Como era predecible, los magistrados exprés que debieron ser destituidos el 6 de enero de 2016 por la Asamblea Nacional echaron una tronco de vaina al producir unas sentencias donde asumen las competencias del Parlamento y dan un golpe a la institucionalidad. Sin embargo, siguen en sus puestos, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, no ha procedido a abrirles una averiguación para enjuiciarlos –al menos hasta la hora de escribir este artículo– por el grave delito de haber roto el hilo constitucional, como lo señala el artículo 25 de la Constitución bolivariana. La fiscal cumplió con su responsabilidad y le toca rematar la faena.
La Asamblea Nacional está en mora, perdió más de un año manguareando, amenazando y anunciando que los destituiría; ahora, obligada por las fatales circunstancias, iniciará un proceso para removerlos. Se trata de un asunto existencial, tiene que recuperar sus competencias y los diputados, su inmunidad.
Al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se le presenta la gran oportunidad de asumir un papel histórico, tendrá el respaldo de la sociedad civil y del sector militar si se mantiene firme y contundente hasta que sean sustituidos y enjuiciados los magistrados firmantes y el presidente del TSJ, Maikel Moreno, que tampoco llena los requisitos para ser magistrado y mucho menos para presidir el alto tribunal de la República, como son: reputación, honorabilidad y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. Nada de eso lo cumple, muy por el contrario, circula por todas las redes una ficha policial con sus antecedentes penales, pero, para el narco-régimen, Moreno sí califica, porque, además de ostentar un prontuario, fue el juez que se atrevió a sentenciar a Leopoldo López, y tenían que recompensarlo.
Los graves acontecimientos de la semana pasada, los entuertos para recomponer las sentencias que confirman que en Venezuela existe una dictadura, desnudaron por completo a Maduro y a su gobierno en la comunidad internacional, no hay ninguna duda para la gran mayoría de países en el Consejo Permanente de la OEA, Mercosur y en la Unión Europea de que este gobierno impresentable transita hacia el totalitarismo. Las agresiones del lunes a los diputados Juan Requesens y José Brito, la detención del presidente del partido Copei, Roberto Henríquez, por supuesta instigación a la rebelión, demuestran que la represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado, de los paramilitares oficialistas –“colectivos”– y de tribunales militares sin competencia para enjuiciar civiles es el recurso desesperado para contener un inminente cambio de gobierno.
El gobierno está en franco proceso de declinación y completamente desacreditado por el narcotráfico, el desastre económico y la miseria a la que han llevado al país. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, guardó un silencio sospechoso sobre el golpe desde el TSJ. Padrino tenía escrito un pronunciamiento respaldando las mamarrachadas cocinadas en la Sala Constitucional que, además, autorizan a Maduro a continuar con las vagabunderías de constituir empresas mixtas y contratar créditos sin ser aprobados por el Parlamento.
Padrino tiene grandes presiones por el enorme descontento en la institución, pierde cada vez más poder, para muchos ya no cuenta si dice o hace. La semana pasada, en pleno sainete, Maduro convocó a todos los comandantes de guarniciones, pero la reunión no se dio porque muchos no están dispuestos a cumplir órdenes arbitrarias. La desesperación y la situación insostenible en el país hacen que la gente comience a perder el miedo y se manifieste en las calles. Dieciocho años de terror han dejado una marca, pero es refrescante observar el principio del fin de este imperio del miedo.
@AliasMalula
El Nacional
