El régimen se lanzó por la vía de un aumento del salario mínimo, llevándolo hasta Bs 65.056 al añadirle el bono de alimentación.  Su objetivo fue claramente expuesto por el presidente Maduro: «La pelea es peleando, la guerra es guerreando». No parece existir allí espacio alguno para motivaciones de carácter social o económico.

Nadie niega la necesidad de aumentar el ingreso de los trabajadores. El problema radica en que el objetivo de mejorar la remuneración es beneficiar a los trabajadores. ¿Es eso lo que se va a lograr o se trata de una medida de corte populista? Veamos:

Como ocurre con cualquier incremento las empresas responden por tres vías diferentes: La primera es trasladar ese aumento a los precios, la segunda es reduciendo personal y la tercera es procurar compensar los aumentos con incrementos en el nivel de productividad.

¿Pueden las empresas trasladar el incremento salarial a los precios? En las actuales circunstancias la respuesta es que muchas no podrán hacerlo, porque se enfrentan a una política de controles de precios que se lo impiden.

Si no logran trasladar el incremento a los precios las empresas se verían obligadas a reducir sus costos laborales, reduciendo personal. ¿Pueden hacerlo? La respuesta es no, porque existe un decreto de estabilidad laboral que se los impide.

Tendrían entonces las empresas que recurrir a una tercera alternativa, como sería la de procurar aumentos de productividad, invirtiendo en bienes de capital, es decir, maquinarias y equipos. Para ello tendrían que remplazar personal por maquinarias, o sea,  reducir personal; pero como ya vimos, el decreto de estabilidad laboral se los impide. Adicionalmente, el costo de esas maquinaras es inaccesible, porque suelen ser importadas y el control de cambios limita la disponibilidad y el acceso a las divisas necesarias para hacerlo.

Además, los aumentos de productividad, por lo general, vienen acompañados por aumentos en el volumen de producción. ¿Pueden actualmente las empresas aumentar sus niveles de producción? La respuesta es probablemente no, porque para hacerlo necesitarían disponer de más materias primas e insumos que ni están disponibles en el país, ni se pueden importar dada la ya mencionada dificultad de obtener divisas.

Bloqueadas todas las vías anteriores, la única alternativa que le quedaría a infinidad de empresas será la de cerrar sus puertas. En particular habrá gran mortandad en la pequeña y la mediana industria.

A nivel del sector público la consecuencia será una crecimiento del déficit fiscal. Para cubrirlo el régimen recurrirá al financiamiento del BCV, aumentando considerablemente la masa monetaria mediante emisiones de dinero inorgánico. Resultado: hiperinflación.

En conjunto, las consecuencias inmediatas del decreto de aumento del salario repercutirán en varias áreas sensibles de la economía y de la sociedad:

Primero: En un fuerte impacto en el nivel de los precios; es decir, que en los próximos meses la inflación se disparará a niveles sin precedentes.

Segundo: Que el desempleo crecerá de manera fenomenal.

Tercero: Que ante el cierre de infinidad de empresas, la escasez se agudizará.

Cuarto: Que el mercado negro se expandirá, alimentado no sólo por una escasez creciente,  sino además por un elevado número de trabajadores que al quedarse sin empleo formal tendrán que buscar esa alternativa de trabajo como medio de subsistencia.

Quinto: Que los niveles de sufrimiento de la población serán tremendos, ya que no hay peor situación para una familia que el desempleo en momentos de hiperinflación.

Todo lo anterior no es más que un análisis llevado a un extremo de simplificación. Es de suponer que la medida fue tomada con intención de favorecer a los trabajadores. Sin embargo, tras ella se esconden objetivos diferentes.

Puede ser simplemente una respuesta populista a la fuerte pérdida de popularidad del régimen, enfrentado al Referendo Revocatorio. Constituye un engaño a los trabajadores que atraídos por la idea simple de un aumento en sus ingresos, no disponen de los mecanismos necesarios para analizar la compleja trama de consecuencias que una medida así puede desencadenar.

El aumento en los ingresos de los trabajadores es un objetivo altamente deseable. Pero lo es en la medida en que los beneficios que obtengan superen los perjuicios que los afecten.

Un aumento salarial que no corresponda a un aumento en los niveles de productividad se traduce en un aumento más que proporcional en los precios. La inflación les arrebatará rápidamente el ingreso adicional y en definitiva la situación de los trabajadores empeorará,

Y después vienen las consecuencias macroeconómicas más complejas. La medida contribuirá a una mayor contracción económica agravando la ya severa caída del PIB que para este año el FMI estimaba en 10% y un incremento de la inflación aún mayor al 720% previsto por esa institución para el 2016. Y desde luego impactará también el valor del bolívar encareciendo las importaciones.