Las declaraciones y actuaciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en las últimas semanas han tenido un enorme impacto en la opinión pública. Después del expectante silencio que mantuvo tras haber denunciado la ruptura del orden constitucional con motivo de las sentencias de la Sala Constitucional Nº 155 y 156 del 2107, irrumpió con el estruendo de la verdad que desplaza al engaño al revelar las circunstancias del homicidio de Juan Pernalete y luego formuló una solicitud de aclaratoria que anunciaba una batalla denodada contra la forma inconstitucional y regresiva en materia de derechos humanos como se pretende convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual estuvo precedido de una mesurada comunicación mediante la cual rehusaba asistir a reuniones de consulta con la Comisión Presidencial correspondiente. El rechazo absolutamente infundado de esta solicitud de aclaratoria dio paso a acciones judiciales y declaraciones frontales contra la Constituyente, a lo que se sumarían la impugnación de la designación de Magistrados realizada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 y el antejuicio de mérito presentado contra los Magistrados de la Sala Constitucional.
¿Representa esto el inicio de una senda política propia, cuyo norte es encabezar una fuerza alternativa de cara a una transición? Al haber traspasado el umbral del ejercicio con plena independencia de sus funciones constitucionales, de manera ostensible o manifiesta e incluso con afán de conducción de una postura crítica en ciertos temas, ¿busca alcanzar el poder político? Pareciera que no. Al igual que ocurrió con Julio César, la Fiscal cruzó una línea sin posibilidad de retorno (“la suerte está echada”), pero su objetivo luce diferente.
Al menos desde mayo de 2016 el Ministerio Público comenzó a tener conflictos acerbos con autoridades ejecutivas, que se hicieron pausadamente de conocimiento público, porque no estaba dispuesto a avalar la persecución penal carente de bases jurídicas o fácticas, pese al interés del Ministerio de Interior y Justicia en la detención de personas pertenecientes al entono de figuras destacadas de la oposición. Y desde allí, cuando menos, el Ejecutivo puso en práctica una estrategia dirigida a liquidar el monopolio del Ministerio Público sobre el ejercicio de la acción penal. Las sentencias Nº 155 y 156 ocasionaron una reacción categórica de Luisa Ortega Díaz, frente a decisiones que enterraban funcionalmente a una Asamblea Nacional ya menguada pero intacta en su legitimidad y que indirectamente relegaban al Ministerio Público al incluir una serie de materias de carácter penal en los plenos poderes legislativos que se otorgaban al Ejecutivo, lo que anticipaba una reducción de sus atribuciones en el campo de la investigación penal. Otras razones, ligadas a antagonismos personales, pudieran haber pesado en el desenlace, pero la situación descrita obligaba a tomar partido y hoy sabemos en qué dirección ella lo hizo.
Seguramente influyó también la conciencia de que el régimen, al haber desconocido abiertamente a la Asamblea Nacional mediante sentencias y otros actos arbitrarios y al bloquear el referendo revocatorio, había roto con el fundamento de legitimación democrática que hasta entonces había podido exhibir.
La motivación principal de la Fiscal apunta a lo institucional. La exacerbación de la concentración de poderes y del desprecio al resultado del sufragio que hemos padecido desde diciembre de 2015 ha hecho más imperativa una definición entre quienes conservan resortes morales. No puede haber Estado de Derecho si el Ejecutivo y los órganos con competencias de control están comprometidos y alineados de manera militante e ideológica en la implementación de un mismo proyecto de partido y en la conservación de unos mismos intereses sectoriales. El cierre de filas de quienes conspiran desde posiciones oficiales contra la República deja poco margen de acción para aquellos que se sienten exigidos por la propia dignidad.
La Fiscal General de la República es ahora una referencia y un factor importante en el desarrollo de los acontecimientos nacionales. Tal vez no pueda contener en solitario la arremetida contra los venezolanos de un poder gubernamental que para evitar la alternancia pospone las elecciones y pretende entretanto cambiar unilateralmente las reglas de juego y desmoralizar a la oposición para intentar ganarlas después, mientras el país se hunde. Sin embargo, las iniciativas del Ministerio Público contribuyen a robustecer los esfuerzos de la sociedad democrática por preservar una Constitución y un futuro común. Por otro lado, la victoria moral puede a la larga resonar tanto como la del caso judicial o la de la coyuntura política.
En fin, no puede descartarse un pestañeo o un acercamiento a Roma, pero por ahora las cosas evocan más esa frase de Tolstoi completada por Zweig: “solo hay una cosa importante: que a uno le quede tiempo para hacer en el momento oportuno lo que debe hacer y que es justo”.
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El Universal
