Aquel 18 de febrero del 2014, día en que Leopoldo López, fiel a su condición democrática y de líder indiscutible del país, decidió entregarse al mismísimo Presidente de la Asamblea Nacional Disdado Cabello y a la guardia nacional en un multitudinario acto en la ciudad de Caracas, no pensó, o al menos no lo tenía muy claro el gran calvario que en ese momento comenzaba para su familia, sus amigos, sus seguidores y el mismo.

La sentencia dictada el 10 de septiembre de 2015 por el Tribunal 28 de juicio del Área Metropolitana de Caracas que condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión a Leopoldo López junto los jóvenes Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González, también condenados a 10 y 4 años respectivamente, en un juicio donde las denuncias por torturas, obstáculos al debido proceso y el derecho a la defensa fueron desestimadas, inclusive no se les permitió a sus defensores promover pruebas en todo el proceso, una clara demostración de la manipulación que desde las altas esferas del poder se hace a los miembros del poder judicial en una evidente demostración de falta de independencia de nuestros jueces.

Leopoldo López fue condenado por el supuesto delito de asociación para delinquir, instigación pública, daños e incendio, delitos previstos en la legislación penal venezolana, por lo que cumplirá su pena en la prisión militar de Ramo Verde. La Jueza de la causa dictó su decisión por los sucesos ocurridos durante la marcha convocada por sectores de oposición y estudiantes el pasado 12 de febrero de 2014. Por su parte, Christian Holdack, fue condenado por los delitos de daños e incendio, instigación pública y agavillamiento; y Demian Martín García y Ángel de Jesús González por el delito de instigación pública.

Recientemente un grupo de 20 organizaciones no gubernamentales suscribimos un comunicado público donde entre otras cosas se decía: “La mayoría de las decisiones dictadas por los tribunales del país siguen favoreciendo las posiciones gubernamentales en detrimento de la obligación de decidir con justicia y de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de derechos humanos. La actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano para criminalizar y judicializar el ejercicio de derechos constitucionales, se produce en un contexto de debilidad institucional y ausencia de independencia de los poderes públicos, que obstaculizan el derecho a la justicia de las y los ciudadanos que acuden al sistema judicial para reclamar la restitución de derechos lesionados. En el 91,65% de los casos en que los ciudadanos interpusieron pretensiones contra el Estado venezolano durante 2014, las solicitudes fueron declaradas sin lugar o no hubo pronunciamiento alguno por parte de los Tribunales y el TSJ, favoreciendo con ello los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente también se pronunció respecto, en la sentencia de Leopoldo López y otros e igualmente señalo: “En este sentido, la CIDH recuerda al Estado venezolano que tanto el Poder Judicial como los y las jueces deben gozar de las garantías suficientes de independencia en la administración de la justicia – tales como la estabilidad laboral, el ejercicio libre de sus funciones, la seguridad y la protección – para no ser sometidos a abusos o restricciones indebidas, por parte de otros poderes o instituciones del Estado. Al respecto, la CIDH resalta que tanto el debido proceso como la independencia judicial son garantías judiciales indispensables, que se ponen a prueba en procesos contra opositores políticos, como en este caso”.

Han sido 20 meses de injusticias, violaciones a los derechos humanos, maltratos de todo tipo, torturas que lo catalogan sin duda alguna como un preso político, reconocido inclusive por gente cercana al gobierno, es claro que Leopoldo está sufriendo una injusta prisión por pensar diferente y por su inquebrantable lucha para el rescate de la democracia, demostrando su valentía y amor por Venezuela.

La sentencia de Leopoldo López no solo lo condeno a él, aunque todos sabemos de su inocencia, a quien verdaderamente se condenó y juzgo fue a la justicia venezolana es una clara prueba del uso de la justicia venezolana para criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales.

Quiero finalizar con una frase del reconocido jurista uruguayo Eduardo J Couture “El día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá reposar tranquilo…”, lamentablemente los venezolanos no podemos reposar tranquilos.

 

@cnietopalma

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El Nacional