Informe Otálvora: Brasil y Chile imponen sanciones a gobierno Maduro
Informe Otálvora: Brasil y Chile imponen sanciones a gobierno Maduro

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Los cancilleres de Argentina, Paraguay, Brasil y Chile reunidos en Nueva York el 20SEP17 para analizar “tema Venezuela”. Foto: Cancillería Itamaraty

Edgar C. Otálvora /@ecotalvora

Diario Las Américas

La reelección presidencial indefinida es un “derecho humano” según el boliviano Evo Morales, quien pretende postularse en 2019 para un cuarto gobierno consecutivo. Morales convocó a un referendo el 21FEB16 para aprobar una reforma constitucional que permitiera la reelección eterna al estilo de Hugo Chávez y Daniel Ortega. Si bien el referendo fue contrario a sus deseos, Morales ordenó a su partido precisar una fórmula para burlar los resultados de la consulta. Morales pretende que su Tribunal Constitucional declare “inaplicables” los artículos constitucionales que prohíben una nueva reelección. Los “derechos humanos” de Morales de perpetuarse en el poder estarían por encima de los derechos políticos de todos los bolivianos según los propagandistas del castrochavismo en Bolivia.

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La noche del 18SEP17 se produjo en Nueva York un hecho poco frecuente. El gobierno de EEUU organizó una cena de Donald Trump con gobernantes claves de Latinoamérica para enviar un mensaje público sobre la conformación de una alianza panamericana para actuar sobre Venezuela. La lista de países invitados incluía a México, Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Una crisis de gabinete impidió que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski viajara a Nueva York, mientras los mandatarios de México y Argentina optaron por no participar personalmente en la asamblea de la ONU. La reunión se produjo en el salón Reid del hotel Lotte New York Palace convertido en cuartel general de la diplomacia estadounidense con motivo de la Asamblea General. Los presidentes de Brasil, Colombia, Panamá, la vicepresidente de Argentina y sus respectivos cancilleres, compartieron mesa con el mandatario estadounidense. Juan Manuel Santos fue colocado en posición central frente a Trump. Por cierto, Colombia sentó a cuatro miembros a la mesa, ya que además de Santos y su canciller María Angela Holguín, compartieron manteles el embajador colombiano en Washington Camilo Reyes y la ministro de Comercio María Lorena Gutierrez. Michel Temer estaba escoltado por Aloysio Nunes, el panameño Juan Carlos Varela tenía a su derecha a la vicepresidente y canciller Isabel Saint Malo, mientras la vicepresidente de Argentina, Gabriela Michetti era acompañada por su canciller Jorge Faurie.

Del otro lado de la mesa estaban los más importantes nombres del gobierno de EEUU, mostrando la relevancia que la Casa Blanca le confirió al acto. Trump se hizo acompañar del vicepresidente Mike Pence, el Secretario de Estado Rex Tillerson, la representante ante la ONU (miembro del gabinete ministerial y probable reemplazo de Tillerson) Nikki Haley, el jefe del gabinete (exjefe del Comando Sur) John Kelly, el asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster, además de personal del Departamento de Estado. La reunión no tenía el propósito de debatir acciones específicas sobre el gobierno Maduro las cuales se analizan y concretan en las constantes conversaciones que mantienen las cancillerías de la región.

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El 19SEP17 comenzó la larga lista de intervenciones de mandatarios y cancilleres en el “Debate General” de la Asamblea anual de la ONU. Desde el primer orador, puesto tradicionalmente reservado a Brasil, el “tema Venezuela” se hizo presente en decenas de intervenciones ratificando que la crisis venezolana se ha convertido en un asunto global. Trump dedicó una página del total de once que contenían su discurso a denunciar la “dictadura socialista” de Maduro que junto a Corea del Norte, Irán, ISIS y Siria serían las “amenazas más graves” que enfrenta EEUU. “El problema de Venezuela no es que aplicaron mal el socialismo. El problema es que fue exactamente implementado”, afirmó Trump quien hizo referencia a las sanciones aplicadas por EEUU al “corrupto” gobierno Maduro. Trump advirtió que estaba listo para anunciar nuevas sanciones si Maduro “persiste en imponer normas autoritarias a los venezolanos”. De hecho, la embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, confirmó el 21SEP17 que su gobierno incluye un “embargo petrolero” entre las opciones a aplicar en caso de no producirse la redemocratización de Venezuela. Desde la acusación sobre “violación sistemática de Derechos Humanos” hecha por la vicepresidente argentina, hasta las exigencias hechas por diversos mandatarios de negociaciones “serias” y “creíbles” con la oposición, la tribuna de la ONU fue escenario en el 2017 para mostrar la mala reputación adquirida por el régimen chavista. Salvo las intervenciones de socios políticos como Cuba, Bolivia y El Salvador, y el espaldarazo de interesados acreedores como Rusia, el gobierno Maduro se mostró aislado y repudiado. Maduro optó por no asistir a la ONU, prefiriendo  embarcarse a media noche del 21SEP17 con rumbo a La Habana.

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El “Grupo de Lima” formado por doce gobiernos americanos que procuran “la restauración de la democracia” en Venezuela, se reunió el 20SEP17 en Nueva York. En el encuentro participaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, el vicecanciller de Panamá y el Director para las Américas de Perú. Al grupo se sumaron los representantes de tres países caribeños: Jamaica, Guyana y Santa Lucia. El grupo deberá emitir un comunicado el 23SEP17, pero sus voceros adelantaron que ratifican el contenido de la Declaración de Lima del 08AGO17 según la cual en Venezuela se ha producido una “ruptura del orden democrático”. Acordaron mantener la presión diplomática sobre el régimen chavista y esperar resultados del nuevo “diálogo” que eventualmente abriría Maduro y la alianza opositora MUD en el cual Chile y Paraguay actuarían como “garantes” a solicitud de la oposición. Para “alcanzar resultados positivos, dichos acercamientos deben ser desarrollados con buena fe, reglas, objetivos y plazos claros, así como garantías de cumplimiento, para lo que resulta esencial el acompañamiento internacional de este esfuerzo”, reza el comunicado del Grupo de Lima que denuncia al gobierno Maduro por quebrantar “las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores interamericanos, reprime el disenso político, mantiene presos políticos y viola los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas”. Los cancilleres de los países del Grupo de Lima planean reunirse nuevamente en Canadá a mediados de octubre para una nueva revisión de la situación en Venezuela.

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Si bien existe un virtual consenso entre los mandatarios de Latinoamérica para no aplicar sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro, casi simultáneamente los gobiernos de Brasil y Chile anunciaron la decisión de suspender la aplicación de acuerdos bancarios y comerciales con Venezuela. Ambos países decidieron excluir al Banco Central de Venezuela de las ventajas del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos que mantienen doce países latinoamericanos.

Mediante ese convenio, los países miembros crearon un mecanismo para reducir las transferencias de divisas asociadas a las importaciones y exportaciones. Sus  bancos centrales mantiene líneas de crédito a favor de cada uno de los restantes bancos centrales para el pago de importaciones y, cada cuatro meses se realizan compensaciones entre el monto de importaciones versus el monto de exportaciones, tras lo cual el país con saldo deudor paga al acreedor. El acuerdo, establecido en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) desde 1982, se sustenta en la confianza mutua entre los bancos centrales y tiene como objeto promover la integración al reducir el monto de dólares necesarios para las transacciones comerciales entre los países de la región.

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Tal como adelantara el Informe Otálvora del 02SEP17, el gobierno de Brasil ya daba como un hecho que Venezuela no cumpliría con pagos por US$ 260 millones que el Banco Central venezolano debía realizar en agosto por concepto de deuda comercial. La deuda total del Banco Central de Venezuela con Brasil en el marco del convenio de pagos de Aladi sería, según fuentes oficiales brasileñas, de poco más de mil millones de dólares. Ante el incumplimiento del pago, el Banco Central de Brasil decidió el 15SEP17 excluir a Venezuela del convenio Aladi. Ya el gobierno de Brasil no garantizará el pago a los productores brasileños que realicen ventas a crédito a Venezuela.

Según la cancillería brasileña, la deuda total del gobierno chavista con Brasil alcanzaría los US$ 5.000 millones, de los cuales US$ 3.800 vencerían antes de finalizar el año 2017. Buena parte de esa deuda, por cierto, corresponde a créditos otorgados por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, mediante el  estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, para financiar proyectos contratados por el régimen chavista con las empresas constructoras Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutierrez. Las sombras de la corrupción sobrevuelan sobre la deuda adquirida por el chavismo con Brasil.

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Al igual que en el caso brasileño, el Banco Central de Venezuela se mantiene en estado de insolvencia ante su homólogo chileno. El Banco Central de Chile emitió el 20SEP17 un comunicado informando su decisión de excluir al Banco Central de Venezuela de las ventajas del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos.

Según el comunicado chileno, el Banco Central de Venezuela mostró “sucesivos incumplimientos en la cancelación de sus saldos netos deudores durante el 2017”. Chile habría tomado medidas desde el año 2014 para reducir el riesgo que representaba una creciente deuda y usuales estados de mora por parte de su homólogo venezolano. La deuda actual es baja, de sólo US$ 2,1 millones, pero los chilenos no están dispuestos a poner en riesgo los activos de su Banco Central dado “el progresivo deterioro de los indicadores financieros de Venezuela y el comportamiento del BCV en años anteriores”. Chile anunció igualmente que ya “ha comenzado a hacer las gestiones de cobro”.

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Según fuentes oficiales colombianas consultadas para este Informe, el gobierno de Maduro debe US$ 472 millones a empresarios colombianos por compras realizadas desde el año 2008, incluyendo exportaciones de medicinas desde Colombia por un monto de US$ 51 millones durante los años 2014-2015.  Tanto la empresa aérea Avianca como el propio gobierno colombiano tienen retenidos en Venezuela cantidades de moneda venezolana en espera de que les proporcionen divisas. La deuda venezolana con Avianca sería de al menos US$ 236 millones, mientras que la Cancillería colombiana tendría retenidos en Venezuela US$ 4 millones. El caso de la Embajada colombiana se repite en decenas de misiones diplomáticas presentes en Caracas.