El vocabulario político gubernamental no sólo es pobre, dada la torpeza politológica de quienes se expresan en nombre del Poder Ejecutivo Nacional. También es confuso por la ambigüedad conceptual en la que se apoya la oratoria oficialista. Términos como “patria”, “pueblo”, “imperialismo”, “democracia” y “soberanía”, entre otros igualmente propios de profusas acepciones, además de puntuales implicaciones, son víctimas de la más vulgar y rastrera interpretación. Interpretación ésta que suele acomodarse en función del sectarismo que, en medio de las coyunturas, copa la casi totalidad de la escena política, económica y social acentuando la crisis de Estado que tiene asfixiada a Venezuela. Por supuesto, gracias al precario pero malintencionado apoyo de un tribunal supremo de justicia empeñado en alterar preceptos constitucionales deformando así el discurrir jurídico y legal de la nación.
A propósito de lo ocurrido a consecuencia del trabajo de investigación llevado adelante por un equipo de periodistas y acuciosos analistas del canal internacional de noticias CNN (en español), el cual evidencia la participación protagónica del alto funcionario que hoy funge como vicepresidente ejecutivo de Venezuela, bien cabe esta disertación. La misma pone de manifiesto la alevosa manipulación de la cual es objeto, particularmente, el término “patria” por quienes hablan desde el gobierno central en defensa de cuanto ilícito y arbitrariedad ordenan y se permiten cometer en el contexto de la impunidad que caracteriza al actual régimen.
La otra acusación, es la pronunciada desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta implicó nuevamente al personaje de marras como “narcotraficante” en virtud de su “destacada participación en el narcotráfico internacional”. Asimismo, a quien inculparon de testaferro por “proporcionar asistencia material, auxilio financiero de apoyo a actividades de narcotráfico internacional” actuando en representación del aludido funcionario venezolano. Todo ello fue motivo suficiente para que el alto gobierno venezolano reaccionara de la manera como lo ha venido haciendo. O sea, asumiendo procedimientos cuya inconsistencia argumentativa revelan el temor que hay en su seno por lo embrollada que tan vergonzosa situación representa para el gobierno venezolano. O al verse “en la picota” por causa de razones derivadas de procesos de denuncia o de imputación que tendrán, seguramente, serias repercusiones penales internacionales.
El comunicado que ante tan grave situación preparó el gobierno venezolano, describe que dicha denuncia “constituye un golpe político (…)” No obstante cabe observar que este reconocimiento es crudamente franco pues lleva a recordar aquel axioma jurídico según el cual “a confesión de parte, relevo de prueba”. Y como esto quiere decir que quien confiesa algo, libera a la contraparte de tener que probarlo, puede inferirse que justa y ciertamente ello “constituyó un golpe político (…)” que zarandeó al gobierno con toda la fuerza posible. Pero debe entenderse que dicho garrotazo, no fue “contra la institucionalidad democrática” tal lo refiere el comunicado del oficialismo. Realmente fue contra la manera alevosa de gobernar que terminó sucumbiendo al país al llevarlo a la ruindad provocada por la corrupción amparada y reivindicada. Quizás, como modo de lucha revolucionaria.
Pareciera que el gobierno central, o cree estar exento de toda acusación que pueda recaer sobre alguno de sus funcionarios del más alto rango militar o autoridad política, o es que se hace el incomprendido o el remolón ante denuncias o imputaciones derivadas del curso de cualquier investigación seria sobre algún desviado comportamiento de gente vinculada al proceso gubernamental. De todo esto, no es difícil dar cuenta del craso problema en que ha caído el gobierno venezolano. Al punto que transpira miedo cuando se lee que “con esta agresión gravísima pretende vulnerarse la esfera soberana del Estado venezolano y violentarse el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad, y a los Derechos Humanos del vicepresidente de la República”. ¿O pudiera pensarse que este venezolano con nombre libanés, está inmaculado sólo por detentar el cargo que el dedo presidencial le ha conferido? ¿O acaso el régimen olvidó el principio de igualdad que reza la Constitución y sobre el cual se cimienta la democracia que tanto se pregona desde la praxis proselitista, aunque sin resultado alguno? ¿O es que el régimen no ha advertido de que a pesar de arremeter permanentemente contra el imperialismo, los bienes incautados por el gobierno federal norteamericano a este rojo personaje están precisamente en pleno territorio imperial? ¿Cuál es entonces la diferencia entre un imperialismo diligente para encubrir delitos propios, y de un imperialismo “opresor” que apalea la revolución bolivariana?
El pronunciamiento del gobierno norteamericano expuesto por vía del Departamento del Tesoro, tanto como por intercesión del resultado de la investigación llevada por CNN, responde a la necesidad de hacer del conocimiento público los problemas políticos y económicos que han pasmado y retrasado el desarrollo de Venezuela. De hecho, el gobierno estadounidense está en todo su derecho de elevar su protesta cuando alguna acción delictiva interfiera su dinámica social. Es un asunto de soberanía nacional que para nada vulnera el Derecho Internacional Público. Por lo contrario, es un deber portador de toda legitimidad y necesidad acusar con fines penales cualquier acto delictivo que constituya un ultraje a los principios políticos sobre los cuales se fundamenta la democracia.
Más que la intención de valerse de ciertas estrategias que pretendieron un amarre amañado entre el gobierno venezolano y el nuevo presidente norteamericano en aras de mantener la pretendida reivindicación del poderío islámico, la situación reventó por dónde algunos no calcularon. Ahora con el ocioso cuento de que lo acontecido “carece de la más mínima legalidad internacional (…)” y de que ello apuntó a “vulnerar la esfera soberana del Estado venezolano (…)”, el régimen busca enredar -todavía más- las realidades. Sobre todo, porque estos tinglados configuran la base dialéctica de su política gubernamental, por demás camorrista y traicionera.
Por ello, los discursos y declaraciones del alto gobierno tienen como finalidad la grosera manipulación de la opinión pública. Revuelven todo lo posible apoyándose en la utilización de un léxico no sólo rabioso. Más que eso, en convencionalismos o términos cuya amplitud enciclopédica permite la inserción de ideas carentes de la necesaria resolución conceptual. Es el mecanismo que mejor ha dado resultado a todo proyecto político de tipo populista-autoritario. Por eso cualquier declaratoria o manifiesto de intención despótica o totalitaria, consigue en esos convencionalismos la forma más expedita de exaltar emociones en ilusos, furibundos y serviles. Términos como “institucionalidad democrática” o “igualdad soberana”. O como el reseñado por el aludido documento del régimen, cuando señala que es “una grave afectación y agresión contra nuestra Patria”. Pero exactamente, nada es así. Aunque esto si deja ver la manipulación dialéctica a que términos así, son expuestos. Por eso puede hablarse de una “patria” manoseada.
@ajmonagas
