Hemos perdido la oportunidad de hacer del MERCOSUR un instrumento para impulsar el desarrollo nacional y mejorar la inserción de Venezuela a nivel regional y global. Los gobiernos socialistas desde 1999 han tomado a la ligera la integración; todo bajo el supuesto, de que las afinidades político-ideológicas siempre estarían por encima de los compromisos adquiridos, y el resultado ha sido la salida de Venezuela del MERCOSUR por no adoptar y cumplir el acervo normativo como exigía el artículo 3 del Protocolo de Adhesión –firmado en Caracas el 4 de julio de 2006–, el cual estableció un plazo máximo de 4 años contados a partir de su entrada en vigencia en agosto de 2012. Más concretamente, se trata de varias normas técnicas y alrededor de 25% de los tratados fundacionales, incluyendo el Acuerdo de Complementación Económica N°18 -“espina dorsal” del MERCOSUR fenicio- y el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR que tanto hubiese podido beneficiar a los venezolanos.

A pesar de los numerosos llamados realizados por diferentes actores de la sociedad civil como el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) desde el polémico ingreso de Venezuela al MERCOSUR en 2012, el gobierno venezolano no hizo un esfuerzo suficiente para adoptar e internalizar el acervo normativo en el marco de un amplio diálogo nacional. Tampoco buscó negociar una hoja de ruta para completar el proceso con la Asamblea Nacional y el resto de los Estados Partes, a partir de la “tarjeta amarilla” que supuso la “Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del MERCOSUR y al Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela” adoptada el 13 de septiembre de 2016 en Nueva York, mediante la cual la Presidencia Pro-Témpore se traspasó de Uruguay a una comisión coordinadora –saltando así a Venezuela por no cumplir sus compromisos, en una situación inédita en los 25 años del MERCOSUR. Además, los Estados Partes le dieron un plazo extra al gobierno venezolano para ponerse al día hasta el pasado 1 de diciembre. En lugar de optar por una diplomacia prudente, la Canciller Rodríguez reaccionó desvirtuando la realidad e insultando a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay. Su actuación sólo agravó el problema. Como última línea de defensa, la diplomacia socialista esgrimió el respeto de los “principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio” recogidos en el Protocolo de Adhesión, así como la “titánica tarea” que supone el “análisis de un universo de más de 2500 normas adoptadas en 20 años” a ser incorporadas en tan sólo 4 años. Empero, era un argumento débil, ya que fue el propio Presidente Maduro –cuando era Canciller– quien aceptó este plazo.

Entre dimes y diretes estériles, vino la “tarjeta roja” con la “Notificación a Venezuela sobre el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del MERCOSUR” del 2 de diciembre, la cual se sustenta en la Decisión CMC N°28/05 que establece las condiciones y términos específicos que deben seguir los Estados que quieren adherirse al MERCOSUR; y remite al artículo 60 numeral 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 como principio jurídico y norma consuetudinaria, que facultaría a los Estados Partes por acuerdo unánime a suspender la aplicación del Protocolo de Adhesión debido al incumplimiento venezolano. Asimismo, la Notificación agrega que la medida regirá hasta que los Estados Partes convengan con Venezuela “las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado Parte”. Ergo, Venezuela ha sido suspendida de iure, siendo degradada de Estado Parte a Estado Asociado del MERCOSUR; pero ha sido expulsada de facto del bloque. Esto último lo decimos porque los Estados Partes del MERCOSUR saben bien que nuestra aguda crisis interna prolongará sine die el cese de los derechos de Venezuela, dejándoles margen para relanzar el MERCOSUR. Por tanto, una eventual reincorporación de Venezuela requerirá negociar un nuevo Protocolo de Adhesión. Es decir, los gobiernos socialistas nos han llevado durante diez años –desde su retirada de la Comunidad Andina en 2006– hacia “ninguna parte” en materia de integración, y el país vuelve a quedarse sólo con el paraguas ALADI.

En buena medida, la cuestión de fondo es el aislamiento regional del gobierno de Maduro tras la suspensión del Referéndum Revocatorio, el irrespeto a la Asamblea Nacional, así como su negativa a liberar los presos políticos y al canal humanitario. Aunque no se haya producido un juicio sobre nuestro trance interno, resulta evidente que los cambios en el Cono Sur tras la victoria de Macri y el impeachment a Rousseff, han hecho a los Estados del MERCOSUR más críticos con el gobierno venezolano en materia de democracia y derechos humanos.

Finalmente, el gobierno venezolano invocó el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR. No obstante, la Canciller Rodríguez no esperó a su activación en la reunión convocada para el 16 de diciembre en Montevideo; y se presentó sin invitación a la XI Reunión Extraordinaria de Cancilleres del MERCOSUR celebrada el 14 de diciembre en Buenos Aires con el objetivo de traspasar la Presidencia Pro-Témpore a Argentina. Allí, decidió irrumpir por la fuerza en el Palacio de San Martín contra todas las normas diplomáticas, montando un espectáculo bochornoso para el país. Esto incluso fue calificado por el Canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa –el más empático con el gobierno venezolano en MERCOSUR-, como “un acto grave”. Por ello, la diplomacia uruguaya pasó desde señalar que la suspensión de Venezuela “no es irreversible”, hasta afirmar recientemente que la situación venezolana en MERCOSUR se asemeja “a una vía de tren muerta”. Es decir, el mecanismo de solución de controversias parece destinado al naufragio. En lugar de condecoraciones, la Canciller Rodríguez debería ser removida del cargo. ¿Y usted qué opina?