Los límites éticos del poder, por Jesús María Casal

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Desde su instalación, la supuesta Asamblea Constituyente, que no es expresión del poder constituyente del pueblo sino una imposición autoritaria, ha demostrado que no pretende ser un factor de renovación o dignificación de la política sino una confirmación y exacerbación hasta lo inimaginable de la manera de concentrar y ejercer despóticamente el poder característica de los últimos años. En lugar de procurar dar un ejemplo de elevación y tolerancia política, de sentar bases para el mutuo reconocimiento entre los venezolanos de diversas corrientes partidistas o ideológicas, la Constituyente espuria se ha perfilado abiertamente como un cuerpo hegemónico que en su actuación no deja mensaje alguno edificante desde el punto de vista de los valores constitucionales, de los principios republicanos o democráticos o de la garantía de los derechos humanos.

Responsabilidad y conciencia

Desde su origen es como sabemos un órgano desprovisto de legitimidad, nacido de la usurpación de la soberanía popular, por lo que tampoco desde este ángulo puede dar lección democrática alguna. Pero sus integrantes, como miembros de la nación venezolana, acaso podrían tener algún sentido de responsabilidad y conciencia política que les llevara a reconducir lo que surgió viciado y a convertirlo en una oportunidad para la reconciliación y la democratización. Sin embargo, todo indica que las actitudes que esa instancia usurpadora querría fomentar apuntan a que quien tiene la ocasión de apropiarse del poder, por cualquier vía, ha de aprovecharlo al máximo y debe emplearlo para liquidar las posibilidades de acción de los adversarios políticos, asumidos como enemigos. Debe usarlo también para oficializar su visión de la historia, colocando sobre aquéllos las culpas y el castigo. Es una exaltación de la soberbia del poder absoluto, de la irracionalidad que aspira erigirse en regla por medio de la fuerza.

Comisión de la verdad

Todo ello a partir de una completa falsificación de las situaciones que, se dice, van a ser examinadas a través de la comisión de la verdad. ¿Cómo puede el gobierno, o quienes están a su servicio, ser juez en una causa en la que agentes oficiales, de los cuerpos de seguridad o de la fuerza armada, han estado involucrados? El propio gobierno promovió una constituyente a espaldas del pueblo, al no haber permitido la celebración de un referendo previo sobre su convocatoria y bases comiciales, lo cual suscitó manifestaciones dirigidas a evitar excesos como los que están ocurriendo, por lo tanto, ¿Cómo puede ahora atribuir genéricamente a la dirigencia opositora o a algunos de sus integrantes la responsabilidad por las pérdidas humanas ocurridas con ocasión de tales protestas? Lo correcto sería investigar objetivamente los delitos cometidos por acciones individuales contrarias al carácter pacífico de las convocatorias, entre las que se encuentran homicidios perpetrados por agentes del Estado o colectivos armados. ¿Puede haber algo de justicia y de reconciliación en la criminalización anticipada de quienes acompañaron a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a la reunión y manifestación en lugares públicos? ¿Qué tipo de paz es la que se persigue, la verdadera, que surge del respeto a las diferencias y del reconocimiento de los derechos de todos, o aquella que es propia de los regímenes dictatoriales, que equivale a la tranquilidad en las calles y se apoya en el aplacamiento de cualquier disidencia o expresión de reclamo en espacios públicos?

Autonomía institucional

Lo cierto es que tal como la supuesta constituyente se ha conducido hasta el presente solo dejará una estela de injusticia, represión y caos antidemocrático. Arrasará con cualquier vestigio de autonomía institucional, como se evidenció con la arbitraria y nula remoción de la Fiscal General de la República y con el enjuiciamiento del diputado Ferrer con autorización de la Asamblea Nacional Constituyente, que usurpó atribuciones de la Asamblea Nacional. Se encamina también a embestir a la Asamblea Nacional, órgano insustituible de las Democracias al que bajo ningún concepto puede reemplazar como instancia plural de deliberación, legislación y control sobre el gobierno, un control que la llamada Constituyente no puede ni quiere instrumentar.

Aferrados a una última esperanza de rectificación, se propone detener esta insensatez y plantear soluciones para los problemas que aquejan al país. Si se quiere crear una comisión de la verdad, hay que acudir a actores con autoridad moral que merezcan la confianza de todas las partes, como el Vaticano o sus representantes, o el Secretario General de las Naciones Unidas. Tal vez si empezamos por allí se genere una dinámica distinta a la violencia institucionalizada que hoy amenaza con desolar el suelo patrio.

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