El Amparo, Ayotzinapa y Tumeremo: sangre e hipocresía por Alejandro Armas

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“Tumeremo” es una palabra que quizás no expresaba nada para los caraqueños hasta hace dos semanas, excepto para los habitantes de la urbanización El Cafetal, donde una calle lleva ese nombre. Es una verdadera pena que de la noche a la mañana, hace dos semanas, el término se haya integrado al habla coloquial capitalina, y a la de toda Venezuela, con semejante carga negativa. Hay tantas, tantas cosas malas sobre Tumeremo que nos estremece hasta el fondo del alma a nosotros, los habitantes de la ciudad más sórdida del mundo.

Capital del municipio Sifontes, estado Bolívar, es una localidad de 50.000 personas, y un porcentaje alarmante de ellas vive de una actividad ilegal: la extracción irregular de minerales, sobre todo oro, en las minas cercanas. Este oficio daña el ambiente y perjudica la salud de quienes se dedican a él, debido al uso de mercurio para separar de impurezas el metal precioso.

¿Se les puede considerar por eso maleantes de la peor calaña? Antes de emitir un juicio al respecto cabe considerar que en Tumeremo hay pocas formas de ganarse la vida que permitan ingresos superiores al salario mínimo, a la vez que prácticamente todo es más caro que en Caracas. Pero apenas un gramo de oro se cotiza en Bs 30 mil, y en un buen día los mineros pueden obtener hasta cinco gramos.

Los que sí aparecen fácilmente retratados en el anuario del malandraje criollo son los que están al mando de estas operaciones. La falta de autoridades del Estado ha permitido que la extracción aurífera ilegal no solo se desarrolle, sino que además lo haga bajo el control de verdaderas mafias armadas que imponen su voluntad con un régimen de violencia y terror. No se limitan de dominar el comercio del metal y someter a los mineros a condiciones laborales de esclavo cuando les viene en gana. Tras copiar las prácticas de los “sindicatos” de Ciudad Guayana, su abanico de operaciones incluye extorsión, homicidios y, probablemente, la explotación de las mujeres que se prostituyen en las minas.

Todas estas desgracias salen a la luz por una todavía mayor: la masacre de un grupo de mineros como resultado del pleito entre dos de las bandas criminales. Hasta ahora el Ministerio Público ha hallado 17 cadáveres, pero persisten las denuncias de que los asesinados fueron 21, o hasta 28. La fiscal general no se explica que todavía haya personas que aseguren tener familiares entre las víctimas, sin formalizar el reclamo ante su despacho, a pesar de que el mismo mantiene un récord de más de 90% de homicidios impunes. La impotencia se combina con el terror, el pánico a recibir represalias por parte de los maleantes… o los cuerpos de seguridad. Algunos señalan a agentes del Cicpc de estar involucrados en la hecatombe. La desconfianza hacia este organismo es tal que los pobladores han exigido su retiro de la zona.

Al momento de encontrarse los primeros restos, si las expresiones de repudio al gobernador de Bolívar hubieran sido lluvia, la represa de Guri se habría rellenado en unos instantes y hundido el riesgo de colapso eléctrico. Esto se debe a que la primera reacción del mandatario regional, Francisco Rangel Gómez, al conocerse la tragedia más de una semana antes, fue negar de plano que hubiera habido cualquier masacre. En vez de jugar posición adelantada, pudo haber hecho un llamado a la calma y pedir a las autoridades nacionales de inmediato su colaboración en el esclarecimiento del suceso. Pero, no. Como la denuncia se canalizó primero por boca de un diputado a la Asamblea Nacional opositor, Rangel Gómez de inmediato la desestimó como “politiquería para generar zozobra”.

En los medios del Estado se hizo eco de inmediato a la versión del gobernador, y hablaron de una “masacre virtual”. Una cobertura curiosa, sobre todo si se la compara con la que hicieron de la desaparición de los 43 normalistas en la localidad mexicana de Ayotzinapa. En esa ocasión se hizo una furibunda crítica por el fracaso de las autoridades locales en garantizar los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Cabe recordar que por este caso, el gobernador del estado de Guerrero, donde ocurrió el horror, renunció al cabo de un mes. ¿Pudiera esperarse lo mismo de Rangel Gómez?

Sus correligionarios en el hemiciclo no ayudaron a enmendar las cosas. Cuando la MUD llevó al asunto al debate parlamentario, los diputados rojos se mostraron sobre todo irritados por lo que, a su juicio, fueron los intentos de la otra bancada por usar la desaparición de unas personas como campaña para acabar con los planes del Gobierno de explotar junto con empresas extranjeras las riquezas del llamado “arco minero”. Al parecer al oficialismo, que se proclama defensor a ultranza de los humildes y patriota frente a intereses foráneos, en realidad le importa más cómo piensen de él unas trasnacionales que el destino de unos empobrecidos trabajadores venezolanos.

Como el problema persistió, se hizo un cambio de estrategia. La periodista Laura Helena Castillo, de quien tengo el gusto de haber sido alumno, observó que si el Gobierno reconoció las muertes, es porque ya había decidido a quién culpar, de manera que su imagen se viera afectada lo menos posible. En vez de admitir el dominio hamponil en la zona, Maduro y el ministro González López apuntan a “paramilitares” colombianos que operan con fines políticos.

Tal vez sea cierto que el cabecilla de la banda responsable de la masacre es un ecuatoriano que en su juventud ingresó a las filas de irregulares de derecha en Colombia. Pero sus actividades en Venezuela sugieren un interés único en el lucro con oro, en vez de conspirar contra Maduro. Y si fuera cierto que comanda un grupo armado neogranadino con fines políticos, pues peor aún. Porque no estamos hablando de Guasdualito, ni de Machiques. Hablamos de la parte más oriental del estado Bolívar y del país, casi llegando al Esequibo. ¿Cómo permitió la FANB que estos “paracos” penetraran territorio venezolano hasta llegar al área más alejada de la frontera con la hermana República?

El pretexto oficial, si quita responsabilidades de acción, establece otras de omisión. Hay que insistir en el hecho de que van al menos 17 muertos. Obviando al “Carazazo”, ya es la segunda masacre más sanguinaria de nuestra historia contemporánea, y si se confirman al menos siete cadáveres más, superará a Cantaura (1982).

Sobrepasó por tres caídos la matanza de El Amparo, ocurrida en 1988 en el Alto Apure. Si su memoria está un poco cansada o perezosa hoy, le recuerdo que en aquella ocasión, un componente militar y policial, el infame Componente Específico José Antonio Páez (Cejap), asesinó a 14 pescadores. Los perpetradores quisieron hacer ver que atacaron a un grupo de guerrilleros colombianos, mentira grosera. Bien haya sido un error garrafal o algo mucho más siniestro (se ha hablado de la simulación de un combate para justificar la adquisición sobrefacturada de armas por los propios militares), el hecho llevó a una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos de Caldera y Chávez tuvieron que pagar indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

No obstante, la acción redentora de ahí no pasó, porque los responsables han permanecido en libertad. Una vez en el poder, el chavismo se comprometió a terminar de hacer justicia con una “Comisión de la Verdad” que investigue las violaciones de Derechos Humanos entre 1959 y 1999. Hasta ahora eso se ha quedado sobre todo en propaganda, y llama la atención la selectividad con la que las autoridades han procedido a señalar culpables. En el caso de El Amparo, las acusaciones contra el entonces jefe de operaciones de la Disip, Henry López Sisco, han estado a la orden del día. No ha sido igual con otro supuesto  involucrado, Ramón Rodríguez Chacín, hoy gobernador de Guárico. Y ojo, no se trata de defender a uno y acusar al otro, sino de llamar la atención sobre el peculiar criterio con el que se ha manejado el caso.

De todas formas, el chavismo se ha presentado siempre como la garantía de que masacres como aquella no se repetirán jamás. Pero siguen ocurriendo, y el empeño por no reconocer la negligencia del Estado es insólito. Pocas horas después de que se anunciara el descubrimiento de los cadáveres, Maduro se encadenó. Si uno no lo conociera, esperaría un breve y solemne mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas y compromiso por aprehender a los culpables. En vez de eso, el mandatario rio y bailó al ritmo de una jota oriental, nos dibujó un fantasioso presente de felicidad y abundancia (que, según él, solo los locos o los apátridas no divisan) y aseguró que Obama estaba “derrotado y fuera de Latinoamérica” (a pocos días de la histórica visita del estadounidense a Cuba, mientras Nicaragua redobla su compra de petróleo gringo ante una alicaída exportación venezolana). Como si no acabara de confirmarse una horripilante matazón que enlutó a todo el país. No, esas cosas no pueden afear la imagen de la patria en “revolución”.

Tumeremo da tantas razones para protestar, para exigir rectificación, para corregir errores. Los vecinos de esa calle en El Cafetal, terruño de la estereotípica doña opositora, podrían elevar el mismo grito que los del pueblito que le da nombre a su pavimento. Justificación no falta ante esta historia manchada de sangre e hipocresía.

@AAAD25

 

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