A raíz del reinicio del dialogo entre el Gobierno de Venezuela y la agrupación opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han surgido una serie de interrogantes imposibles de obviar. Estas, además de haber trascendido a la opinión pública internacional, se han convertido en factor de duda y de discordia entre quienes abogan por el dialogo y sus detractores.
Una de las características de las sociedades democráticas es precisamente la discusión, y hasta las críticas en relación con cualquier aspecto que comprometa los intereses de sus miembros. Proviniendo las acciones de seres humanos, y recordando que estos no son infalibles, es obvio que al no existir soluciones perfectas la duda y las críticas no solo deban de existir, sino que deberían ser bienvenidas. En el caso de Venezuela no ha sido así, llegándose hasta al extremo de que ciudadanos se ataquen entre sí, acusándose los unos a los otros de pretender crear desunión dentro de la agrupación, y hasta de recibir dinero de parte del gobierno para lograrlo.
Si bien es entendible el efecto que ha venido produciendo el dialogo debido a la tremenda crisis política y económica que se vive en Venezuela, -circunstancia que ha crispado los ánimos de todos sus habitantes-, no es menos cierto que de continuarse por ese camino de descalificación y de sordera ante la posibilidad de corregir algún error en la conducción del mismo, las consecuencias las pagarán todos los venezolanos. De allí que se haga necesario la búsqueda de algún sistema de evaluación, capaz de demostrar objetivamente, tanto a los participantes del dialogo, como a sus defensores y detractores, su efectividad o no.
Uno de los mecanismos que pueden contribuir a resolver la situación creada está contenido en el “Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los resultados de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. Si bien dicho manual hace referencia a la gestión de proyectos, y al desarrollo de verdaderos programas, el mismo establece una serie de parámetros que resultan de utilidad para conocer la efectividad de las estrategias desarrolladas en infinidad de actividades, siendo el dialogo y la negociación unas de ellas.
Empecemos por recordar que este diálogo ha sido generado como consecuencia de la ingobernabilidad del país. De no haber sido así, organismos como la UNASUR, e instituciones como el Vaticano, jamás se hubieran involucrado. Entendiendo entonces al diálogo Gobierno-MUD como el proyecto de paz del país, se hace fundamental realizar su seguimiento a fin de evaluar hasta qué punto este resulta constructivo, así como establecer los cambios necesarios para mejorarlo si fuera el caso.
En materia de gestión de proyectos, el primer paso para su evaluación es el comparar entre los cambios generados por el proyecto en la actualidad y aquellos que estaban previstos en el momento de su planificación. En el caso del diálogo en Venezuela, debemos conocer cuáles fueron los objetivos planteados por las partes a su inicio, y compararlos con la materialización de esos objetivos hasta el presente. Debido a la controversia surgida en el seno de la oposición venezolana, haremos referencia únicamente a los objetivos planteados por la MUD, a cuyo efecto lo denominaremos “Proyecto Dialogo”.
Así tenemos que al inicio de la activación del dialogo, la máxima autoridad de la MUD señalo como objetivos, lo siguiente: “El temario es claro: Solución electoral, libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional (AN)…”
Los aspectos antes señalados corresponden, de acuerdo al manual del PNUD, a lo que se denomina “el panorama de temas prioritarios”. En otras palabras, la MUD reinicio el diálogo porque deseaba resolver la situación del país buscando una solución electoral. Exigía la liberación de los “presos políticos”, requería del gobierno la atención a la crisis por falta de insumos de primera necesidad; y por último, buscaba se respetara la competencia de la AN.
Reunidas las partes en conflicto, fue presentado un documento oficial (octubre 30, 2016), en el cual se estableció el resultado de la reunión celebrada entre ellos, de donde, entre otros, se produjeron los siguientes acuerdos: “…Revisión de la situación de personas privadas de libertad; caso de los diputados del Estado Amazonas; cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución; funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales; compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas y explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes…”
Continuando con la ejecución del proyecto diálogo, en una tercera reunión (noviembre 12, 2016) la MUD, señaló los acuerdos siguientes: “Elecciones en Amazonas; respeto a la autonomía de la AN; elección de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); liberación de personas detenidas; permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas; y adelantar políticas para que los sectores público y privado acuerden mecanismos para importar y distribuir mercancías e insumos”.
De lo antes expuesto, al comparar los objetivos iniciales del dialogo, con los resultados hasta ahora obtenidos, veremos que en cuanto a la “solución electoral” sugerida (que inicialmente se hacía ver como una solución nacional, y no a nivel de alguna localidad), se acordó la repetición de las elecciones en el Estado Amazonas, cuyos diputados habían sido ordenados desincorporar anteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es de recordar que con esta repetición de elecciones y la desincorporación de los diputados de ese Estado, La MUD dentro de la Asamblea Nacional perdió la mayoría calificada que requería para tomar decisiones trascendentales para el funcionamiento de los poderes públicos. En relación con la “libertad de los presos políticos”, se transformó la denominación presos políticos por privados de libertad, sin mayor otra consideración que permita la evaluación de los casos más relevantes e injustos. Respecto a la atención a las víctimas de la crisis humanitaria, se acordó permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas y la posibilidad de importarlos por parte de la empresa privada.
Por último, en relación con el objetivo inicial de “respeto a la AN” nada fue desarrollado, si bien paralelamente a estas discusiones fueron tomadas ciertas decisiones por parte del TSJ, vinculadas a la competencia de aquella. Entre estas decisiones podemos mencionar las siguientes: ordenó a la AN abstenerse de continuar el juicio político contra el Presidente Nicolás Maduro (iniciado por la AN y suspendido por esta al inicio del dialogo); declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto para reanudar la recolección del 20% de firmas que permitirían continuar con el proceso del referéndum revocatorio; y ordenó suspender los efectos de la investigación iniciada por la AN en relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. , presumiblemente por parte del ex presidente de dicha institución, Rafael Ramírez, así como también suspendió investigar todos los actos derivados de esa o de cualquier otra investigación.
Existen muchos otros aspectos en el referido manual, vinculados con la evaluación de una gestión. Circunstancias como la “pertinencia de un proyecto”, en donde debe respetarse la congruencia entre los objetivos planteados en el mismo y los intereses de la población e instituciones (consenso social). Sobre esto recordemos que en la discusión se están involucrando áreas, como la soberanía popular, y los derechos humanos, cuya negociación y/o renuncia están prohibidas por la Constitución de la República y por los Tratados internacionales suscritos por esta.
Otras exigencias están incluidas en el manual, de donde podemos mencionar la necesidad de evaluar la efectividad del proyecto, a fin de verificar hasta qué punto en el espacio, en el tiempo y económicamente este es viable; y en fin, una serie de elementos que garanticen que el resultado de las estrategias obedece al fin deseado, y que ese fin este acorde con los intereses de la colectividad y no de grupos económicos o políticos en particular.
Antes de seguir discutiendo, ¿Cuál es la evaluación que usted le da a los resultados del dialogo?
*Abogada, especialista en seguridad y defensa, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos
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