La economía tiene un lenguaje tan propio de su discurrir, que a la política le resulta difícil interpretarlo con la exactitud que sus exigencias dictaminan. Y cuando logra hacerlo, no comprende su rigurosidad. El problema no es tanto de naturaleza dialéctica, como de índole conceptual. Inclusive, metodológico. En 1776, año de la declaración de independencia de los Estados Unidos, Adam Smith, estudioso escocés, en su obra: La Riqueza de las Naciones, había referido dicho problema. Su explicación exhortaba a la empresa privada, o sea el actor político cuya fuerza determina la dinámica económica, a liberarse del yugo del control gubernamental toda vez que, a su juicio, las decisiones del sector de la producción son encauzadas por los intereses de los consumidores. Y en medio de tan preciso juego, no cabe nadie más. De hecho, escribió “hay una mano invisible que lleva al productor a promover los intereses de la sociedad”. En ese sentido fue categórico, pues añadió que “en la búsqueda de su propio interés, el productor frecuentemente promueve el interés de la sociedad, más efectivamente que cuando realmente intenta promoverlo”.
Sin embargo, la avidez del gobernante por imponer sus criterios administrativos, apoyándose en la manipulación del mensaje tal como el poder lo permite, lo lleva a no entender la autonomía que reviste el concepto de “libertad económica”. Y esta tergiversación de las disposiciones que rigen la economía en su devenir, sumada a la tentación que le infunde el ejercicio de la autoridad que el poder incita como recurso de subordinación y coerción, genera un grave problema de conciliación entre la movilidad de la economía y la dinámica política. Esta rivalidad, hace empeorar la situación que sirve de terreno a las realidades en conflicto.
Este mismo problema fue estudiado por el economista John Maynard Keynes, profundamente angustiado por lo que significó la depresión de los años treinta, del siglo XX. Su análisis le permitió inferir que buena parte del referido antagonismo, tenía su causa en los estrechos limites que diferencian las funciones del gobierno y las de la empresa privada. Y aunque teóricamente, la postura Keynesiana lucía contradictoria a la de Smith, la diferencia se disipaba al comprender y reconocer que el gobierno debe hacer más en algunos aspectos y menos en otros. De esta forma, habrá un equilibrio que podría compensar las desigualdades inducidas por el problema mismo. Así lo que llegase a faltar o necesitarse, podría canalizarse por el factor de mayor arrastre ante la contingencia. Pero con el tiempo, ha sucedido que la exasperación de ideologías comulgantes con postulados empeñados en reivindicar el manejo totalitario de la economía por parte de órganos de gobierno autoritarios, ha devenido en presunciones que en nada o poco se corresponden con las exigencias trazadas por la economía en su contexto más amplio.
Este problema, aunque vetusto en el espacio histórico de la modernidad, ha venido adquiriendo nuevas maneras de demostrar la magnitud de su insidia. Sobre todo, en un ámbito de gobierno precedido y presidido por criterios políticos de marcado sectarismo ideológico. El ejemplo que penosamente representa Venezuela, configura en esencia lo que crudamente padece toda vez que la política presume regular la movilidad económica mediante imposiciones desarticuladas e inconsistentes.
La última presunción ordenada con ínfulas militaristas, fue apodado por el mismo gobierno: “Plan para la Paz y la Prosperidad Económica”. Ni lo uno ni lo otro. Sino todo lo contrario. Aunque pareciera un programa de circo cuyo número central lo ejecutan petulantes payasos acróbatas quienes para ocultar su tambaleo, se apoyan en la estridencia de atronadores sonidos cuyos retumbos obligan a desviar la atención hacia luces de intensidad policroma. En fin, todo un espectáculo de engañosa elaboración. Sin fundamento, ni razón alguna.
Igual a lo que encubre la noción de “prosperidad económica” sin revelar la significación de “libertad económica”, el alto gobierno venezolano pretendió enrarecer con bulla lo que no pudo engrandecer con razones. Todo terminó por demostrar que lejos de enfrentar la causa de los problemas económicos que agobiaron el concepto de “economía productiva”, tal como lo exalta la teoría económica, el tratamiento gubernamental basó su propuesta en crasos paliativos que sólo oscurecieron las realidades económicas. Y que desde luego, contravienen preceptos políticos institucionales. Y más aún, enredan todo el andamiaje sobre el cual descansa la dinámica social nacional.
Cada vez que el régimen decreta un incremento salarial, el país se estremece bajo el ímpetu del desacomodo que genera en toda dirección. Con tan escabrosas medidas, se extravían los arreglos posibles de concordar la política con la economía. O viceversa. Sin claridad de cómo habrá de financiarse cada aumento de salario, las capacidades productivas se constriñen ante sus propias potencialidades, provocando mayor contracción, más inflación y acrecencia del desempleo y del hambre, en particular. Por supuesto, la corrupción galopando con más empuje. En fin, los problemas se acumulan a mayor escala y velocidad.
La economía sufre del asedio de burdas medidas politiqueras que embrollan todavía más la situación de caos social y financiero que actualmente padece el país. La absurda decisión de empoderar los CLAP, al lado de Consejos Comunales ilegítimos, bajo la paranoia de la llamada “Nueva Geometría del Poder”, tenderá a agudizar la escasez de alimentos y medicamentos que ya agobia al país. Además, dislocará, definitivamente, la “calidad de vida” como secuela del progresivo deterioro de las condiciones de vida del venezolano.
Así se tiene que las amenazas que estos problemas alientan, disparará lo peor de la delincuencia, la violencia y de la inseguridad, como en efecto está viéndose. Más, cuando está observándose un episodio de peligrosas incidencias. O sea, un “corralito financiero” como consecuencia de la insuficiencia de billetes. Por dicha razón, el régimen ha ordenado la utilización de una supuesta plataforma electrónica para conciliar la oferta y la demanda de bienes y servicios, sin reconocer que tal manejo operativo bancario carece del debido respaldo tecnológico extendido nacionalmente. Y al lado de esto, dictamina una ley para forzar la regulación de precios de productos de uso y consumo cotidiano. Todo ello, sin pautar el ordenamiento necesario de los factores de producción relacionados con los mismos lo cual terminará convirtiéndose en un vulgar chantaje en detrimento de los esfuerzos impelidos por la propia dinámica económica.
Así que frente a tanto garrotazo propinado a través de la desvergonzada y recurrente intromisión del régimen en la economía con denigrantes resultados, evidencia que estos gobernantes tienen como calificación académica: (cero) (cero) en economía.
@ajmonagas
