Cuando la política se ejerce a distancia de razones que explican su pertinencia en relación con los problemas terminales que acosan el sistema social, los conflictos saltan por doquier. Las crisis políticas se excusan bajo cualquier obstáculo para preceder y presidir situaciones de toda naturaleza y condición. Emergen problemas referidos a cuestiones políticas internas, negociaciones disfrazadas de necesidades elaboradas en laboratorios de oscura categoría, consideraciones propias de la rutina burocrática, y reacciones que develan arrebatos de espacios políticos sin otra justificación que la soberbia, el sectarismo interno y la revancha entre facciones.
Es el problema que vino consumiendo al gobierno central venezolano luego de advertir que su popularidad dependía del reparto desigual de los ingresos que generaba la renta petrolera. Pero cuando esa misma renta comenzó a mermarse a consecuencia del grotesco manejo administrativo y financiero del cual fue objeto, a instancia del populismo cuyo imposición requería de criterios que presumían de “revolucionarios”, el alto gobierno entendió que era necesario invertir la letra que daba sentido y forma a las estrategias políticas utilizadas para arrinconar al país y reducirlo a su mínima expresión. O sea, el manido “Plan de la Patria” se vería contraído en términos de los compromisos que alardeó como mecanismos para la instrumentación del embaucador “socialismo del siglo XXI”.
De manera que había que inventar cualquier explicación o excusa que, aplicada como política pública, diera al traste con toda intención de los factores de la oposición democrática de poner al descubierto las argucias que, desde el principio, ha venido forjando el régimen para enquistarse en el poder. Indistintamente, de los postulados que hubiese trazado la Constitución. Pues a la hora de defender la subsistencia del pésimo modelo económico adoptado como medida extrema en el ámbito de la estabilidad política, forzada y alevosamente concebida, no hay más respuestas que aquellas procedentes o resultantes de cuanto absurdo fuese capaz de contener la verdad y de disolver la “incómoda” institucionalidad democrática. Todo esto había que justificarlo, sin medir consecuencias de ninguna índole. Sin que importara nada. Cayera quien cayera. Y en efecto. Así logró el régimen enarbolar sus obtusas intenciones en nombre de un pueblo con hambre, pero engañado para que alegara que se sacrificaría “por la patria”.
Fue entonces como la idea de arrebatarle el triunfo electoral a los partidos de la Unidad Democrática, alcanzado el 6-D de 2015, en un esfuerzo mantenido y persistente, el régimen se valió del concurso de un Tribunal Supremos de Justicia, amañado desde su Sala Constitucional, para apalear política, jurídica y administrativamente, la labor legislativa que comenzó a desarrollarse en el Palacio Federal con la anuencia de una Asamblea Nacional mayoritariamente demócrata.
Más de 50 objeciones realizadas, en el curso de escasos quince meses, por dicha Sala Constitucional, ilegítima y cuestionada dada la incompetencia que por ley deben cumplir sus magistrados, fueron constriñendo al Poder Legislativo en su fuero político-institucional. Hasta que al osado atrevimiento de sus espurios magistrados, dio cuenta de todo lo que venía siendo encubiertamente pretendido detrás de acusaciones, refutaciones y negaciones convertidas en inconsistentes sentencias. Pero que fueron siempre escudadas con la fuerza de la amenaza y de la violencia disfrazada de legalidad.
Detrás de todo, venía buscándose el reemplazo de las funciones que competen a la Asamblea Nacional, según lo establecido por la Constitución de la República, por la Sala Constitucional. De esa forma, el régimen forzaría el ordenamiento jurídico nacional al fustigar al Poder Legislativo a desprenderse de sus derechos y deberes constitucionales.
Tan controvertida situación, pareciera haber ido más allá de lo que esta breve disertación alcanza a exponer. Y más grave no puede resultar todo esto, que pretender salirle al paso a obligaciones de razón económica contraídas por el actual gobierno, en nombre de la República, sin el aval y autorización de la Asamblea Nacional. Es decir, compromisos que no podría cumplir el Poder Ejecutivo por si solo lo cual contraría el ordenamiento jurídico determinado por la Constitución Nacional. Particularmente, toda vez que la trasgresión ensayada sería negada rotundamente por instancias internacionales pues sería considerada cual grave fechoría que condenaría a la nación hacia un retroceso de inimaginables repercusiones.
Esta realidad terminó de configurarse en el contexto de la actual dinámica económica nacional, signada por la incertidumbre propia del debilitado mercado petrolero venezolano. Además, incitada por el innegable deterioro de la economía y la dificultad inherente a superar las limitaciones que impone la presente coyuntura. Así que no cabe la menor duda de que, a partir de lo demostrado por el régimen en el ámbito de una economía menguada por la inoperancia gubernamental, éste instigó decisiones tomadas por la Sala Constitucional pues de lograr la inconstitucional supresión de la Asamblea Nacional, se vería libre para autorizar todo movimiento jurídico y político que le permitiera autorizar ventas y negocios dirigidos a atraer, bajo engaño, inversiones extranjeras.
Desplazar a la Asamblea Nacional, significaría para el alto gobierno obtener los recursos que estaría necesitando para completar gastos correspondientes al ejercicio fiscal en curso. Tanto como saldar deudas externas que han puesto “en jaque” al poder político que detenta el Ejecutivo Nacional. O sea, que ante el azoramiento gubernamental por asegurar dinero fresco que requiere el erario nacional situado hoy en niveles críticos, hace decir lo que la población sabe. Que por la plata baila el… (régimen).
@ajmonagas
