En todos los países los ciudadanos que ocupan cargos importantes, sea en el sector público o privado, renuncian por varias razones. Algunas loables, como la estar en desacuerdo con determinadas políticas de su empleador o por comprobar que este viola principios y valores e incluso por percatarse de que por ineptitud propia han cometido errores graves. Otros renuncian por razones justificadas como es recibir una mejor oferta de condiciones de trabajo, cambio de actividad o por enfermedad. Algunos son obligados a renunciar porque el empleador es un autócrata que solo quiere contar con incondicionales o porque detecta hechos punibles que pueden ir desde apropiación indebida hasta acoso sexual, pasando por decisiones equivocadas que afectan el patrimonio público o privado.
En Venezuela se produjo un hecho inédito con la decisión de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de renunciar un año antes de que se les venza el período para el cual fueron designados, por cierto mediante una elección que violó los procedimientos legales. Los 13 magistrados renuncian para acogerse a una jugosa jubilación, pero no por querer disfrutar del derecho al descanso, sino para hacerle un último favor a un régimen que les permitió alcanzar cargos inmerecidos.
Los rojos están conscientes de que perderán la mayoría de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, por lo que pretenden designar en el período actual a otros 13 incondicionales. El régimen totalitario no puede correr el riesgo de que en el TSJ existan magistrados independientes que no acaten las arbitrarias órdenes de Miraflores.
Quienes escriban la historia de este período oscuro que estamos viviendo tendrán que ser implacables en el juicio sobre la responsabilidad que le corresponde a determinados grupos por el apoyo irrestricto a un régimen que viola todos los derechos de los venezolanos. Si bien el difunto, el presidente de facto, sus ministros, diputados, concejales y gobernadores tienen una gran responsabilidad en los hechos acaecidos, son los jueces permisivos los principales responsables de las arbitrariedades cometidas.
En su momento los jueces de diferentes instancias y los Magistrados del TSJ tendrán que responder por la impunidad de los asesinatos políticos, por las torturas, presos políticos y exiliados, casos de corrupción no sancionados y violaciones a la propiedad privada. Al aceptar jubilarse prematuramente para hacerle un último favor al régimen en retribución a favores recibidos, los magistrados incurren en un hecho inédito y bochornoso. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! ¡ A votar el 6D para derrotar al totalitarismo!
eddiearamirez@hotmail.com
