Hay cosas que es necesario recordar con frecuencia, para evitar caer en errores de costosos resultados. Y una de ellas es que las crisis económicas, por sí solas, no tumban gobiernos. Para que esto último ocurra, se necesita la conjunción de dos elementos: que la población perciba de manera inequívoca que el gobierno –y nadie más– es responsable de sus desgracias, y que además identifique una opción política creíble y alternativa a la cual arrimar sus afectos y apoyos.
El gobierno, conocedor de ambas cosas, ha preparado una estrategia que no tiene que ver para nada con la solución de la crisis sino con la asignación perceptual de responsabilidades sobre ella. Y la ha llamado pomposamente “Plan de emergencia económica nacional”.
Esta iniciativa ya fue anunciada en el primer encadenamiento nacional de radio y televisión de Maduro. (Por cierto, no deja de ser lamentable que mientras en el resto del mundo las cadenas se usen solo para amarrar a algunos animales, aquí se usen para los venezolanos). En la práctica, la declaratoria de emergencia económica no significa otra cosa que mayores dificultades para todo el que no sea gobierno de acceder a recursos que por derecho les corresponden, a disponer de divisas preferenciales, a que les sean reconocidas y honradas deudas a personas y empresas, y para exculpar al madurocabellismo de cumplir con las obligaciones básicas que se derivan de su condición de “todavía gobierno”.
Pero el papel principal de esta nueva excusa, pariente cercana de aquella payasada llamada “la guerra económica”, es fundamentalmente perceptivo y comunicacional. El gobierno aspira con este nuevo invento a responsabilizar a la Asamblea Nacional del inminente y seguro agravamiento de la crisis, bien sea porque ella no comparta o se oponga a las “medidas” oficialistas para supuestamente enfrentarla, o porque no deje gobernar al Ejecutivo, que tiene que estar todo el tiempo defendiéndose de los “ataques conspirativos” de la oposición. Lo cierto es que el juego político del gobierno en los próximos meses será hacer creer que la oposición es responsable de las penurias de los venezolanos, y confiar en que ella puede perder su apoyo popular gracias precisamente al empeoramiento de la crisis económica.
Frente a esto, nuestros diputados de la MUD tienen entre sus retos más prioritarios y urgentes el modelar para el país el tipo de gobierno que en la práctica significaría el cambio. ¿Y cómo lograr eso sin las facilidades y funciones que no tiene, porque son exclusivas del Ejecutivo? Pues, inundando al gobierno y al país de propuestas y proyectos en materia económica y social, novedosas, atrevidas y eficientes, que sean verdaderas alternativas para darle poder al pueblo, para destrabar la economía, para reducir el sufrimiento diario de los venezolanos y para revertir la expropiación de los derechos y bienes de los ciudadanos hacia unos pocos privilegiados.
Mientras más sensatas y orientadas hacia la gente sean estas propuestas, más las rechazará el oficialismo gobernante, preso como está de sus intereses ideológicos y mafiosos, lo cual aumentará su desprestigio popular. Al negarse a aceptarlas, y mucho menos llevarlas a la práctica, quedarán más en evidencia como los únicos responsables de la tragedia cotidiana que padecen los venezolanos.
Si nuestros diputados evitan inteligentemente caer en el juego de desgastarse peleando con el madurocabellismo decadente, y se dedican –como lo hicieron en la inolvidable y exitosa campaña electoral– a hablarle al país y a modelar frente a este el tipo de sociedad que propugna el modelo alternativo de la MUD, estaremos optando por la vía más rápida y más segura de lograr el tan ansiado y urgente cambio político a favor de los venezolanos más necesitados.
