El pasado 11 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) atendió la solicitud hecha por el presidente de la República respecto a la ampliación de una decisión dictada por el Máximo Tribunal sobre el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, y autorizó la presentación de la solicitud de aprobación del presupuesto nacional para el año 2017 ante el Alto organismo jurisdiccional. A los efectos de esta decisión, la competencia establecida a la Asamblea Nacional (AN) en el Artículo 187 de la Constitución de la República (C.R) de “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”, así como la de “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” queda suspendida, pospuesta, o eliminada mientras dure la ejecución del referido decreto de emergencia.
Para quienes desconocen el contenido de dicha sentencia poco sentido tendría el comenzar a analizarla, toda vez que la misma ratifica lo que todo el mundo sabe y es que en Venezuela no existe ni democracia, ni mucho menos respeto al Estado de Derecho y que las formas que solía utilizar el entonces Presidente Hugo Chávez, de hacer parecer legal o constitucional lo que no lo era, han desaparecido.
Como consecuencia de la referida decisión, hace un par de días el Presidente Maduro dirigió una asamblea popular con el objeto de aprobar dicho presupuesto a ser presentado ante el TSJ. En esa asamblea igualmente señalo que “todos los gobernadores y alcaldes deben firmar carta de acatamiento de la sentencia del TSJ», por cuanto que a quienes no lo hagan “no se les aprobarán recursos del situado constitucional”. Esta imposición por parte del mandatario, si bien carece de asidero legal, evidencia un ejemplo más del poder absoluto que representa, así como un reto a los alcaldes y gobernadores que se dicen contrarios al régimen. Si firman la mencionada carta, aceptando lo que en todo caso ya es una decisión judicial y como tal debe cumplirse, actuaran en contra de la mayoría opositora del país, la cual ha manifestado su total rechazo a dicha sentencia. Por el contrario, de no firmar la absurda misiva se encontraran excluidos de recibir los referidos ingresos adicionales.
Mientras esto ocurría, la AN debatía en su recinto sobre el “rescate de la democracia y el respeto a la Constitución”. Dentro de las muchas opiniones que se escucharon en el debate hubo algunas que llamaron la atención de los analistas internacionales, las cuales nos proponemos resaltar. La primera fue la realizada por el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien manifestó que «el derecho al voto no es del CNE, ni del TSJ, sino del pueblo, y lo haremos valer para resolver esta crisis”; señalando más adelante que el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia «están fuera de la Constitución».
Por su parte el presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la AN advertía que el parlamento desconocería el presupuesto nacional aprobado por el presidente de la República y presentado al TSJ. A cuyo efecto señalo, que harían un “llamado a los organismos públicos, ejecutores de gasto, la tesorería nacional y demás entes públicos para que no ejecuten gastos basados en el presupuesto y también a las instituciones financieras para que se abstengan de hacer operaciones de crédito público».
Por último, el presidente de la A.N declaraba que “con todos los quebrantamientos del orden constitucional (…) Luego de la recolección del 20%, iremos a la OEA a ponerlos al día sobre Venezuela y pedir la aplicación de la Carta Democrática”.
Es evidente que los más altos representantes del organismo legislativo, los cuales hacen vida política en el país, se encuentran conscientes del “quebrantamiento del orden constitucional” en el que se encuentra el gobierno. No obstante, el planteamiento que se hacen los ciudadanos y que repercute en los análisis que presentan los investigadores sobre el tema de Venezuela, no es la ausencia de constitucionalidad de los actos del poder público, sino la manera en que esto pretende enfrentarse.
¿Qué valor puede representar para los venezolanos el que se les diga que “el voto es del pueblo”, si no pueden ejercerlo? se preguntan algunos. ¿Qué importancia podrían darle los organismos del Estado a la advertencia respecto a que la Ley de Presupuesto es inconstitucional, y qué organismos públicos rechazaran la ejecución de dicha Ley? Señalan otros con sorna.
¿Cómo es eso que antes de cualquier acción en contra de tanto abuso de poder, la sociedad venezolana tendrá que esperar a “luego de la recolección del 20% de las firmas”?, se preguntan abrumadoramente los estudiosos. ¿Será que quienes así opinan no se han enterado que el propio organismo electoral ha establecido unos requisitos, tan inconstitucionales como la mencionada Ley de Presupuesto, que de ser cumplidos posponen el referéndum revocatorio para el próximo año?
Hay quienes solemnemente anuncian la existencia de un golpe de Estado de parte del TSJ en contra de la AN. Quienes afirman esto se equivocan. No existe ningún golpe de Estado en contra de la AN, lo que existe es un golpe contra la República, y este fue ejecutado hace más de 15 años. Los únicos que al parecer no lo han visto son los políticos, porque el pueblo, aquellos que no tienen inmunidad, a los que no les pagan dietas por participar en comisiones ni debates, los que no tienen carro, ni mucho menos chofer, hace años que ya se dieron cuenta.
Algunos han llegado a anunciar con seria preocupación la posibilidad de que en los próximos días el TSJ podría publicar una sentencia en contra el referendo revocatorio (RR) presidencial. ¿A cuál RR se referirán?, porque el único RR pautado formalmente por el ente electoral ha sido fijado para el próximo año. ¿Será ese el revocatorio que persiguen, el que permitiría al Presidente Maduro salir del poder sin que nadie le exigiera cuentas por sus desmanes, porque quien lo sustituiría seria su Vicepresidente?
Los días pasan y la situación que padecen los venezolanos frente a la criminalidad desatada, la impresionante inflación, y la carencia de bienes de primera necesidad es absolutamente dramática. Ya ni los medios de comunicación lo reseñan con la gravedad que lo amerita, y es que toda esta tragedia se ha convertido en cotidiana, y lo cotidiano no atrae noticias.
Son dos países en uno, describiría Kafka en alguna mágica novela de esas en las que hacía de lo absurdo una realidad, en las que nada era lo que parecía ser. Dos Venezuelas que transitan en líneas paralelas en donde nadie escucha lo que no quiere escuchar, y otros miran para otro lado porque no quieren ver. ¿Inventaremos un país, o tendremos que esperar hasta las elecciones presidenciales del 2018 para darnos cuenta que estas también no las quitaron? ¿Lo dudan?
Publicado en Notiminuto
Virginia Contreras Abogada experta en seguridad
