«La fuerza no constituye derecho y únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos”. Eso afirmaba Rousseau en su Contrato Social. Actualmente Venezuela lleva más de un mes de continuas protestas enfrentando en las calles a un régimen que pretende, por la vía de la fuerza, imponer un modelo socialista ilegítimo que el pueblo ya rechazó en Referendo Consultivo en el 2007. Pocas veces la historia ha sido testigo de manifestaciones tan masivas y perseverantes.
Enfrentado a una creciente pérdida de legitimidad, las posibilidades del régimen se van limitando al uso cada vez mayor de la fuerza. Como un recurso desesperado, se sacan de la manga la propuesta de una Constituyente que es la negación de lo que nuestra Carta Magna establece al respecto. La Constituyente es un recurso que pertenece al soberano. El soberano es el pueblo, no el presidente. Sólo el pueblo, mediante un referendo, es quien tiene la potestad de realizar tal convocatoria mediante voto universal que respete el principio de «un ciudadano un voto». Pero la que pretende el régimen es una Constituyente comunal, obrera y campesina, privilegiando el voto de las misiones.
Como señalaron los Obispos venezolanos, la convocatoria presidencial de una Asamblea Constituyente «sectorizada» tiene por objeto «constitucionalizar» el «Estado Comunal» en un intento por insertar el Plan de la Patria en el texto constitucional e implantar un gobierno totalitario.
El antecedente histórico de este proyecto podemos encontrarlo en los sóviets que surgieron en Rusia en 1905 para oponerse al Zar y que tuvieron un papel protagónico en la Revolución de Octubre de 1917. «Sóviet», en ruso, significa consejo, asamblea o junta. En aquel caso se referían a las asambleas de soldados, obreros y campesinos que sirvieron como base en la formación de la URSS. Una vez en el poder los bolcheviques implantaron la Constitución Soviética de 1918 -que sirve de inspiración al Socialismo del Siglo XXI- conforme a la cual se organizó la administración política del Estado en base a una estructura conocida como «centralismo democrático leninista». Consistía esta en sucesivos sóviets, hasta llegar a la máxima autoridad que era el Sóviet Supremo.
En la URSS muy pronto los sóviets perdieron la capacidad de decisión a nivel local, quedando todo el poder concentrado en un único partido, el comunista, cuyo Secretario General detentaba el poder real y encabezaba el Consejo de Ministros que originalmente se denominaba Consejo de Comisarios del Pueblo.
Aunque Lenin solía repetir la frase «todo el poder para los sóviets», en la URSS se estableció un régimen totalitario donde todo el poder se concentraba en las manos de Stalin.
En el caso venezolano la intención del régimen es crear la figura de los consejos comunales a imagen y semejanza de los sóviets soviéticos para remplazar así la Asamblea Nacional.
Después de 18 años en el poder el régimen no ha sido capaz de quebrarle el espinazo a la convicción democrática de Venezuela. Si no lo pudo hacer en los años de abundancia en que el país producía hasta 3,7 millones de barriles diarios de petróleo y un precio que llegó a superar los 110 dólares el barril que permitió un populismo desenfrenado, mal podrán lograrlo ahora que el país está sumido en la peor crisis de su historia. Lo único que a duras penas ofrecen hoy son unos CLAPS que llegan a pocos.
La convocatoria fullera de una Constituyente a espaldas de la Constitución para imponer un Estado Comunal y forzar la implantación de un socialismo que ya fracasó, será sin duda enfrentada por un pueblo irreductible que está en la calle. Las fuerzas vivas del país entre las cuales están los trabajadores, los estudiantes, los empresarios, los académicos, la Iglesia, las universidades, los partidos políticos agrupados en la MUD, los artistas y, en general, la inmensa mayoría de los venezolanos, no importa su estrato social, están elevando su grito de protesta. Ese grito ya ha llegado a oídos de una comunidad internacional que ahora está plenamente consciente y horrorizada con la tragedia venezolana.
La Constituyente propuesta por el régimen no haría más que enardecer los ánimos del país con grave riesgo de que se produzca un estallido social. La salida pacífica pasa por un gobierno de transición, preferiblemente concertado, que al igual que ocurrió en otras latitudes le brinde a unos la posibilidad de poder irse en paz, y a los otros la garantía de que el país pueda recuperar la gobernabilidad para enfrentar los problemas que lo aquejan y dirigirse, con el camino ya despejado, hacia unas elecciones cuyos resultados sean respetados.
@josetorohardy
