Ya lo hemos dicho antes, cada vez que a la justicia se le pone un apellido, el que sea, deja de ser justicia. Se convierte en otra cosa, en un arma en manos de los que, soberbios, creen siempre tener la verdad en sus manos y en sus bocas. Adjetivarla (llamarla “socialista”, “burguesa”, “revolucionaria” o “capitalista”, por ejemplo) siempre ha traído consecuencias nefastas, pero eso no parecen entenderlo Maduro o sus adláteres, que hace nada, con la creación de la “Misión Justicia Socialista” lo que han hecho es demostrar que no quieren justicia, que le temen a la justicia, y que pretenden sustituirla con la venganza y con la obediencia sumisa, solo para mantenerse en el poder.
Si desde el Siglo XV a la justicia (a Iustitia para los romanos, a Themis, para los griegos, o a su hija Diké, más cercana a la concepción que modernamente tenemos de la justicia) se la representa vendada, esto es porque no se debe en sus actos a credo, ideología ni a preferencia política alguna. Todos los que acuden a ella son iguales, merecen el mismo trato y son juzgados con objetividad e imparcialidad, independientemente de quiénes sean, del dinero que tengan o no tengan, y de la posición que ocupen en la sociedad. Era ella (Diké) la que le corría con el cuento a Zeus cada vez que algún juez humano incurría en una injusticia, y dada la gentil disposición que no en balde había heredado de su madre Themis, unida Diké en amores con el dios Dikastis (versión masculina de la justicia, tenido como la deidad de la prudencia y del equilibrio, conocido además por su talante distante e insensible, incapaz de dejarse llevar en sus juicios por las emociones) procrearon a Homonoeia (la concordia), Areté (la virtud), Diceosina (la rectitud) y a Hesykhia (que representa la quietud o la paz del alma).
En otras palabras, según la mitología griega, de la justicia ciega, objetiva e imparcial, equilibrada y serena, sin apellidos que la tergiversen, sin emociones o veleidades que la dominen, surge la paz. Tanto Diké, como su madre, Themis, eran reverenciadas, no temidas, por los antiguos griegos y a Themis hasta en el Monte Olimpo se la respetaba, al punto de que Hera, la reina de los dioses, la llamaba “señora Themis”.
Caso distinto era el de la temida Némesis. Diosa sí, aunque de una perversa manera, de la solidaridad y de la fortuna, pero también de la venganza y de la justicia retributiva. Su misión no era la de ser objetivamente justa, pues no era ni se la representa como ciega, sino la de causar daños a quienes hubieran sido en su criterio excesivamente favorecidos por la fortuna (¿les suena?) y la de castigar a los infieles y desleales (de nuevo, ¿les suena?), a los hijos que desobedecían a sus padres y, lo que es más importante, a los que desacataban los designios y mandatos de los dioses o de los monarcas.
En esta concepción, Diké protege a los mortales de los abusos y de las arbitrariedades, mientras que Némesis protege a los poderosos de los díscolos y de los desobedientes. Diké busca en sus juicios generar virtud, rectitud y paz, mientras que Némesis se queda satisfecha en la retribución y en la venganza. Los frutos de Diké son la paz y la concordia, mientras que de Némesis solo cabe pregonar que era la representación de la cólera y del castigo divino o, por extensión, del castigo del superior contra los subordinados que le salgan respondones.
Es Némesis entonces, que no Diké, la que orienta los pasos de la “Misión Justicia Socialista”. No se busca con esta nueva misión alcanzar la paz ni la concordia, no se exalta con ella la virtud, la serenidad, la imparcialidad ni la objetividad en la administración de justicia. Con la “Misión Justicia Socialista” a la “justicia”, que por ello deja de ser tal, se la adjetiva y se la concibe como simple retribución, como instrumento de los poderosos contra los insumisos, como venganza.
En primer lugar cabe destacar que es “justicia”, la de la “misión” digo, que desconoce que en nuestro país uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico es el pluralismo político, por lo que no cabe hacer distinciones entre diferentes tipos de “justicia” entre los que se sientan o sean socialistas y los que no lo sean. La Constitución, por cierto, no menciona la palabra “socialismo” en ninguno de sus artículos. En sus considerandos, que cito textualmente, Maduro deja claro para qué debe servir la “Misión Justicia Socialista”: Para lograr “…la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…” y para impulsar al “pueblo legislador” en la “…construcción de leyes revolucionarias para el logro de la justicia social…”. También, un poco más adelante, en los diferentes artículos contenidos en el decreto, se dejan claras las intenciones que lo orientan: “…la consolidación de la justicia social y comunal…” (Art. 1º), “…Contribuir en la consolidación y expansión del Poder Popular y la Democracia Socialista conforme al objetivo nacional 2.3 del Plan de la Patria…”, (Art. 2º, literal “a”); “…Coadyuvar con los entes públicos y organizaciones populares en la lucha contra la guerra económica…”, (Art. 2º, literal “e”); “…Promover el estudio, difusión y desarrollo del nuevo derecho -acoto, vaya usted a saber qué es eso- …(omissis)… recobrando las raíces de las gestas libertadoras y de los pueblos originarios de Abya Yala…” (o sea, las de su nación, como era nombrada por los indígenas de Kuna Yala, de lo que hoy es Panamá, no Venezuela, Art. 3º, literal “a”); o para transformar la ética profesional del abogado para superar “…la mercantilización capitalista…” (Art. 5º, literal “a”).
En segundo lugar, más no por ello menos importante, destaca en el decreto que crea la “Misión Justicia Socialista” que para el poder en Venezuela solo es relevante e importante la Universidad Bolivariana de Venezuela (ver por ejemplo los artículos 7º y 11º del mismo), pues es a esta entidad a la única a la que se le concede reconocimiento y participación. Al parecer, y pese a que el pensum de “derecho” en dicha institución tiene muy poco contenido jurídico, y se decanta por el contrario hacia la discusión de temas ideológicos, los egresados de sus aulas son los únicos que tienen derecho a ser tenidos y reconocidos como abogados. Me pregunto qué pensaran de esto la Fiscal General, el Defensor del Pueblo u otros altos funcionarios que, al menos ellos sí, no sacaron sus títulos universitarios en cualquier parte, sino durante “la cuarta” y en algunas de las más prestigiosas casas de estudio en Venezuela, entre ellas la UCV, la USM y la UCAB.
En tercer lugar, no se debe articular una normativa de carácter general, esto es, que nos aplica a todos los que vivimos en Venezuela, estemos de acuerdo o no con el gobierno, partiendo de la base falsa, en la que más de 80% de los venezolanos no cree, de la existencia de una supuesta “guerra económica” o de las también imaginarias “amenazas y agresiones imperialistas” contra la soberanía nacional que nunca han sido demostradas y que solo existen en el discurso de los oficialistas que, por cierto, cada día que pasa son menos.
El decreto destila desprecio al conocimiento, cólera, poco talante democrático y por encima de todo, demuestra que si algo le ha resultado incómodo, primero al chavismo, y luego al madurismo, ha sido el respeto al Estado de Derecho, obligatorio para todos porque así lo recoge la misma Constitución Bolivariana. Por eso ahora es prioridad oficialista sacar de juego a los juristas y a los jueces serios, consolidar y apuntalar una camada de rábulas que solo les rían las gracias y, además, darse con ahínco a la creación de un “nuevo derecho”, lo que quiera que esto sea, que funja como un traje hecho solo a la medida de unos pocos; como un parapeto que, lejos de procurar la verdadera justicia y la paz para todos (la que defienden Themis y Diké) sirva, (siguiendo lamentablemente a Némesis) para someternos, para imponernos la obediencia ciega y acrítica y para la venganza ramplona, por imaginarias afrentas, contra los enemigos y daños que ellos mismos, en su desesperación obtusa y para evadir sus propias culpas, se han inventado.
@HimiobSantome
