Desgraciadamente, no ha habido forma de moderar las protestas populares que a diario irrumpen el desenvolvimiento del país. Tan crudas realidades, afincadas en el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, tal como lo prescribe el artículo 68 constitucional, contra la depravada secuencia de arbitrariedades gubernamentales, dan cuenta del estado de rabia que desplazó aquellos espacios ocupados por la decepción y la pesadumbre. El ambiente contestatario que hizo de Venezuela su razón de vida, vino tomando fuerza desde el mismo momento en que el gobierno central, abusando del poder, negó rotundamente la solicitud de Referendo Revocatorio instada por iniciativa de la Asamblea Nacional.

Las contradicciones que luego devinieron en repulsas elevadas contra el carácter tiránico que a partir de dicho instante puso al descubierto las intenciones oscuras que vinieron encubriéndose mediante procedimientos groseramente demagógicos y, aún peor, vulgarmente represivos, trazaron el límite de la paciencia y la resignación que venía sobrellevando la sociedad democrática venezolana.

Sumado tan abominable hecho, a posteriores decisiones elaboradas por la impugnada Sala Constitucional del mal llamado Tribunal Supremo “de Justicia”, el país político encaminó su discurrir hacia situaciones caracterizadas por el hostigamiento de un régimen temeroso de verse defenestrado ante un posible proceso comicial (ecuánime) donde sabe que su derrota sería absoluta.

Consciente del temor que generaba la sombra de la inminente pérdida del poder, el alto gobierno se vio arrastrado por la desesperación. Fue así como basado en la relación cómplice entre cuatro poderes públicos, utilizados al antojo del Poder Ejecutivo Nacional, éste se vio forzado a ordenar al Tribunal Supremo “de Justicia” preparar algún dictamen jurídico que disimulara la atropellada administración propia de un mal gobierno. Obediente a la orden emanada de Miraflores, formalizó la excusa jurídica necesaria que rebatiera del plano democrático todo procedimiento que revelara sus marcadas angustias. Más, por causa del miedo que devora su naturaleza política.

En el trajín de tan inconsistentes decisiones, el Ejecutivo Nacional la emprendió contra el Poder Legislativa. Más, por cuanto su presencia resultó del último proceso democrático eleccionario realizado el 5-D 2015. Fue el inicio de una sucesión de desafueros que el régimen comenzó a atestarle a manera de cobrarle el hecho de ver resquebrajada la hegemonía parlamentaria que venía permitiéndole tomar decisiones a su entera y real gana. Por tanto se vio desplazado del Parlamento, toda vez que su representación legislativa fue barrida del ejercicio autoritario de gobierno que venía accionando de forma despótica. Particularmente, con el concurso del régimen cubano cuyas disposiciones terminaron malogrando la noción y praxis del concepto de soberanía nacional en tanto que, como principio constitucional signa las decisiones públicas en función del desarrollo político, social y económico de la nación.

El guión seguido, sin embargo, no culmina ahí. Continua ultrajándose el menguado devenir democrático. Las sentencias 155 y 156 recientemente dictadas por dicho conciliábulo judicial, fueron la “gota que rebasó el vaso” lo cual remata con la decisión de asaltar el Palacio Federal. De esa manera, no sólo sigue arremetiéndose en contra de las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional. Específicamente, de sus diputados de pensamiento democrático. También el régimen adelanta sus embestidas contra la Fiscalía General de la Nación usurpándole atribuciones constitucionales  y delegándoselas, ilegalmente, a la Fiscalía Militar, y a la Defensoría del Pueblo.

De esta forma, el ya iniciado desmantelamiento del Estado venezolano es acabado mediante la cruda represión cometida desproporcionadamente. Para ello, encarga a la sanguinaria “unión cívico-militar”, la misión de agarrotar y asesinar a quienes osen rebelarse o resistir tiránicas medidas dirigidas a emboscar y bloquear libertades y derechos humanos legítimamente reclamados por la población en la calle. Toda ella, en pie de lucha.

La tiranía igualmente busca asegurar que sus ofuscaciones sigan convirtiéndose en medidas de “hecho y derecho”. Es así como las transgresiones y violaciones jurídicas contenidas en cuanto esperpento escrito vomita el Tribunal Supremo a través de inconsistentes e inmotivadas sentencias emitidas desde su Sala Constitucional, funjan como recursos de la tiranía con la que pretende el régimen someter a la sociedad venezolana.

Y así está haciéndose, con el apoyo de populachos disfrazados de militares y policías, con el perverso fin de anclarse en el poder por encima de toda legalidad y al margen de toda legitimidad (de origen y de desempeño). Es casi vivir el tránsito entre situaciones de extrema e intransigente condición. Es como tamizar la venezolanidad entre crisis de efectos crecientes. Es como recorrer un camino entre mundos opuestos. O sea, es como ir del civismo a la barbarie.