El problema de los privados de libertad cada día se inclina a ser más grave y la situación tiende a empeorarse cada día más; todo esto lleva el agravante de que a quien le corresponde el control de los detenidos en Venezuela no reconoce sus responsabilidades y desconoce a 45.000 presos que están en centros de detención preventiva y que, aunque se empeñen en negarlo, es al Ministerio del Servicio Penitenciario al que le corresponde velar por estos reclusos y no a los organismos policiales, que tienen como función cuidar a los ciudadanos y no estar en sus comisarías cuidando presos, que es lo que ahora hacen.
Solo basta revisar el decreto N° 8266, mediante el cual se crea el Ministerio del Servicio Penitenciario, publicado en Gaceta Oficial N° 39721 del 26 de julio de 2011, y ver que claramente su Artículo 2° establece:“Son competencias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario: 1. Diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y procesadas, penados y penadas, así como procurar su rehabilitación y mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad”.
En ningún momento este decreto hace distinción de presos, habla de procesados y penados sin exclusión; igualmente el Código Orgánico Penitenciario, en vigencia desde el 28 de diciembre de 2015 en todo momento se habla de personas privadas de libertad, solamente en su artículo 23 dice: “Los establecimientos del Sistema Penitenciario se clasifican en establecimientos penitenciarios de régimen cerrado y de régimen abierto. Los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado se clasifican en centros para procesados y procesadas judiciales, y centros de penados y penadas, en los cuales se crearán espacios para los privados y privadas de libertad que, de acuerdo con determinadas características, requieren de un tratamiento específico y diferenciado del resto”.
El Código Orgánico Penitenciario es claro también cuando señala que los reclusos que están en proceso, también son de la competencia del Ministerio del Servicio Penitenciario y no como la ministra del Servicio Penitenciario y su equipo de trabajo nos pretenden hacer creer que los reclusos que están en proceso no les corresponden a ellos y con base en esta arbitrariedad y extralimitación de sus funciones han creado un caos en los centros de detención preventiva que ha fundado un sistema penitenciario paralelo que se los intentan endosar a las policías del país cuya función es dar seguridad a la ciudadanía, combatir la delincuencia, detener a los delincuentes, pero no estar cuidando presos, porque ese trabajo es del Ministerio del Servicio Penitenciario.
Tenemos 45.000 personas detenidas en centros de detención preventiva sin condiciones para tener personas detenidas por lapsos superiores a 48 horas, en más de 500 espacios regados a lo largo de todo el país; es decir, se han creado más de 500 minicárceles en todo el país. En el lugar que usted menos se lo imagine puede haber presos y muchos de ellos de alta peligrosidad que no deberían estar en esos sitios.
A esto le sumamos 55.000 reclusos que hay en las cárceles tradicionales que el Ministerio del Servicio Penitenciario sí reconoce como de ellos; es decir, tenemos una cifra aproximada de 100.000 personas presas en Venezuela, una cifra que jamás habíamos tenido en toda la historia penitenciaria venezolana.
Estamos a las puertas de un gran caos carcelario causado por la imprudencia y negligencia de los funcionarios que dirigen el sistema penitenciario venezolano; tenemos un hacinamiento cercano a 400% y no vemos que se esté haciendo nada para darle solución al problema; la construcción de nuevas cárceles sigue siendo solo promesas incumplidas, mientras las mafias penitenciarias siguen haciendo buenos negocios en esos recintos
Razón tenía el maestro Elio Gómez Grillo cuando decía que las cárceles eran un negocio tan productivo como Pdvsa.
@cnietopalma
El Nacional
