Traiciones, sustracciones y conspiraciones por Antonio José Monagas

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La palabra “crisis” ha adquirido una connotación particular. Más, si su interpretación se hace desde Venezuela. Los problemas que azotan al país, trascienden cualquier concepto que involucre el referido término. La situación venezolana superó aquella acepción mediante la cual el término “crisis”, se considera como una manifestación de amenazas que, valiéndose de la incertidumbre, tiene la capacidad para generar cambios inesperados capaces de sembrar caos.

A decir por lo visto, revisado y analizado, Venezuela parece haber sucumbido a consecuencia de los súbitos y violentos cambios cuyos resultados han desacomodado y desarreglado no sólo la economía. Igual o peor, a la sociedad, sus instituciones, su sistema productivo, su esquema monetario y hasta los preceptos que ordena la Constitución Nacional. Todo se ha derrumbado sin que hasta ahora haya habido alguna actitud o disposición gubernamental que haya demostrado voluntad firme para convertir tan dramático desconcierto en la vía expedita capaz de zanjar tal cúmulo de contrariedades, desbarajustes y anomalías. Aparte de ver este escenario donde confluyen factores de riesgo, poco o nada se ha entendido como ámbito de oportunidades de crecimiento y desarrollo de cara a las exigencias que dicta la movilidad política, económica y social que pauta la convivencia democrática.

El caso Venezuela, además de constituirse en una referencia de lo que no debe ser en términos del ejercicio de la política, resulta ser la negación de importantes postulados de la teoría política. Sobre todo al entender que la situación que en sus terrenos se ha dado, revela un vulgar desconocimiento de los principios y valores sobre los cuales se fundamenta la práctica de un buen gobierno. Todo esto hace ver que en el país, los problemas ni se debaten ni se pugnan. Tampoco se encaran. Mucho menos, se toman decisiones conducentes a desenredar la madeja de cuya maraña se sustentan las implicaciones que ocurren a su interioridad.

Las decisiones adoptadas últimamente por el alto gobierno, a raíz de los resultados obtenidos por la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias del pasado 6-D, son muestras del terror judicial que viene sembrando. Después de haber sido derrotado electoralmente, el gobierno central se ha visto desubicado. El miedo tanto lo embargó, que se desmandó groseramente al disponer una serie de actos al margen de leyes y de la propia Carta Magna. En complicidad con un Tribunal de Justicia organizacionalmente remendado con fichas de sus propias filas político-partidistas, se dio a la tarea de revolver la estructura jurídico-legal sobre la cual descansa la concepción del Estado venezolano. Al menos, según la Constitución de la República.

No sólo han sido los casos de familiares presidenciales y de miembros de poderes nacionales comprometidos con el narcotráfico. Quizás es lo de menor cuantía política toda vez que deviene en un problema de índole penal. Lo más grave, se centra en las más recientes actuaciones del gobierno nacional. Especialmente, lo relacionado con la farsa aprobada el miércoles 23-D por la fracción oficialista en la Asamblea Nacional. Las ansias de poder que consume a funcionarios, adláteres, acólitos y aduladores, llevó al alto gobierno a saltarse la Constitución renovando “a la torera” los cuadros que integran el Tribunal Supremo de Justicia. Así, ha pretendido asegurar la estrategia de descomposición administrativa que viene procurándose en nombre de la revolución bolivariana y del obsoleto socialismo.

En contrario con el mandato del pueblo venezolano, pronunciado el 6-D, consintió igualmente algo tan estrambótico como aconstitucional e inconstitucional. Fue el llamado Parlamento Comunal lo cual no es otra cosa que un incipiente mascarón de proa que buscaría abrigar complicidades. Todo así, de persistir la antipolítica que incita el gobierno a seguir.

El otro desafuero o atropello contra el “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” que declara la Constitución, tiene que ver con lo que se ha circunscrito a lo que pudiera ser un  Golpe de Estado Judicial, colocándose al país al filo de una hecatombe. Casi como creer que el 6-D no sucedió nada en Venezuela. La nueva Sala Electoral del enrarecido TSJ, extrañamente diligente, admitió un recurso contencioso-administrativo contra la elección de tres diputados opositores y uno de las filas del oficialismo. Todos representantes del estado Amazonas. Además, fue dictada una incongruente medida cautelar de amparo a fin de suspender los efectos de dichos comicios. A pesar de darse tal arbitrariedad, no existe jurisprudencia en el país que avale tan despótica decisión. De manera que ello no debe ser óbice para que se estrene una Asamblea Nacional con una mayoría calificada que garantice un inminente cambio de rumbo del país. Venezuela se resiste a seguir siendo conducida por decisiones elaboradas a consecuencia del zarandeo que resulta por causa de traiciones, sustracciones y conspiraciones.

 

“Todo poder mal concebido y peor ejercido, es una traición permanente a la dignidad de un gobierno electo por el pueblo. Pero también es una conspiración contra el ejercicio de la democracia que se plantea toda nación”

@AJMonagas

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