Cualquier consideración sobre un ejercicio de gobierno pretendido a desdén de los postulados de la Teoría de la Democracia, debe partir de argumentos deliberados a instancia de la Ciencia Política. Lo contrario, sería lo más aproximado a conjeturas apuntadas desde apreciaciones coyunturales que situarían esta u otra disertación en el plano de las confusiones. O sencillamente, en el terreno pueril de los infundios o meras sandeces sin posibilidad de inferir algún supuesto o hipótesis justificable.
Así que de primero, es propio partir de un concepto de dictadura que refiera claramente, sus razones, naturaleza e implicaciones. De entrada, vale la definición expuesta en el Diccionario de Política (Bobbio, Matteucci y Pasquino) encargada al politólogo italiano Mario Stoppino. A pesar de su riqueza semántica y dialéctica lo cual lleva a distintas interpretaciones, en principio pudiera traerse a colación aquella que la explica basándose en la concentración y el carácter absoluto del poder. A diferencia de la dictadura romana, que como mecanismo de gobierno “podía activarse según procedimientos y dentro de límites constitucionalmente definidos, para hacer frente a una situación de guerra”, la dictadura moderna o también llamada inconstitucional, obviamente, no forma parte de ninguna normativa constitucional. “Se instaura de facto o de todas maneras trastorna el orden político preexistente”.
No obstante, se habla de una dictadura “revolucionaria” la cual “se implanta de hecho y no soporta límites preestablecidos”. Esta dictadura, en contraposición con la democracia liberal, se distingue por una concentración marcada del poder y por la transmisión de la autoridad política de arriba abajo. Sin duda que por esta razón, es indiscutible reconocer sus características profundamente antidemocráticas. En consecuencia, viene haciéndose necesario, a decir de Stoppino, “un análisis de las relaciones que se entrecruzan entre dictadura, y otros términos empleados para aludir a los regímenes no democráticos. Es cuando llega a hablarse de despotismo, absolutismo, tiranía, autocracia y autoritarismo”.
Aunque estos términos tienen acepciones diferentes, sus sentidos están dirigidos a connotar toda manifestación de poder que busca encumbrarse por encima de leyes establecidas legal y legítimamente. Para ello, estos regímenes, invocando el interés público o incitando aviesamente el principio de “soberanía popular”, buscan enquistarse como “gobiernos revolucionarios”. Pero que en el fondo, no son más que dictaduras inconstitucionales disfrazadas con argumentos ideológicos alevosos. Para ello, buscan el apoyo de las fuerzas militares con el propósito de asentarse en el poder político provocando las molestias e incomodidades necesarias que inciten su sometimiento. Así que no puede pensarse que un régimen dictatorial cuente con la aceptación pasiva de la población pues representa no sólo “una ruptura de la tradición”, sino además, un rompimiento del curso constitucional sobre cuyos preceptos se suscriben derechos, deberes, garantías y libertades. Y en fin, la organización del Poder Público Nacional en términos de las atribuciones que a cada poder corresponden.
Un régimen dictatorial se encubre con justificaciones cuya elaboración busca constreñir mediante amenazas o debilitando voluntades la funcionalidad de una sociedad. O también, empleando la movilización política de aquella parte de la población de escasa cultura político-ideológica o sometiendo con violencia la otra parte. De manera que partiendo de las características hasta acá referidas, no es difícil endosarle tal imputación al gobierno venezolano. Pues si bien, dicho señalamiento no siempre es advertido, precisamente por los recursos comunicacionales pero también de fuerza que utiliza el alto gobierno para eludirlo, es innegable que debajo de los mismos pueden hallarse los testimonios claramente irrefutables e innegables para hacer ver ante el resto del mundo, su carácter dictatorial.
Las recientes decisiones del gobierno nacional, son demostrativas del talante dictatorial que mantiene. Ello, puede apreciarse a través de los actos de impúdica y atrevida trasgresión a la Constitución de la República referentes al desconocimiento de los preceptos que le otorgan autonomía al resto de los poderes públicos, así como a instituciones del Estado venezolano. Asimismo, haber incurrido en violaciones de convenciones internacionales y acuerdos nacionales. El desprecio a derechos humanos y fundamentales. El insólito llamado al pueblo a rebelarse contra leyes orgánicas y deberes ciudadanos. La absurda pretensión de arrogarse el poder necesario para derogar, mediante solapados criterios, dictados constitucionales o mermar libertades individuales y garantías que salvaguardan la ciudadanía democrática. El hecho de reprimir la población con grupos paramilitares y parapoliciales, sin consideración alguna, pese a estar concebida la protesta como un derecho constitucional. Entre otros atropellos de igual o peor efecto.
Tan patética cadena de groseras determinaciones, constituyen una amplia demostración de cuánto de aberración y desvergüenza hay en estos gobernantes, supuestamente “socialistas” y “revolucionarios”. Sus discursos, son la prueba más fehaciente tanto de la vulgaridad pública, como del grado de ignorancia política que exhiben. Con esto quiere explicarse, en lo que incumbe al régimen venezolano, de ¿por qué es dictadura?
