La Fuerza Armada podrá participar en ejercicios para contrarrestar invasiones imaginarias. Pero a la hora de la verdad su capacidad para responder ante situaciones concretas es ínfima

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Para el momento de la publicación de esta columna habrán transcurrido 40 días desde que desapareció en las selvas de Amazonas el helicóptero Mi17 del Ejército siglas EV0796. El rastro del aparato se perdió mientras volaba con 13 personas a bordo, cinco de ellas civiles a unas 70 millas de Puerto Ayacucho.

La aeronave también llevaba una carga de alimentos (cajas Clap mexicanas y perniles) para una “jornada social” que se llevaría a cabo en La Esmeralda. Desde entonces, el Gobierno ha realizado dos desfiles y un ejercicio cívico-militar, todos con propósitos eminentemente políticos, pero que no pueden esconder la terrible realidad que se vive dentro de los cuarteles.

El ministro de la Defensa general en jefe Vladimir Padrino ha insistido en la necesidad de que la FAN logre lo que llama “plena condición de apresto operacional” o PCAO. Esto implica que las unidades militares gocen de los medios humanos y materiales para el cumplimiento eficaz de las órdenes impartidas, y en términos más generales de la misión que les asigna la Constitución.

Pero una cosa es desfilar y hacer ejercicios sobre la invasión de un imperio imaginario y otra es la capacidad de reaccionar con celeridad ante situaciones reales y concretas. Allí es que se mide el verdadero PCAO. En el caso del helicóptero, la reacción ocurrió dos días después. La primera información oficial fue difundida el 1 de enero, es decir, tres días después de haber perdido contacto con la tripulación. Los militares incluso tuvieron que admitir en lo interno su incapacidad para ubicar los restos del aparato de fabricación rusa, hasta el punto en que el presidente Maduro hizo una convocatoria pública para incorporar a expertos civiles en cuestiones de búsqueda y salvamento. Esto se hizo a regañadientes dos semanas después.

La ausencia del “pleno apresto” también se evidenció en diciembre, cuando se declaró un acuartelamiento tipo A en unidades de la FAN para responder ante la eventual extensión a otras partes del país de las revueltas y saqueos que se desarrollaban primordialmente en Bolívar y Apure, así como en otros seis estados, debido a la súbita desincorporación de los billetes de Bs 100.

La orden de regresar a filas ocurrió en medio del primer turno de asueto navideño, y solo fue cumplida por la oficialidad que posee vehículos personales. Pero la mayoría de los militares no pudo acatarla, ni siquiera luego de que los llamaran a sus teléfonos (“plan de localización”), pues ellos tampoco tenían dinero para tomar transportes públicos, y en muchas oportunidades estos autobuses tampoco prestaron servicio, debido precisamente al riesgo que eso implicaba. Según documentos revisados, en esa oportunidad hubo unidades castrenses en las que solo el 40% de la tropa cumplió con el acuartelamiento.

En ambas situaciones, los laboratorios gubernamentales aplicaron tácticas abiertas y encubiertas de desinformación y engaño. Hubo incluso un vocero militar que hizo un desmentido público del acuartelamiento, cuando en todas las unidades de la FAN circulaba el radiograma correspondiente. En el caso del helicóptero ordenaron a los familiares de los tripulantes y pasajeros que evitaran contactos con la prensa independiente, para así reafirmar el vacío de información.

La Fuerza Armada, como ocurre con el resto del país, está sintiendo el deterioro económico, y esto afecta la capacidad para cumplir sus tareas básicas. Hay guardias nacionales que son enviados en comisión de servicio sin prever siquiera la asignación para alimentos, el llamado “rancho”. Por lo que estos militares llegan a su destino a ejercer la mendicidad, o peor aún a vender sus servicios al mejor postor.

Esto resume el verdadero PCAO de la FAN.

Breves

*El 2 de febrero el director de la Policía Nacional Bolivariana, mayor general Franklin García Duque, emitió una orden “de estricto cumplimiento” relativa al porte y el uso del arna orgánica, es decir, la que asigna ese cuerpo a sus funcionarios. Los agentes, indica el documento, deberán contar con un “acta de asignación personalizada” por cada arma que se entregue. Pero estas pistolas (generalmente marca Beretta modelo PX4 calibre 9 mm) deberán ser dejadas en custodia de la institución cuando el agente finalice su jornada laboral. En otras palabras, no podrán llevarlas cuando estén francos de servicio. Los únicos exceptuados de esta medida son los oficiales con el grado de comisionado jefe. La orden de García Duque lleva implícito un reconocimiento sobre la imposibilidad de dotar a cada agente de la PNB con una pistola, pues indica que los parques de armas de cada dependencia deberán ser dotados de forma conveniente para que desde allí se entreguen las Berettas a los agentes cuando salgan a ejercer sus funciones. La decisión del máximo jefe de la PNB fue tomada en parte como una forma de prevenir los numerosos ataques del hampa a los funcionarios, especialmente los de menor jerarquía. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), en 2016 fueron ultimados 414 policías, militares o escoltas. En el rubro de las policías civiles la PNB fue la institución que más víctimas acumuló con 62.

*El jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, general de brigada Ramón Pimentel, envió una circular a todas sus dependencias para recordar que la comercialización de telefonía es un delito, y que además está prohibido lo que denominó la “resolución privada de casos”. Previamente, se había prohibido la entrada a las unidades del Conas en todo el país al representante de una operadora de telefonía celular, quien al parecer actuaba en combinación con oficiales de esa unidad a los efectos de fomentar este mercado negro. Algunos efectivos del Conas, como en otras policías, también han tratado de mejorar sus ingresos económicos mediante la venta de información. Antes de emitir la referida comunicación, Pimentel se reunión con todos los operadores del Sistema de Información Policial (Siipol) para recordarles que la data de este archivo solo puede ser utilizada con fines de investigación penal.

*El director de la organización Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, reveló que en Venezuela la población carcelaria ronda ya las 100.000 personas. Hay aproximadamente 55.000 presos en internados judiciales y otros 45.000 en retenes policiales o “centros de detención preventiva”. Esto implica que la población “privada de libertad” según la jerga oficial se ha incrementado en 30% durante 2016. Este dato coincide parcialmente con informes elaborados por el Servicio de Seguridad Penitenciaria de la Guardia Nacional. Según ese despacho, en octubre de 2016 había 53.087 presos distribuidos en 37 centros penitenciarios. Para diciembre, la cifra se había elevado a 53.487 internos. Ahora bien, la GN también tiene centros de detención en sus cuarteles. Allí hay 2.881 personas. Se trata entonces de civiles que permanecen en instalaciones militares. Los grupos más grandes están en sedes de Lara (384) y Anzoátegui (319). A veces ni siquiera están en celdas sino en salones donde anteriormente se celebraban reuniones, ahora convertidos en retenes. Esto desde luego ocasiona incomodidades en el personal militar.

*El 31 de enero el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, envió una circular a todas las dependencias de esa policía para recordar a los funcionarios el deber de “ser cuidadosos con las imágenes, fotografías o datos que colocan en sus respectivos pin, whatsapp, twitter, Facebook, Instagram, tomando en cuenta que muchas de estas imágenes o informaciones son visualizadas por personas que buscan desprestigiar nuestra institución o por delincuentes que de un momento a otro pueden accionar contra el funcionario o su grupo familiar (…)”. Simultáneamente las redes de mensajería conformadas por policías alertaron que el Gobierno haría cumplir la prohibición de transmitir por esa vía los datos sobre procedimientos policiales, y que se harían revisiones sorpresivas a los teléfonos de los agentes para determinar si habían acatado esta directriz. Desde diciembre han sido detenidos tres detectives de la policía judicial por enviar datos sobre sitios de suceso, previa investigación a los aparatos por efectivos de la División contra Delitos Informáticos. No es cacería de brujas, sino de agentes. Una policía que se preciaba de su estrecha relación con los periodistas (hay libros sobre esto) ahora se maneja como si estuviese en una burbuja plástica, en pleno siglo XXI. Hay, desde luego, mucho de ocultamiento de la “corrupción endógena”, que antes se ventilaba públicamente gracias a las redes sociales.