El socialismo del siglo XXI, no ha descansado en sus ataques contra procesos políticos de inspiración democrática. Fue directo a su objetivo cardinal. Además, pérfidamente calculado y sigilosamente trazado. Hizo que Venezuela demostrara al mundo el desvergonzado talante de sus gobernantes. Paradójicamente, después de posicionarse como referente de transparencia, democracia y desarrollo, la llevaron a abdicar del Estado de Bienestar para nivelarse entre los países más pauperizados y rezagados no sólo del ámbito latinoamericano. También, del resto del mundo. Las políticas públicas diseñadas bajo influencia de la “revolución”, consiguieron degradar a Venezuela luego de haber alcanzado un notable sitial que la situó entre los países cuyos niveles de desarrollo humano eran envidiados por naciones aledañas y otras menos cercanas.

Por supuesto, ello no fue de gratis. Significó una onerosa inversión que se tradujo en resultados concretos. La “revolución” se vanaglorió de su fortaleza doctrinal, cuando fue declarada y reconocida la peor crisis de la historia nacional o la más fehaciente expresión de la inoperancia del esquema de desarrollo económico pretendido. Crisis ésta que a su vez arrastró dos crisis más: una crisis del tipo de acumulación cuyo efecto hizo colapsar el modelo reproductivo y de distribución del capital. Y otra del tipo de autoridad ejercida, cuyas consecuencias exaltaron el modelo militarista impulsado.

Ya a mediados del primer decenio del siglo XXI, dicha crisis, había comenzado a manifestarse a través de medidas gubernamentales que afectaron profundamente la funcionalidad del país a consecuencia de la intransigencia de sus gobernantes quienes, en desconocimiento de las implicaciones que sus imposiciones fueron generando, actuaron desdeñosamente sin atender ni entender demandas para las cuales no bastaba la oferta populista.

Por estas razones, fundamentalmente, el papel del Estado se desbordó al extremo que su relación con la economía y la sociedad nacional, se vio transgredida por la soberbia con la cual el actor gubernamental llevó adelante sus inconsultas decisiones. La corrupción se magnificó tanto que, según el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización no-gubernamental Transparencia Internacional, Venezuela ocupó el lugar 158, entre 167 naciones evaluadas a nivel mundial. Tan nocivo problema, resume lo que hubo detrás de acciones de sustracción, chantajes, comisiones y de sobornos. Justamente, fue lo que desangró la economía combinado con decisiones tomadas por el alto gobierno dirigidas a expropiar y confiscar bienes del sector privado: propiedades agrícolas, industriales, inmobiliarias, sin más razones que las determinadas por el odio, el resentimiento y la revancha. Todo en el arco de un autoritarismo desbordado.

En el fragor de tanto desafuero, en un contexto dominado por la arbitrariedad de órdenes dictadas al margen del Debido Proceso y del Estado de Derecho, se desataron tal número de complicaciones que en medio de tanto desorden, la corrupción cabalgó sobre su mejor monta. Fue oportunidad para que militares, funcionarios, colaboradores ad hoc, allegados, y politiqueros, entre otros oficios proclives a asumir posiciones de inmoral usurpación, se aprovecharan de crasas debilidades asomadas ante el desbarajuste administrativo gubernamental para abusar todo lo posible y beneficiarse pecuniariamente de cuanto podían. De esa forma, personas con cargos de autoridad o de jerarquía, se dieron a la oprobiosa labor de desfalcar cuentas nacionales, regionales o municipales. Aunque siempre procediendo con el presunto desvelo por no verse acusados de delitos de corrupción.

En medio de tan patético proceder, sumado al hecho causado por un mercado petrolero menguado en sus precios internacionales, Venezuela comienza a sucumbir sin que el Ejecutivo Nacional se sensibilice ante ese caos. De ingresos petroleros boyantes, el país se hundió en un marasmo donde ni papel para fotocopias en instituciones públicas se consigue. Esta coyuntura, en la concepción revolucionaria, sirvió de excusa para derrumbar lo que quedaba de institucionalidad democrática. De ello se valió el gobierno central para arremeter contra el único actor político, de factura democrática, que el 6-D-2015, vino a poner en su exacto lugar al resto de los poderes públicos. Aunque su esfuerzo fue derruido por el poder asentido por el temible presidencialismo en complicidad con un Tribunal Supremo de “Justicia” que solamente se ha prestado para jugar al papel de “bufete” del alto gobierno.

Por mediación de la Sala Constitucional, el TSJ ha manipulado causas justas convirtiéndolas en sentencias retorcidas cuyos resultados han tendido al desarreglo necesario sobre el cual podrían depararse las mayores posibilidades para invertir el sistema democrático. Y así, transformarlo en corriente ideológica donde tengan cabida las arbitrariedades propias de la dictadura que está asomándose en el plano de las realidades políticas venezolanas.

Y precisamente sobre estas mismas realidades, trastocadas por fuerza de los hechos y de un proscrito Derecho, maniobrado a conveniencia de los intereses del gobierno central, logró darse con la mejor excusa bajo la cual supo encontrar el mejor escondrijo para ocultar y darle nueva cara a los delitos cometidos en nombre del socialismo del siglo XXI. Fue: la “guerra económica”, un término envuelto en un convencionalismo usurero, propio de la más terrible y temible podredumbre política.

Con el cuento de la “guerra económica”, el alto gobierno quiso desaparecer toda evidencia de cuanto gazapo, guiso, robo, castigo, corrupción, o cualquier delito solapado cometido por afectos al proceso, funcionarios o adláteres. Encapuchado con tan engañoso mascarón, el gobierno central pretendió cubrir con mentiras piadosas el hueco que tanta expoliación oficialista ha dejado a lo largo 18 años de revolucionaria rapacería. Ni siquiera, tanta sustracción es comparable con la que el ejército nazi saqueó los tesoros más cuantiosos de Europa en época del Tercer Reich. Por eso no hay duda al afirmar que lo que ha pretendido esconderse bajo el ampuloso término de “guerra económica”, no ha sido otra cosa distinta de lo vivido en Venezuela en estos últimos tres quinquenios y algo más. Es decir, el saqueo del Siglo XXI.