Dieciocho boletas de excarcelación de presos políticos siguen sin ejecutarse. El SEBIN, pues todos los presos a los que hago referencia están recluidos en El Helicoide en Caracas, sencillamente no las cumple. Entre los afectados por tan cuestionable proceder, están personas cuyas investigaciones penales han sido formalmente finalizadas –sobreseídas- por los tribunales; otras a las que un Tribunal les cambió su privación preventiva de la libertad durante el proceso por una medida cautelar que, aunque les supone algunas restricciones, al menos les permite estar en sus casas y otras, en los casos más graves, ya tienen cumplida la pena que se les impuso injustamente, por lo que no le deben nada a nadie. Puede que los jueces a los que estos funcionarios, les guste o no, están subordinados, se las ratifiquen una, dos o más veces, que les recuerden permanentemente que tienen allí a unas personas que hace ya tiempo deberían haber salido en libertad, pero eso para los funcionarios que allí medran no tienen ninguna importancia. Los oficiales de menor jerarquía se excusan, o al menos así lo creen ellos, en las “órdenes superiores”, y te lo dicen en la cara como si te estuvieran dando la hora, sin inmutarse. Los de mayor rango no dan la bendita “orden superior”, seguramente porque ellos también las están esperando ¿De quién? Depende. Cada estrato, cada componente, de nuestro intrincado sistema de cuerpos policiales presta su lealtad a un amo distinto. Lo único que está claro es que todos los que actúan de esa forma, que más temprano que tarde les pasará factura, creen a pie juntillas que están por encima de la Constitución y de la ley. No es a las normas, ni siquiera a las de “la Bolivariana”, a las que les deben su obediencia.
Un tribunal militar en Aragua decide que no es competente para seguir conociendo la causa seguida a los 27 jóvenes de la UPEL detenidos en el mes de junio y remite las actas a los tribunales ordinarios. De manera extraña, aun reconociéndose como incompetente (lo que implica que no podía ni puede decidir nada en relación a ese asunto, más allá de la declaratoria de su propia inidoneidad para atender el caso sometido a su consideración) acuerda sin embargo la libertad bajo cautelares de todos ellos, emite las correspondientes boletas de excarcelación y les ordena a los jóvenes que se presenten al día siguiente de su liberación ante el tribunal ordinario para que allí se decida su destino. En otras palabras, debían ser liberados, todos, esa misma noche, porque así lo había dispuesto un tribunal. Pero no. A criterio de algunos, así no funcionan las cosas. Apenas conocida la decisión, el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Aragua, un Coronel de la GNB, dictamina, pasando por encima del juez y sin tener competencias para ello, que esas excarcelaciones no existen, y mantiene a los muchachos y muchachas de la UPEL detenidos hasta que son presentados de nuevo (otro absurdo que quedará para historia judicial del país, esto de presentar ante los tribunales dos veces a las mismas personas por los mismos hechos) ante un tribunal ordinario que, para mayor asombro de todos los abogados presentes “anula” selectivamente lo que le conviene anular del proceso previo, lo cual no podía hacer porque dicha causa había sido adelantada e instruida por jueces de su misma jerarquía pero que, por la materia, se habían declarado totalmente incompetentes; libera, eso sí, bajo cautelares, a los 22 estudiantes a favor los cuales la Fiscalía Militar había solicitado la libertad plena, y “deja pegados”, o lo que es igual, injustamente privados de su libertad, a los 5 jóvenes a los que la Fiscalía Militar sí había acusado. En otras palabras, el juez ordinario en Aragua “anuló todo el proceso”, pero no la acusación que era parte de éste, al menos no la parte de ella que pretendía que a al menos 5 estudiantes de la UPEL se les continuara el proceso privados de su libertad.
Cuando yo trabajé como “Asistente II” (léase, como escribiente) en el Tribunal Penal que dirigía el juez que fue uno de mis más importantes mentores, uno de esos jueces de los que ya no hay, Frank Vecchionacce, si se libraba una orden de excarcelación y no era obedecida ipso facto, el funcionario o los funcionarios encargados de esa custodia iban presos de inmediato por privación ilegítima de la libertad, y además eran sujetos a un proceso disciplinario, para destituirlos de sus cargos. El Dr. Vecchionacce era estricto en sus condenas, pero también, cuando correspondía, en sus absoluciones. Recuerdo que incluso bajo la vigencia del muy represivo y derogado Código de Enjuiciamiento Criminal de 1962, que fue sustituido en 1998 por el COPP que es mucho más garantista, cada vez que se ordenaba la libertad de una persona en el Tribunal se montaba guardia para verificar que la instrucción se cumpliera, como lo pautaban la Constitución de entonces y la ley, sin demora alguna. A quien había cometido un delito, el menos en ese tribunal, se le castigaba con severidad, pero a nadie se le dejaba tras las rejas si era inocente o más tiempo del que verdaderamente le correspondiera si era culpable. Eso era impensable.
Ahora es otra cosa. Cuando le reclamas a los jueces que los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad no están cumpliendo sus órdenes judiciales, sean cuales sean, se encogen de hombros y te dicen que eso “escapa de su control”, y te lo dicen incluso aunque el cargo que tengan sea precisamente ese: el de Jueces de Control. Si interpones un amparo (que en materia de resguardo constitucional a la libertad o seguridad personales se denomina Hábeas Corpus), cuando no se “pelotean” esa “papa caliente” de un tribunal a otro por días, semanas o meses, lo más que llegan a hacer es mandar un oficio, que jamás les responden, para preguntarle al Cuerpo de Seguridad de que se trate si es verdad o no que ha incumplido con las órdenes dictadas. Y hasta allí llega todo. Exigir que se reclame del cuerpo policial respuesta oportuna y con la celeridad que estos casos ameritan es visto como un “ataque”, y la falta de aquella, (imaginemos de nuevo el encogimiento de hombros) esta “fuera del control” del juez.
¡Ah! Pero que no se te ocurra ante esos mismos jueces leer la Constitución y exigir que se cumpla, argumentar que las miles de detenciones de personas por hacer lo que nuestra Carta Magna les permite hacer, que es alzar su voz en paz contra los desatinos y abusos del gobierno, son arbitrarias, que es un hecho comprobado que las investigaciones penales que se le siguen a los manifestantes y a los disidentes u opositores no tienen pies ni cabeza, o que ha habido excesos claros en la represión de las manifestaciones recientes contra el poder, porque ahí sí que el cargo y la “dignidad del poder judicial” se les suben a la cabeza y te reclaman “respeto al gobierno” y “a su autoridad”, como lo hizo recientemente una Juez Militar, que arbitrariamente expulsó a unos abogados defensores de la sala de audiencias, obligando a los defendidos a aceptar, contra su voluntad, defensa pública, porque ella no iba a tolerar que en su tribunal “se hablara mal del gobierno”.
Ante los que saben que no van a pasarles factura inmediata, como no sea la de denunciarlos y esperar que la justicia, que llegará, les declare responsables por sus actos y omisiones, estos jueces de ahora les caen encima y los apabullan cada vez que pueden, pero ante un uniforme y una chapa policial son unos “mazo quebrado”, pues les tiemblan las piernas, se les escapa la valentía y se les atraganta, y olvida, la responsabilidad que les viene con el cargo.
Ningún sistema de justicia puede progresar si los policías y demás miembros de los cuerpos de seguridad hacen con las decisiones judiciales lo que les viene en gana. Ningún juez puede ser llamado tal, si su auctoritas no va más allá de las cuatro paredes de su despacho. Parafraseando a Bolívar: “Llamarse juez, para no serlo, es el colmo de la miseria”.
@HimiobSantome
