Dije y escribí refiriéndome a la OLP en sus inicios, que lo que en realidad de verdad ésta libera no es al pueblo de los malandros que le acosan, como proclaman sus siglas, sino en los llamados agentes del orden las más bajas e inmorales tendencias a ejercer la peor violencia sin controles de ningún tipo y bajo la autorización y apoyo de la autoridad contra todo el que por ellos mismos sea declarado delincuente y por lo tanto digno de muerte.

La preocupación que desde el principio de la mentada operación me inquietó, se ha visto reforzada por los hechos constantemente reseñados en los medios a lo largo de los muchos meses ya transcurridos.

Para poner un ejemplo cercano, tenemos los confusos acontecimientos de La Bonanza, el vertedero de basura de Caracas. Al parecer, ahí se mueven toda clase de negocios, que no tienen que ver necesariamente con lo que se puede encontrar entre la basura sino de la facilidad de encubrimiento que el lugar ofrece, cuyos beneficios se disputan diversas bandas con el consiguiente saldo de muertos y heridos. Abundan también los trabajadores humildes y honestos que del rebusque entre desechos tratan de obtener medios de subsistencia. Según testigos, cuando los efectivos de la malhadada operación llegan al lugar, no se preocupan por distinguir entre delincuentes y trabajadores. Tienen orden de reprimir e incluso ejecutar y la cumplen sin miramientos. “A mi primo, dice una testigo, lo sometieron y le dispararon en la espalda”, y continúa con sano criterio: “Ellos no pueden llegar a un sitio y disparar sin hacer un estudio previo para determinar quiénes son los delincuentes”. Por poder, desgraciadamente pueden, pero no tienen ningún derecho de entrar matando y efectuando ejecuciones extrajudiciales ni contra delincuentes ni contra ciudadanos comunes que en cuanto al derecho humano a la vida están en iguales condiciones. Lastimosamente la testigo parece pensar que si identifican al delincuente, contra él sí tienen derecho a ejercer la violencia mortal. Mucha gente piensa así y éste es otro pernicioso efecto de la operación: distorsionar la conciencia moral del ciudadano común irritado por la delincuencia desatada.

El régimen ya tiene su nombre oficial decretado por los auténticos y legítimos representantes del pueblo: DICTADURA, pero las prácticas dictatoriales, arbitrarias, criminales y fuera de todo orden moral, por ende, vienen de mucho atrás, desde que el mismo se instaló con intenciones absolutistas desde sus primeros pasos.

Liberarnos de él es imperativo moral humano y divino.

 

El Nacional

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