Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

En pleno fragor de las manifestaciones antigubernamentales, el Ministerio de Relaciones Interiores elaboró una estadística sobre los “actos terroristas” perpetrados en todo el país.

La estadística no se explica con un marco teórico ni con una definición operativa. Uno supone que lo allí plasmado se refiere a la cantidad de expedientes iniciados tomando en cuenta el enunciado de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. El texto, en su artículo 4 lo describe como todo “acto intencionado (,,,) cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o a destruir las estructuras políticas fundamentales”.

Como se ve, entonces, esta ley está orientada esencialmente a proteger al Estado de los ataques de individualidades u organizaciones, ya sea subnacionales o transnacionales, que intenten subvertir el orden.

Entonces, se puede entender mejor el sesgo con el que fueron recopiladas y sistematizadas las cifras sobre los 72 actos calificados como “terroristas” durante la primera mitad del año. En el 54% de tales episodios, el Estado figura como víctima. El escenario de la mayoría de los reportes fue Barinas, con 23.

¿Qué tuvieron de terroristas los saqueos y vandalismos ocurridos en esta comarca durante los días 15 al 28 de mayo? Cuando se pone la lupa sobre los reportes de esas protestas, nos percatamos de que para el Gobierno ser “terrorista” tiene muy poco que ver con la intimidación y mucho con el lugar de donde surja la acción. En dos platos, si se es opositor o simplemente no se está alineado con los designios del régimen, el riesgo de ser tachado de terrorista se incrementa enormemente.

Mayo, por cierto, fue clave en la estadística oficial, pues fue el mes en que ocurrió el 65% de los casos. No es coincidencia que este haya sido el mes en que se elevó a amarillo el nivel de alerta de la operación Zamora. Estaba en su apogeo el discurso militar para la construcción de un enemigo interno.

En todas partes del mundo, la calificación de una conducta como terrorista es un acto del poder. Un ciudadano de a pie puede sostener –incluso con razón- que ha sido víctima del terrorismo, pero sus palabras caerán en el vacío hasta que una instancia con capacidad de decisión, principalmente ejecutiva o judicial, así lo certifique.

Este es un punto sobre el que hay que reparar durante la nueva fase de conflicto político que vive el país. Si los poderes públicos están secuestrados, como pareciera ocurrir en Venezuela, predominará la tendencia a tachar de terrorista cualquier manifestación de disenso, y en consecuencia se podrá desatar contra sus promotores toda la furia del Estado. Se podrá desaparecer líderes opositores y arremeter con blindados contra instalaciones residenciales. Esto, que ya forma parte del menú del más puro terrorismo de Estado, permanecerá en la absoluta impunidad, hasta que llegue un nuevo poder a examinar lo ocurrido. Entonces, podrá ser muy tarde.

Breves

* Uno de los problemas que viene reportándose en la Fuerza Armada es el incumplimiento de las distintas órdenes y directrices impartidas desde la superioridad castrense. Por ejemplo, han sido permanentes los recordatorios sobre la necesidad de implantar mecanismos más estrictos para el registro y la supervisión de las armas en cada unidad. El desorden en esta materia se presta para la sustracción de elementos como las municiones y las granadas. En un plano más general, pareciera existir un divorcio entre el Ministerio de la Defensa, comandado por Vladimir Padrino, y las unidades que son regidas a través del Comando Estratégico Operacional. Debido a esto, el 1 de septiembre, el general de división Gilberto Pulido, comandante de la zona operativa de defensa integral Trujillo, solicitó a los jefes de las unidades castrenses bajo su mando “leer y dar estricto cumplimiento” a las directrices emitidas por Padrino en la Guía de Planeamiento 2017, un extenso documento distribuido a principios de año que ha tenido escasa repercusión práctica en los cuarteles.

* La acción de la delincuencia amenaza con colapsar los servicios públicos en la capital del país. Así lo han reconocido en reuniones a puerta cerrada los responsables de Hidrocapital, Corpoelec y Cantv, a los efectos de elaborar un conjunto de propuestas para la campaña electoral del oficialismo. Los hurtos de partes y piezas, así como los asaltos a los vehículos de las diversas instituciones son frecuentes. Esto llega a un nivel tal que amenaza con privar de servicios de telecomunicaciones a municipios como Paz Castillo y Guarenas. Pero no hay ideas nuevas para contrarrestar la situación. La solución hallada fue más de lo mismo: elaborar un mapa de instalaciones estratégicas y “articular” lo referido a su vigilancia con la Fuerza Armada, a través de las zonas de defensa integral.

* El domingo 27 de agosto un grupo armado ingresó a la residencia del magistrado del Tribunal Supremo (designado por la Asamblea Nacional) Alejandro Rebolledo, quien actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos. El inmueble, ubicado en Prados del Este, era utilizado por un familiar del abogado para llevar a cabo una reunión de activistas de Voluntad Popular. Los asaltantes, altamente coordinados, se llevaron las prendas y el dinero en efectivo de todos los asistentes. Pero no los teléfonos. Uno de los invitados a este encuentro llegaba del exterior, y también fue despojado de los dólares que llevaba por funcionarios de la Guardia Nacional, emplazados en el aeropuerto de Maiquetía.