Ya forma parte del discurso oficialista cotidiano afirmar que no habrá referendo revocatorio este año, dizque porque los lapsos no dan para ello. También los voceros del régimen sostienen que todo lo relacionado con éste y otros mecanismos constitucionales que la MUD intenta activar para provocar un cambio adelantado de gobierno, constituyen una conspiración en marcha que tiene por objeto un golpe de Estado. Ambas cosas son falsas como bien se sabe, pero lo cierto es que el Gobierno sólo busca trancar el juego y evitar cualquier elección, por lo que, hoy más que nunca, la calle pasa a ser el escenario y la herramienta más importante en función de lograr una transición democrática.

Respecto a los lapsos, se ha explicado hasta la saciedad que aplicando el reglamento sancionado por el propio CNE en 2007, hay tiempo suficiente para que haya revocatorio este año. El problema no es ese, sino la mala fe con que actúan las cuatro rectoras y el rosario de tácticas dilatorias que se han inventado para, precisamente, hacer que los lapsos no den. La razón para esto es que las consecuencias jurídicas y políticas son totalmente distintas si el RR se hace después del 10 de enero de 2017, ya que, en ese caso, saldría Maduro pero no hay cambio de Gobierno.

Por otro lado, el discurso sobre la supuesta conspiración ya es un disco rayado que además es una contradicción. ¿Cómo es que pretendemos dar un golpe si lo que queremos es que se convoque a un Referendo primero y luego a unas elecciones presidenciales? Eso es exactamente lo contrario a un Golpe. Además, el Gobierno fanfarronea a diario que tiene el control de la FANB, por lo que es inexplicable entonces que la Unidad pueda estar planeando un golpe para el cual es indispensable el concurso de los militares.

Dicho esto, insistimos en afirmar que el único golpe en marcha en Venezuela es el que le está dando el TSJ a la AN con sus sentencias, y el único fraude es el que el gobierno viene haciéndole a la voluntad popular, utilizando su control institucional para suprimir recursos y competencias a discreción, cuando de opositores en funciones se trata.

Ahora bien. Esta creciente tensión política va acompañada de la profundización de una crisis que no tiene posibilidad de reversión mientras siga gobernando esta caterva de delincuentes empoderados. El nivel de deterioro económico y social no tiene parangón en el mundo actual, y los antivalores que se han arraigado en las masas son tal vez el mal que más nos costará superar cuando esta pesadilla termine. El hampa sanguinaria desbordada por un lado, y los linchamientos como expresión de “justicia” callejera por el otro, son dos ejemplos de extremos que se tocan en el marco de la podredumbre moral que impera en el país sembrada desde el Poder.

Frente a un panorama así, la Unidad ha reaccionado apelando al único recurso que nos queda a los demócratas en una situación de máxima arbitrariedad y negación de los derechos ciudadanos. Activar la calle no sólo es válido, sino que a estas alturas es indispensable. Nunca debimos acomplejarnos, ni mucho menos repetir el discursito oficial que presenta la disidencia como conspiración y a la calle como sinónimo de violencia y disturbio. La calle es un escenario legítimo de las luchas democráticas.

La exigencia del respeto a nuestros derechos y la necesidad de destrancar el Revocatorio o cualquier otro mecanismo justifican una y mil veces el llamado a la movilización, más allá de las decenas de protestas que a diario la propia ciudadanía desarrolla por la gravosa falta de servicios, medicinas y alimentos que todos padecemos.

Ojalá logremos con la presión social de calle pacífica y constitucional hacer viable y oportuno el Referendo, antes de que sea tarde y la ira popular se apodere del país frente a tanto atropello, hambre y miseria. Esa sería una situación indeseable y su desenlace impredecible.

@CiprianoHeredia

cipriano.heredia@gmail.com

*Diputado por la MUD al Consejo Legislativo de Miranda y directivo del CPFC