El asesinato de los 12 jóvenes en Barlovento no es sólo consecuencia de fallas estructurales en las políticas contra la inseguridad o el exacerbamiento de la cultura de la violencia en nuestro país. Es también el resultado de una forma de ejercer el poder, impuesta desde el régimen de Nicolás Maduro, para la instauración de lo que no dudamos en denominar como un Estado Malandro.
Las expresiones de esto son múltiples: el robo de medicamentos donados por Caritas, las denuncias de desfalcos milmillonarios en PDVSA o los lazos entre el narcotráfico internacional y miembros del gobierno o el ejército. La actuación del TSJ o del CNE al impedir procesos electorales o iniciativas de la Asamblea Nacional, contraviniendo explícitamente a la Constitución. La centralización y el militarismo impuesto sobre todas las instancias de la vida nacional. El establecimiento de políticas económicas que promueven el clientelismo y la corrupción, generando nuevas formas especulativas. La criminalización, represión y secuestro de quienes disienten o se oponen al gobierno. La instrumentalización (a través de organismos como Conatel, por ejemplo) de formas de censura y bloqueo de información, en medios masivos y redes digitales.
El Estado Malandro es un modelo de ejercicio del poder. No responde a ideologías o corrientes de pensamiento político. Se impone por la fuerza (de las armas, de los medios y mecanismos institucionales) para mantener a un grupo en el poder, que obtiene ingentes beneficios económicos y somete a la población. Emplea prácticas delincuenciales (amenaza, coerción, secuestro, violencia, fraude, entre tantas) a través del aparato estatal de la nación.
Se puede argumentar que este modelo nefasto es consecuencia de falencias que han venido minando a nuestra sociedad: la normalización de la violencia, los niveles casi absolutos de impunidad, el surgimiento de grupos violentos validados por el Estado o de confederaciones criminales integradas por efectivos de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales. Pero la verdad nos encontramos frente a una realidad inédita en nuestra historia: ningún gobierno, antes del de Nicolás Maduro, había hecho de la práctica delincuencial una política de Estado.
El Estado Malandro fuerza a las personas a sobrevivir en, y desde, la ilegalidad. Construye un sistema de valores invertidos en el que terminamos delinquiendo de una forma u otra para satisfacer nuestras necesidades más básicas. La crisis alimentaria es un ejemplo feroz de esto: se consiguen alimentos a través del bachaqueo, práctica ilegal mejor remunerada que un empleo formal. Las filas de la comida son espacios de violencia y agresividad. Los cuerpos policiales asignados para mantener el orden y proteger a bienes y ciudadanos, exigen “vacunas” a los establecimientos vigilados o se asocian con mafias y grupos irregulares para extorsionar a las personas sometidas a las colas. ¿Cómo llevar comida a nuestra familia, cómo mantener nuestro negocio en pie, sin participar de esta dinámica trastornada?
Esta realidad se produce en medio de una brutal crisis, con una sociedad agotada, avasallada por las urgencias del devenir diario. La anomia, la desesperanza y el distanciamiento merman nuestra capacidad de respuesta. La resignada impotencia y la indiferencia general con la que se ha respondido al horrendo crimen de Barlovento contrastan con la conmoción y revuelo que pudo causar, en su momento, un hecho similar como la matanza de El Amparo. Aunque la fiscal general Luisa Ortega Díaz hizo un cuestionamiento, desde el Estado no se ha producido ningún cambio en el planteamiento y ejecución de las OLP, cuyas reiteradas violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas por muchos de nosotros desde un primer momento.
Enfrentarnos a este Estado Malandro supone una reformulación de los objetivos y maneras de hacer política en nuestro país y abandonar viejos paradigmas e ideas preconcebidas. Nuestra primera prioridad es la reconstrucción de la convivencia entre los venezolanos. Y no sobre oportunismos, prebendas o sectarismos sino sobre vínculos reales de respeto, reconocimiento y solidaridad, que se materialicen en acciones concretas. La participación de las personas debe trascender lo electoral, para vincular los diversos sectores de la sociedad entre sí y con el Estado de manera proactiva y dinámica. El político debe ser mediador, articulador, puente y parte de las diferentes fuerzas sociales, para ayudar a producir tanto soluciones inmediatas como proyectos inclusivos y sostenibles.
El pasado domingo 27 de noviembre nos reunimos con líderes y miembros de las comunidades del Municipio Libertador en la Hacienda La Vega. Reconocimos esfuerzos y reafirmamos compromisos sobre el trabajo de convivencia y solidaridad de personas como Jhonatan Leiva de La Vega y Alba Páez de Carapita, dos de las 11 personas que contaron sus vivencias, y de proyectos como Alimenta La Solidaridad. Compartimos con personas de otros sectores de Caracas, así como periodistas, investigadores, incluso líderes jóvenes de distintos partidos políticos. Visibilizamos a las personas que con sus logros validan otras maneras, otros caminos, de transformar la realidad. En estas experiencias están las claves para enfrentar a este Estado Malandro.
El asesinato de los 12 jóvenes de Barlovento no quedará resuelto sólo con el procesamiento de los efectivos del ejército involucrados, sino con la erradicación del modelo que les permite y alienta a actuar así. Está en nosotros reconocer esta situación y unirnos para poder confrontarla.
@RobertoPatino
