No sé qué piensa usted, estimado lector, pero a mí ver a los voceros de la cúpula oficialista darse golpes de pecho desde el 6 de diciembre por la autonomía de los poderes públicos nacionales no me termina de convencer. Y por más apasionada que sea su verborrea, más me recuerdan a La Lupe aullando “es puro teatro”, y encima teatro del sobreactuado (no quiero que la comparación ofenda a los admirados maestros del arte sobre las tablas).
¿Por qué será? A lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que el cantar colorado era otro antes de que perdieran un poder del calibre de la Asamblea Nacional, cuando esta y las otras máximas instancias del Estado estaban arrodilladas ante los intereses del PSUV. Solo por poner un ejemplo, en 2009 la entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, una de las magistradas que menos disimulaba su inclinación por el proceso chavista, soltó esta perla: “No podemos seguir pensando en una separación de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado”.
De esta forma la juez desestimó más de 300 años de progreso en el desarrollo político de la democracia contemporánea, con el desprecio a uno de los principios de justicia más fundamentales. Ahora uno de sus supuestos nuevos paladines rojos, el diputado Edwin Rojas (PSUV, Sucre), lo defiende a capa y espada contra las pretensiones de sus colegas opositores mayoritarios, citando a Montesquieu y haciendo gala de su revolucionario dominio del francés frente a la, según él, preferencia reaccionaria de la bancada de la “derecha” por la lengua inglesa.
El diputado Rojas parecer olvidar que fue John Locke, anglosajón y uno de los padres del liberalismo, quien dio uno de los primeros pasos decisivos hacia la sacralización de la separación de poderes. Demostrada la necesidad del Estado por su compatriota Hobbes, Locke argumentó que ese Leviatán no podía reunir en una misma persona, o cuerpo de personas, las facultades de hacer las leyes y de hacerlas cumplir, puesto que eso haría del despotismo una amenaza constante. De ahí viene la noción de un poder legislativo y otro ejecutivo, autónomos el uno del otro.
Medio siglo después, Montesquieu desarrolló esta idea con mucha más profundidad, y añadió un tercer poder: el judicial, para interpretar las leyes. Basados en Locke y Montesquieu, entre otros, los fundadores de Estados Unidos como nación independiente fueron pioneros en dar a estas tres potencias rango de supremacía al mismo nivel legal, con la Constitución, un invento suyo. Luego la mayoría de las siguientes repúblicas emuló hasta cierto punto el modelo yanqui, otro dato que el diputado Rojas debería tener en cuenta.
Este fue el sistema vigente en Venezuela hasta 1999, cuando Chávez, para demostrar lo opuesto a la tiranía que era, agregó con la nueva Carta Magna dos poderes más a los tradicionales: el Ciudadano y el Electoral. Sin embargo, el finado comandante no tardó mucho en demostrar que sí quería más poderes, pero con sus encargados sometidos a sus órdenes.
Así, el primer fiscal general bajo el nuevo sistema fue Javier Elechiguerra, cuya lealtad Chávez debió pensar que estaba asegurada, dado su perfil de abogado defensor de los golpistas del 4 de febrero de 1992. No obstante, se llevó una rápida decepción, ya que Elechiguerra osó acusar de corrupción a uno de sus ministros (ni más ni menos que Luis Miquilena). Con apenas un año en el cargo, fue sustituido como fiscal por Isaías Rodríguez, una figura que demostró ser más confiable.
Luego vinieron más casos de traslados de funcionarios a la cabeza de poderes públicos, que se suponen deben ser independientes del Gobierno, a otros cargos en los que pueden dar rienda a suelta a su militancia política oficialista, o viceversa. Jorge Rodríguez pasó de ser presidente del CNE a vicepresidente de la República; Tarek William Saab, de gobernador chavista de Anzoátegui a defensor del pueblo; y Christian Zerpa, de diputado por el PSUV a la Asamblea Nacional a magistrado de la Sala Electoral del TSJ (es decir, votó por su propia designación).
La incomodidad que para el chavismo supone la separación de poderes tiene otra expresión: la adicción a las leyes habilitantes. Cabe realizar una breve explicación antes de proceder a este punto. Las habilitantes son leyes, aprobadas por la Asamblea Nacional, por las cuales ésta cede sus facultades legislativas al presidente por un tiempo. En otras palabras, el jefe de Estado puede hacer las leyes y ejecutarlas.
Ahora bien, ¿recuerdan lo que dijo Locke sobre reunir en una sola persona estos dos poderes? Para evitar ese peligro, se supone que las habilitantes son solo para emergencias (catástrofes naturales, invasiones extranjeras, etc.), situaciones que ameritan respuestas demasiado rápidas como para que se encargue la legislatura, debido al carácter deliberativo de la misma. Asimismo, las habilitantes deberían tener validez solo por unos cuantos meses, y un rango de acción limitado estrictamente a la coyuntura que se debe resolver. No es que el mandatario va a redactar leyes sobre lo que le da la gana.
Aunque los presidentes de la democracia civil venezolana usaron este recurso en reiteradas ocasiones, ninguno lo hizo con tanta frecuencia como Chávez o Maduro, ni las usó de una manera tan inadecuada. En sus 14 años de gobierno, el barinés obtuvo cuatro veces poderes legislativos, con los cuales aprobó o reformó 215 leyes, según un texto aparecido en el diario El Mundo en 2013. Maduro, en tres años, logró que le dieran dos, casi seguidos.
Varias de estas habilitantes tuvieron períodos excesivamente largos. El récord lo ostenta la tercera de Chávez, obtenida en 2007 por… ¡18 meses! Las de Maduro, además, fueron otorgadas por razones vagas, que un Parlamento autónomo jamás hubiera aceptado: la primera fue para “luchar contra la corrupción” (a pesar de que ya había amplia legislación en la materia) y la segunda, para “defender la patria contra el imperialismo”. Como era de esperarse, el presidente terminó en ambos casos legislando sobre cualquier cosa: economía, finanzas, estructura del Estado, etc.
Ese abuso de sus facultades legislativas fue una de las lecciones que le dejó a Maduro su “padre” político. Chávez pidió su última habilitante en 2010, para “atender las emergencias suscitadas en todo el país por las fuertes lluvias”, un argumento válido. Pero fue con esos mismos poderes que redactó la tan polémica Ley Orgánica del Trabajo. Esta es una instancia particularmente escandalosa. Como son tan amplias y afectan tantas cuestiones, las leyes orgánicas son las que más debate necesitan. Son aprobadas con una mayoría calificada de dos tercios. Por lo tanto, una legislación que debió entrar en vigor con el consentimiento de más de cien personas, lo hizo por la voluntad de una sola. Chávez debió tener sus asesores en ese momento, pero era él y solo él quien tenía la última palabra.
Vale la pena recordar que las leyes habilitantes existen desde la República Romana. El Senado le daba a un hombre facultades legislativas y ejecutivas para hacer frente a invasiones bárbaras, revueltas, terremotos o cualquier otra crisis por un breve período (seis meses ya era mucho). ¿No adivinan cuál era el término para el depositario de estos poderes? La respuesta es “dictador”. Cuando las instituciones de la república se corrompieron, se perdió la división de poderes y toda la autoridad se concentró en un dictador perpetuo, Julio César. Luego de los tumultos que siguieron al asesinato de este, su puesto evolucionó hasta convertirse en la figura del emperador. La república había muerto.
A última hora acontecimientos infelices forzaron un cambio en la conclusión de este texto. Como si de César se tratara, a Maduro le han otorgado una nueva habilitante. No lo hizo, desde luego, el nuevo Parlamento, sino la Sala Constitución del TSJ, que se atribuyó la capacidad de interpretar la Constitución y las leyes cómo le dé la gana y revirtió la decisión de la AN de dejar sin efecto el Decreto de Emergencia Económica de Maduro. Por su vaguedad y amplitud, el politólogo John Magdaleno tachó dicha proclama ejecutiva como una “habilitante soterrada”.
Esto constituye un terrible precedente. Un puñado de togas por lo visto piensa que su voluntad está por encima de la de más de siete millones de venezolanos. Un organismo no electo democráticamente siente que puede arrebatarle sus funciones a otro que sí lo es. A su vez, le traspasa todo ese poder concentrado a un presidente demostradamente impopular, y considerando las consecuencias para nuestra calidad de vida que ha supuesto la autoridad desbordada de ese individuo, no puedo sentir más que angustia. Me encantaría decir que veo una luz al final del túnel para nuestro maltratado país, pero por ahora solo hay tinieblas. Es como estar en un centro comercial después de las siete de la noche.
@AAAD25
