Es necesario denunciar con nombre y apellido a los oficiales de la Guardia Nacional que violan los derechos humanos, ya sea directamente o mediante órdenes a sus subalternos. Han asesinado y herido a ciudadanos desarmados. Han lanzado bombas lacrimógenas no solo delante de manifestantes pacíficos, sino en medio de los mismos para causarles daño y detrás de ellos para cortarles la retirada y que sufran las consecuencias. Han lanzado lacrimógenas a una clínica. Han permitido que grupos paramilitares rojos disparen y agredan impunemente. Han tolerado que el régimen dictatorial lance lacrimógenas desde un helicóptero.
Son tan descarados que obligaron a la policía de Miranda a que se retire cuando grupos paramilitares rojos realizaron saqueos y agresiones. Son tan alcahuetas que toleran que esos grupos armados se alojen en dependencias militares. Tal fue el caso del General de División del ejército José Rafael Torrealba Pérez, comandante de la Zona de Operaciones de Defensa Integral Número 4, en Barquisimeto. Este oficial tuvo la desfachatez de declarar que los paramilitares que salieron en motos de esa sede ¨iban a limpiar los obstáculos colocados por opositores¨. Es decir que pretende hacernos creer que los motorizados hacen un mejor trabajo que personal de limpieza con camiones a su disposición. La ONG Control Ciudadano hizo una valiente denuncia al respecto.
Los generales que integran el alto mando están resguardados por sus escoltas, no así el resto de la oficialidad, la cual debe percatarse de que sus jefes criaron cuervos. Estos paramilitares rojos en algún momento se volverán en contra de los militares que hoy los protegen. Igualmente deben considerar que el hampa común actúa impunemente porque al régimen le interesa crear miedo. Por ello no debe extrañar que la abogada Jackeline Sandoval, activa directora de la Fundación para el Debido Proceso, haya denunciado que el año pasado fueron asesinados 93 militares, 291 policías y 30 escoltas , las más de las veces para apoderarse de sus armas.
Cabe recordar y debería ser tema de investigación por historiadores, que a la caída de Pérez Jiménez el gobierno de Wolfang Larrazabal suministró armas a muchos civiles, con el argumento de defender a la democracia. En ese tiempo pude observar frente al Instituto Pedagógico en El Paraíso a estudiantes y ciudadanos en general portando armas de guerra. Al poco tiempo, ya durante el gobierno de Rómulo Betancourt, muchos de esos civiles armados se fueron con a la guerrilla castro-comunista y enfrentaron al ejército. Otras fueron utilizadas para asesinar policías, asaltar bancos y realizar secuestros.
Muchos elementos de la Guardia Nacional han amparado a los cuervos y han incurrido en violación a los derechos humanos. De ellos no podemos esperar nada bueno. El resto tiene dos opciones, continuar viendo los toros desde la barrera o dirigirse al general Antonio Benavides y exigirle que cese una represión que puede poner en peligro la supervivencia de ese cuerpo y que causa el rechazo de sus integrantes por parte de la ciudadanía, lo cual ya deben percibir. Ojalá den señales claras de rectificación.
Por su parte, los oficiales del Ejército, Marina y Aviación pecan de complicidad si no increpan a sus respectivos Comandantes Generales para que obliguen al régimen a cumplir con la Constitución. No solicitamos que se levanten en armas, sino que no avalen los atropellos con un silencio cómplice. Deben entender que los generales Padrino López, Reverol y González López no son demócratas y han incurrido en delitos. Son simple lacayos de un régimen corrupto cuyo único propósito es aferrarse al poder a como dé lugar, sin importarles el futuro de la Fuerza Armada y de sus integrantes. De allí que amparen a paramilitares rojos, hayan aceptado la creación inconstitucional de una Milicia Bolivariana y acaten la orden del presidente de facto de salir a la calle para amedrentar y reprimir.
Como (había) en botica: El asesinato por parte del régimen de otros seis ciudadanos enluta a los venezolanos. Ojalá no queden impunes como el caso de José Manuel Vilas. Freddy Guevara y Delsa Solórzano resultaron excelentes diputados y valientes luchadores. Los venezolanos de la diáspora realizaron el sábado pasado manifestaciones en cincuenta ciudades del mundo para decir No a la dictadura. En Toronto, la siempre activa Rebecca Sarffati logró convocar a un numeroso grupo de compatriotas. La abogada Tamara Sujú realiza una gran labor en el exterior denunciando la violación de los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional y otras instancias. Excelente el artículo de Thaís Peñalver ¨La MUD actuando en consecuencia¨, en el que explica por qué tantos tardaron tanto en denunciar la dictadura. Lamentamos el trágico fallecimiento de Alfredo Croes, buen ciudadano. A marchar este miércoles 19 de abril ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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