón sin salida, obligada a cohonestar al régimen a través de comicios regionales con un árbitro electoral acusado de fraude por la misma oposición y por Smartmatic, la empresa que maneja la tecnología electoral de uno de los sistemas más siniestros del mundo, como lo demostró el informe de Súmate en 2005.

El 16 de octubre, los gobernadores que resulten favorecidos tendrán que ir de rodillas a juramentarse ante la asamblea constituyente, de lo contrario irán a la cárcel, como lo anunciaron la inefable Iris Valera y otros voceros oficialistas. La convivencia entre gobernaciones opositoras y ANC convertirá a la AN en un ente castrado. Cabe destacar que, según los acuerdos de 2015, luego de Ramos Allup y Julio Borges, toca la presidencia de la AN a Un Nuevo Tiempo; durante el ejercicio de Ramos Allup se cedieron las competencias; con Borges, las instalaciones; cabe preguntarse qué entregará UNT, experto en “negociar” y urdir diálogos para oxigenar al régimen.

Pero hay variables que no pueden ser controladas con pactos secretos o en tinieblas: la debacle económica, la mortandad por hambre, la delincuencia desbordada, el repunte de enfermedades decadentes ya superadas que harán de la Navidad 2017 un escenario de alta tensión, que podría conllevar un estallido social que cambiaría de manera dramática a los protagonistas y las reglas del juego.

La valiente posición de Antonio Ledezma y María Corina Machado, al nadar contra la corriente y no participar en las regionales con un poder viciado de fraude, como el del CNE, los eleva políticamente y hace un quiebre en la dirigencia opositora con miras a una solución política y negociada que parte de manera inequívoca con la salida de Maduro como eje para el cambio, sin medias tintas ni ambigüedades. A partir del 16-O hay una dirigencia política que capitalizará el hastío y la resignación de la mayoría de los venezolanos.

 

@AliasMalula

El Nacional 

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