Para nadie es un secreto que Venezuela vive momentos muy críticos en su vida política, social, cultural y económica, marcada por una evidente polarización que impide, en muchos casos, que se lleguen a acuerdos en beneficio común, incluso en aquellos puntos básicos de simpleza humanitaria en todo estado de derecho, sencillamente porque el otro tiene la culpa o porque no coopera con las exigencias de su contraparte.
Desde los mismos inicios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se comenzó a trabajar en diferenciar el pensamiento crítico, con lo cual se pretendía sentar las bases de ideologías políticas que describían una determinada tendencia totalmente excluyentes entre sí. Hoy día, vemos materializadas estas posturas que al parecer, no pueden cohabitar en el mismo espacio, o por lo menos, eso han querido decir quienes defienden una u otra tendencia política.
Existen múltiples formas de gobierno en el mundo, pero la nuestra es un sistema presidencialista perfectamente reglamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual permite la aplicación de modelos ideológicos maleables que se ajustan a los criterios de gobernabilidad del presidente de turno. Sin embargo, ello no obsta a que estas ideologías políticas alteren el resto de los postulados constitucionales, los cuales se deben mantener incólumes pues es el mandato de un pueblo expresado en la organización del Estado, en síntesis es el modelo político el que debe ajustarse a la Constitución, nunca al revés.
Recientemente, y ante los marcados problemas por los que actualmente atraviesa la República, tanto en lo político, social, económicos, cultural, entre otros, se ha tratado de llegar a acuerdos que de alguna manera, permita la salida pacífica de estos conflictos, que si bien, se encuentran expresados en dos bandos que representan seguramente casi la totalidad de los habitantes de Venezuela, pues de existir un grupo minoritario que no se identifica ni con uno ni con otro, sin lugar a dudas, si le afectan los problemas que dieron pie para la instauración de un diálogo nacional, con la presencia de la Iglesia católica, y expresidentes de otras naciones convocados por UNASUR.
En estas líneas no pretendemos analizar las posturas políticas que allí se manejan, nuestra intención es mucho más compleja, pues pretende establecer los alcances constitucionales para la solución del conflicto, por cuanto, hasta en la mesa de diálogo se debe respetar el mandato del constituyente.
Antes de comenzar con este análisis, consideramos conveniente señalar que se entienden por “derechos”. De acuerdo con la Real Academia de la lengua Española, es el “…Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva…”. En consecuencia, los derechos son innatos de la persona, por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, sin menoscabo de los derechos que se reconozcan a las personas jurídicas, y por tanto, las diversas constituciones y legislaciones reconocen estos derechos y dictan normas para su protección.
Para lograr el respeto a los derechos de todos los ciudadanos que hacemos vida en Venezuela, se deben establecer reglas de conducta dirigidas a este fin, es por ello que existe la Constitución como norma rectora, la cual ordena el Estado por ser la voz del pueblo recogida a través de la Constituyente.
En este ordenamiento constitucional se describe a Venezuela como un Estado social y democrático de Derecho y de Justicia, comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran, todo ello persigue un desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, para así materializar un Estado de Justicia, dirimido a través de todas las instituciones públicas.
El texto constitucional incorpora valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación, como son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político. Este último ha sido atacado fuertemente en los últimos años de la vida política de la República.
Algunos venezolanos piensan que la mesa de diálogo no solamente ha incumplido la naturaleza o finalidad de su instalación, sino que además en ella no se discuten aspectos fundamentales como los valores anteriormente mencionados.
Independientemente de la perspectivas que se tengan de los resultados de este diálogo, existen argumentaciones que no necesitan este método de entendimiento, y eso son los postulados constitucionales. Es por ello, que consideramos fundamental que para conseguir la paz, más allá del diálogo, es que las instituciones cumplan al pié de la letra los deberes que le impone la Carta Magna, y así evitar que las autoridades se aparten del ejercicio de sus funciones y se dediquen a resolver exclusivamente el mantenimiento de la gobernabilidad.
Ciertamente es necesario dialogar, pero la salida a este problema político parte de la necesidad de reinstitucionalizar los poderes públicos, y así darle gobernabilidad a la República y orden social, siempre dentro del marco constitucional.
En consecuencia, quienes tienen en sus manos el compromiso de buscar las soluciones de los problemas por los cuales atraviesa Venezuela, bien por el ejercicio de su autoridad o porque tienen liderazgo político, se empeñan en buscar salidas en argumentos que muchos casos responden a interés particulares, cuando la salida a la crisis se encuentra sin duda en el texto constitucional, pues es allí donde realmente se encuentra el equilibrio de los poderes y su independencia, herramientas éstas necesarias para lograr los objetivos.
Alejandro Rebolledo
@arebolledo1
