Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami y el empresaro Samark López, aunque son de carácter individual, tienen ingredientes políticos que comprometen al Gobierno en Venezuela y en el exterior
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la incorporación del vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami en la lista de supuestos jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Esta es definitivamente una decisión de alto calibre. Otros funcionarios del régimen habían sido colocados en esta lista, por diversas razones. Entre ellos están, por ejemplo, Freddy Bernal, coordinador nacional de los Clap, y el actual gobernador de Trujillo y exministro de la Defensa general en jefe Henry Rangel Silva, ambos por una supuesta cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Antes señalaron a ministros y funcionarios de jerarquía. Ahora, a la segunda figura del Ejecutivo. Eso no había ocurrido en ningún país de las américas.
Las sanciones del Tesoro no son el producto de acusaciones judiciales. Por eso no están sometidas a los requisitos de la justicia penal estadounidense. No requieren pruebas avaladas por un fiscal y sometidas a la consideración de un gran jurado. Aún así son apelables. El Aissami y López podrían solicitar visas especiales para ir a EEUU y exigir una reconsideración.
No creo que lo hagan. Posiblemente actuarán a través de abogados, que suelen ser personas egresadas de las propias instituciones que imponen las medidas, y cobran jugosos honorarios por ese conocimiento.
Hay además algunos detalles a tomar en cuenta. La medida fue impuesta en forma simultánea contra El Aissami y López, puesto que según el Tesoro el empresario actuaría como “hombre de fachada” del actual vicepresidente. Entonces, en lo atinente a estas sanciones, ambos son vistos como una sola entidad. En otras palabras, desde la lógica del Tesoro, a Samark López le congelan sus cuentas, apartamentos y demás bienes en EEUU porque de esa forma afectan los intereses de El Aissami.
El Aissami responde a las características de una persona “políticamente expuesta”, o PEP. Por ende los bancos nacionales y extranjeros están obligados a vigilar muy de cerca todos sus movimientos financieros, así como los de quienes estén en su círculo íntimo, y los de las personas que se relacionan con él desde el punto de vista económico. De lo contrario, estos bancos correrán el riesgo de sanciones por omisión. Y ahora mucho más pues El Aissami y López han sido mencionados en forma explícita.
En este sentido, está por verse cómo afectará esta sanción del Tesoro el ejercicio de la atribución recientemente conferida a El Aissami por el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de “ aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta (…) para la solicitud de adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público ante el Banco Central de Venezuela”. La pregunta en este caso es cómo reaccionarán los bancos que poseen cuentas en divisas del estado venezolano cuando vean que las operaciones fueron autorizadas con la firma de un funcionario que figura en la famosa lista Clinton.
Está claro que esta decisión, así como la divulgación que se dio de ella a través de los canales del Departamento de Estado, constituyen un mensaje directo a El Aissami y, más allá, al régimen de Nicolás Maduro. EEUU, ahora con el republicano Donald Trump a la cabeza, no sólo ha mantenido en vigencia el famoso decreto de Obama, que declara “amenaza para la seguridad” de ese país al régimen venezolano, sino que ahora parece profundizar en sus argumentos. Cabe destacar que la decisión del Tesoro no invocó el tema de los pasaportes vendidos a extremistas sino la supuesta relación con traficantes de drogas. Pero no se puede descartar que en un futuro el punto del terrorismo salga a relucir como sustento de una nueva sanción.
Breves
*Hay grupos de delincuencia organizada que están intentando reinsertar en la economía el país los billetes que anteriormente habían sacado, y que llegaron a acumular en pilas de hasta 30 toneladas, tal y como se vio en el caso del comerciante paraguayo Leandro da Costa y su familia. El 20 de febrero a las 7 pm, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al brasileño Ubiraja Moura de Oliveira, cuando se detectó que tenía cinco millones de bolívares en efectivo guardados en sus dos maletas. El hombre había salido desde Sao Paulo en un vuelo de Avianca que hizo escala en Lima. Esta cantidad estaba conformada en su totalidad por billetes de cien bolívares. Fue puesto a las órdenes del fiscal 12 del Ministerio Público en Vargas. Pero las cosas no son tan sencillas como parece. El problema con esto es que semejante cantidad no equivale ni siquiera a mil dólares americanos si hacemos la conversión al cambio libre, y a la tasa Dicom tampoco rebasa una cantidad equivalente a diez mil dólares. De haber sido más alta hubiese tenido la obligación de declarar lo que llevaba. Por otro lado, el traslado de moneda no es un delito. Incluso, de acuerdo con abogados que han estudiado el tema como Fernando Fernández, el envío a otros países de papel moneda venezolano tampoco infringe ninguna norma.
*El 16 de febrero, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada envió una comunicación a las grandes unidades militares del centro y de los llanos para recordar el “estricto cumplimiento” de una directiva emitida en 2015, relacionada con las “Normas y procedimientos para el control y la seguridad del armamento, las municiones, explosivos, el material de guerra y orden público, almacenados en parques, almacenes (sic) y depósitos”. Según esta directiva, todas las unidades castrenses deben tener al día 16 libros con informaciones relativas a los distintos tipos de armas manipuladas en esas instalaciones, sus usos, traslados e igualmente quiénes son las personas que los efectúan. Los arsenales militares se han convertido en un botín codiciado por criminales de todo tipo. El fin de semana pasado, cuatro fusiles AK103 fueron robados durante el asalto a una unidad fronteriza de la Guardia Nacional en Amazonas. Los primeros partes indicaron que los perpetradores pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque hay dudas al respecto. En Vargas y Apure se han reportado deserciones de soldados que se llevan los fusiles con el supuesto propósito de venderlos en el mercado negro. En Guárico, han simulado hurtos.
*Hay en los cuerpos policiales la convicción de que las bandas criminales han dado un paso más en el ejercicio de la violencia. “Ahora van por las familias”, advirtió un funcionario de la Policía de Miranda. El oficial hizo alusión al caso del agente de la Policía del Municipio Sucre Carlos Martínez, quien murió el martes 20 de febrero al recibir cinco disparos mientras estaba con su hermana y sobrinas en la Cota 905. Los antisociales supuestamente habían advertido a la familia de Martínez que no admitirían su permanencia en el barrio. Este crimen ocurrió una semana después de la muerte de dos adolescentes, hijos de una oficial de la Policía del municipio Zamora (Guatire), aunque en este caso no está claro si los asesinatos se produjeron debido a la profesión de la mujer. Aún así, este se está convirtiendo en un elemento adicional en la violencia venezolana.
*Extraño cruce de informaciones a propósito del episodio sobre el atentado en Margarita contra Wilmer Brizuela, mejor conocido com Wilmito, sentenciado por una cadena de delitos que van dede el robo de blindados hasta el sicariato. A Brizuela se le atribuye haber ordenado en 2010 la muerte de la presidenta del circuito judicial de Bolívar, Mariela Casado. Pero los ejecutores del contrato se equivocaron y mataron a la hermana Maria Gabriela Casado. Por este caso el hombre fue condenado en agosto de 2012 a 16 años 20 días de prisión. En diciembre de 2016 el ministerio para Servicio Penitenciario le otorgó un beneficio denominado “confianza tutelada”, que no existía hasta la implantación del Código Orgánico Penitenciario. Se establecen allí un conjunto de requisitos para ser elegible, como haber sido condenado por un delito con pena menor que ocho años de prisión. Además, este régimen debe aplicarse en locales del mismo internado judicial donde se encuentra el penado. Para ese momento, Brizuela estaba en Tocorón, estado Aragua. Pero la titular de Servicio Penitenciario ordenó su traslado a un centro erigido donde anteriormente estaba el retén La Planta, en El Paraíso. El atentado en Margarita, entonces, puso en evidencia un conjunto de irregularidades que nuevamente hacen pensar sobre la veracidad de denuncias previas, como por ejemplo, las supuestas salidas intempestivas de Johnny Bolívar, el homicida de Adriana Urquiola, y de otros presos de renombre.
