El ascenso de 140 oficiales al generalato venezolano, aunque parezca una cifra exagerada, representa realmente una sensible disminución con respecto a los años anteriores. Quizá en el Gobierno se dieron cuenta de que, como reza el refrán, hay mucho cacique para tan poco indio
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
En medio del desbarajuste ocasionado por las protestas generalizadas en el país, el presidente Nicolás Maduro ascendió a 140 oficiales a los distintos grados del generalato y sus equivalentes en la Armada.
Estos ascensos permiten extraer un conjunto de conclusiones, aunque no definitivas, sobre el curso de las cosas en el seno de la institución militar. Se trata de un tema que debe ser abordado y discutido por la sociedad en pleno, desde una perspectiva informada y con sentido profundamente civilista.
En primer lugar, la cifra incluye el caso de Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en respuesta a la citación que le hizo el Ministerio Público en calidad de imputado, por estar incurso en violaciones a los Derechos Humanos durante las acciones de represión contra quienes han participado en manifestaciones a partir de abril.
Maduro, y nadie más, envía un claro mensaje, tanto a lo interno de la Fuerza Armada como al país en general, sobre su disposición de jugar “cuadro cerrado” con aquellos militares que le son leales, incluso, violentando los límites que solían imponerles las leyes del país. Chávez también actuó así en 2010, cuando promovió al mismo grado al actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel, con el ánimo de despejar cualquier duda de su respaldo a un oficial que era señalado desde el Departamento del Tesoro de EEUU como pieza fundamental en el esquema de “drogas por armas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Pero hay otros aspectos relevantes en este proceso.
La cifra de 140 ascendidos a los grados de generales y almirantes pareciera desproporcionada para unas fuerzas militares que nunca han participado en una guerra regular. Ahora bien, todo depende del punto de comparación. Durante la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1999), lo usual era que aproximadamente 40 oficiales entraran en la élite del generalato o llegaran a la cúspide de la pirámide, representada entonces por el grado de general de división o vicealmirante. Si se toma en cuenta este promedio, los ascensos otorgados por Maduro este año fueron exorbitantes.
Pero las cifras de ascensos de los últimos años parecieran indicar otra cosa. Veamos.
Los primeros cuatro años de la serie corresponden a los ascensos al generalato decididos por Hugo Chávez entre 2009 y 2012. En ese lapso, el promedio anual de oficiales promovidos al grado superior fue 141. Durante la era Maduro la media ha sido 193. Es decir, el actual Presidente ha engrosado el generalato en promedio mucho mayor que el período en que Chávez fue más generoso con los profesionales de armas.
Maduro definitivamente devaluó los grados más importantes de la FANB. Los generales y almirantes son caciques sin indios que comandar. Esto puede guardar relación con un interés del Jefe del Estado por ganarse favores en la cúpula castrense, por caer bien en un medio del que poco o nada entiende.
Ahora bien, este año podría marcar una ruptura con la tendencia que traían los ascensos. En 2017 la cifra de oficiales favorecidos con los grados más altos de la FAN ha sido la menor de toda la década. Es posible que el presupuesto ya no dé para mantener tantos soles. También es posible que tantos soles acumulados tampoco hayan servido para darle luces al Gobierno.
Breves
* 1090 personas permanecen detenidas en locales de la Policía Nacional Bolivariana en Distrito Capital. Son 19 instalaciones, muchas de las cuales no reúnen las condiciones mínimas para esta finalidad. El cuerpo pionero del “nuevo modelo policial” aloja a sus presos en oficinas administrativas, habitaciones transformadas en celdas y todo tipo de espacio que pueda servir para mantener a detenidos. En fin, lo mismo que se hacía antes, cuando ese “nuevo modelo” no existía. Al 9% de la población bajo custodia de la PNB en Distrito Capital le imputan “alteración al orden público” y otros delitos, es decir, se trata de personas aprehendidas por protestar contra el Gobierno. 26 de ellos tienen menos de 20 años de edad. Están en las sedes de Boleíta, Coche, San Agustín, Antímano y El Valle, mezclados con presos por delitos comunes. Varios de ellos están en el proceso de tramitación de la fianza, pero han tenido dificultades para encontrar los fiadores que en cada caso son exigidos. Este factor viene a unirse a las dificultades que ya se afrontaba en las distintas sedes de la PNB para albergar a los presos, debido al retardo procesal y a la dilación del ministerio para Servicio Penitenciario para asignar los llamados “cupos” en los internados judiciales. Por ejemplo, 463 detenidos se encuentran en lo que llaman “fase de investigación”, mientras que 386 están a la espera de audiencia preliminar y otros 38 ya cumplen condena en estos lugares.
*El 24 de junio fue extraditado desde Colombia a EEUU el piloto y militar retirado venezolano Yazenki Antonio Lamas Rondón. Este hombre de 37 años de edad fue capturado en Bogotá el 9 de junio de 2016, en atención a una notificación roja cursada desde EEUU a través de Interpol. Es señalado de participar en el transporte con aviones de 1600 kilos de cocaína. Aunque había pasado a retiro en 2008, mantenía intactos sus nexos con oficiales activos de la Fuerza Armada, especialmente de la Aviación. La solicitud de extradición que cursó en la Corte Suprema de Colombia revela que los indicios de la participación de Lamas en el traslado de drogas fueron recabados entre abril de 2014 y noviembre de 2015, es decir, durante 19 meses. Pero se cree que sus actividades se remontan a mucho tiempo antes: “(…) Como parte del concierto para delinquir Lamas Rondón sobornó a autoridades militares venezolanas para evadir la interdicción de las aeronaves que entraban en el espacio aéreo venezolano desde Belice, Honduras, México, y otros países”. El oficial retirado gustaba utilizar aeronaves de matrícula estadounidense, en especial un King Air que una década atrás había pertenecido una agencia gubernamental norteamericana. Su último viaje a Colombia supuestamente tuvo dos propósitos: trazar alianzas con el clan Usuga (antes Los Urabeños) y presenciar una exposición de perros, por los que tiene gran afición. La revista Semana informó que el gobierno venezolano habría intentado disuadir al presidente Santos de dar la luz verde a la extradición de Lamas, durante una reunión en La Habana entre representantes de ambas administraciones. Lamas será enjuiciado en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.
*Un informe elaborado por el American Enterprise Institute, llamado Capos y corrupción (Kingpins and corruption) advierte el efecto que están teniendo sobre la delincuencia organizada transnacional los procesos simultáneos de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el involucramiento directo en el tráfico de drogas y el lavado de dinero de altos funcionarios del gobierno venezolano. Ambos aspectos están interconectados. Por una parte, hay elementos de la extinta guerrilla colombiana que han decidido incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o formar sus propios grupos, en especial en territorios que anteriormente eran ocupados por el Bloque Oriental, fronterizos con Venezuela. Los líderes más prominentes de la disidencia guerrillera serían Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, quien llegó a participar en las conversaciones de La Habana, y Géner García Molina, alias John 40, “uno de los líderes de las FARC que estuvo más involucrado en forma directa en el tráfico de drogas a través de Venezuela”. En cuanto al caso venezolano, el grupo de análisis advierte que “ninguna fuerza interna está en capacidad de confrontar esta criminalidad generalizada, lo que hace indispensables medidas internacionales de supervisión y aplicación de la ley”.
*Una de las localidades venezolanas que quizá esté recibiendo un importante impacto derivado de la ocupación de los espacios anteriormente dominados por las FARC sea el municipio Atures del estado Amazonas. Allí contaban 105 homicidios entre el 1 de enero y la semana pasada. Un poblador de la zona indicó que la violencia se desata los fines de semana, especialmente los días viernes y sábados, cuando las bandas conformadas por venezolanos y colombianos ajustan cuentas. El contrabando de cajas Clap se ha convertido en el gran negocio del lugar, y por ende en el principal motivo de las disputas. Aunque para el Gobierno las muertes se producen mayoritariamente en el curso de robos, la realidad percibida por los lugareños pareciera ser otra. De seguir a este ritmo, la tasa de homicidios al finalizar el año será superior a los 200 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Caracas.
