A partir del 5 de Marzo pasado, hay motivos para temer por la integridad de Américo De Grazia, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) adscrito a La Causa R, partido político de fuerte impronta en el Estado Bolívar. También, por la del precandidato a la Gobernación de Bolívar Andrés Velásquez y el alcalde del Municipio Sifontes, Carlos Chancellor; estos dos últimos corren mayores riesgos políticos por cuanto no están amparados por inmunidad parlamentaria, lo que les hace más susceptibles de trapisondas judiciales como las que ya conoció Chancellor.
Mientras el quebrado gobierno de Nicolás Maduro Moros, se dedicaba a la fatuidad de un evento “internacional” con la persistencia de “tírame algo” picoteando las últimas migajas exaltando al Comandante “Eterno”, De Grazia denunciaba la terrenal muerte por asesinato de más de 28 mineros residenciados en Tumeremo; hasta ahora, hay 17 con nombre y apellido.
La negativa de plano de este hecho abominable por el gobernador del estado, general Francisco Rangel Gómez, no solamente lleva implícita la negación del asesinato colectivo, sino el cinismo que permite la impunidad.
El General Cabilla tiene el tupé bien puesto: no solamente niega el asesinato colectivo porque “no se encontraron los cuerpos”, un argumento que satisfará a la incondicional fiscal Luisa Marvelia Ortega Díaz, sino que lo hace sabiendo que las víctimas fueron destrozadas con motosierra y cargadas en un camión de “El Topo” para ser trasladados hasta una mina controlada por “El Topo” y descargados en una fosa común.
Cuando ya se conocen los procedimientos, quizás separados, pero simbióticos, del General Cabilla y “El Topo”, hay motivos para temer por De Grazia, Velásquez, Chancellor, o cualquier otro ciudadano que ose encarárseles.
¡¡ Ah !! ¿Que quién es “El Topo”? Pues muy sencillo; un paramilitar colombiano jefe sanguinario de una banda de facinerosos; una de las tantas que tanto abundan en Venezuela con el seguro conocimiento y muy probable consentimiento de altas personalidades del gobierno. Eso lo sabe todo el mundo; lo sabe el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICIP); lo sabe el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ese mismo cuerpo represivo dedicado a destrozar la moral de los jóvenes presos políticos en “La Tumba”; lo sabe la Guardia Nacional Bolivariana, lo sabe el Ejército Nacional de Venezuela; lo saben el gobernador y funcionarios de la Gobernación de Bolívar,…
…. y lo sabe, ¿cómo no?, el G-2 cubano, inquilino insigne de Miraflores.
“El Topo” no es el único delincuente paramilitar colombiano que tiene minada la estabilidad de un país llamado Venezuela.
Testigos del desorden total que existe en el Sur de Venezuela son también el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, y la mayoría de la población indígena de ese estado, literalmente harta del vejamen autorizado por el Palacio de Miraflores a petición de los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de los hermanos Raúl y Fidel Castro Ruz, para facilitar el acuerdo de paz con un presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, feliz de que encuentren un aliviadero en Venezuela y ni se aparezcan más por su país.
Lo saben, sobre todo, los tres diputados indígenas de Amazonas, objeto de una mascarada del tribunal supremo de justicia (tsj), alcahuete y cómplice de las tropelías políticas del pupilo castrófilo sentado – ¿por cuánto tiempo más? – en Miraflores.
Funcionarios civiles, policiales y militares corruptos, paramilitares colombianos más seguros en Venezuela que en Colombia, oro, coltán, diamantes, minerales estratégicos, contrabando, mafias de acero y de lo que sea, usurpación de representatividad parlamentaria, diputados anulados, magistrados “chimbos”… Parecía que eso sería todo, pero no…
… Ahora viene un Arco Minero del Orinoco con flechas remojadas en curare.
Más allá del indecente memorándum de entendimiento con Gold Reserve Inc. que, guste o no a Maduro Moros, deberá ser sometido a aprobación de la Asamblea Nacional. A menos, claro está, de un nuevo, pero no sorprendente gesto de alcahuetería del tsj,
Basta la lectura somera del Decreto 2.248 del 24 de Febrero pasado por el cual se crea el fulano Arco, para darse cuenta de la consagración del mismo “régimen especial” para adquisición de bienes y servicios que sirvió de patrón a bolichicos y boligarcas en la “emergencia eléctrica”.
El decreto de creación del fulano Arco pretende minimizar derechos individuales en pro de los intereses de un proyecto de entrega del sur del país a compañías de todo pelaje. El fulano Arco ha sido una especie de “bulla” corporativa; según el propio Maduro, ya ha reunido a 150 compañías bullangueras para “invertir” en la zona ecológica más frágil de Venezuela.
En la presentación de resultados del tercer trimestre de 2015, es la misma Gold Reserve la que expresa su propia “duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha”; es decir, que una compañía en quiebra, aunque con perspectivas de ganar el pleito en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), resulta ser la gran salvadora.
La mayor parte de las compañías bullangueras son aún menos de fiar que Gold Reserve y no todas son extranjeras, precisamente. (VJLA-Sigla)
